Por Catalina Roig

Desde Belém, Brasil

El rol que tiene la agroindustria y sus alternativas fueron temas de enorme relevancia durante estas dos semanas en la COP30. En Brasil, cerca del 75 por ciento de las emisiones totales son causadas por dos sectores: el sistema agropecuario y el cambio de uso de suelo y deforestación; mientras que en la Argentina el sector agropecuario es el segundo mayor emisor con el 37 por ciento del total. Sin embargo, desde la organización oficial de la cumbre se promovieron espacios como la Agrizone, patrocinado por la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) y con la participación de empresas como Syngenta, Nestlé y Bayer, que buscan presentar soluciones “sustentables” desde el agro brasilero. Esto generó grandes críticas desde distintos espacios, que los acusaron de fomentar falsas soluciones.

A diferencia de la organización oficial, en la Cumbre de los Pueblos (Cúpula do Povos) se organizaron charlas y acciones para discutir y pensar de qué manera el sistema alimentario actual es también responsable de la crisis climática. Participaron más de mil organizaciones sociales y ambientales de decenas de países

Una de las acciones más relevantes fue la exposición de un envase inflable para agroquímicos de doce metros para concientizar sobre la devastación que produce en los territorios el uso de sustancias tóxicas altamente peligrosas. La acción fue realizada por la International Pesticide Standard Alliance (IPSA), una organización global que busca prohibir este tipo de sustancias.

“Existe un colonialismo químico que permite que los países que producen y controlan la exportación de agrotóxicos, protejan a su propia población prohibiendo esas sustancias en su territorio, mientras continúan exportando esas sustancias a América Latina: entre las diez sustancias más vendidas en Brasil, siete son prohibidas en territorio europeo”, explicó Larissa Bombardi, directora científica de IPSA y profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de São Paulo (Brasil). “La Unión Europea controla un tercio de las ventas mundiales de agrotóxicos cuya producción necesita una intensiva utilización de combustibles fósiles”, precisa.

Bombardi se encuentra exiliada en Bélgica desde el 2021 debido a las amenazas que recibió tras la publicación “Geografía del uso de plaguicidas en Brasil y sus conexiones con la Unión Europea”. Luego de la difusión en inglés de este informe, que revela que los alimentos brasileros contienen presencia de residuos de plaguicidas, algunos mercados europeos dejaron de importar estos alimentos lo que damnificó al agronegocio.

“Hay 119 principios activos y 300 productos que se comercializan en Brasil que ya están prohibidos en la Unión Europea” afirmó Renato Roseno, diputado estadual por Ceará (nordeste del país).

“Brasil es considerado el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo. Eso genera problemas muy graves, para el ambiente y salud: más de 10.000 intoxicaciones por año registradas, sumadas a la de todas las personas que son afectadas y no tienen un diagnósticos adecuado de la contaminación”, contó Alan Tygel, miembro de la Campaña Contra los Agrotóxicos y por la Vida.

El “Atlas de los agrotóxicos”, una iniciativa liderada por la Fundación Heinrich Böll, muestra que además de ser el principal importador de agrotóxicos del mundo, en especial para los cultivos de soja, maíz y algodón, también es uno de los mayores consumidores a nivel mundial. La ley brasilera permite concentraciones hasta 5000 veces más altas que en la Unión Europea de estos químicos en las aguas y los alimentos.

“Campesinos, comunidades indígenas, quilombolas son los más afectados”, cuenta Tygel y explica que el contacto diario con agrotóxicos, por los residuos en el agua y en los alimentos, pueden generar cáncer, dolencias crónicas, problemas de salud reproductiva, abortos espontáneos y malformaciones en niñeces, entre otros problemas relacionados con los agrotóxicos.

Acuerdo Unión Europea Mercosur

Las lógicas del sistema agropecuario actual también afectan profundamente a los campesinos en Europa. Jean Mathieu Thevenot es campesino y productor de hortaliza orgánica, plántulas y semillas en el País Vasco. Desde el Sindicato Confederación Paysanne, que es parte de a red internacional de Vía Campesina en Francia, denunció los efectos que el nuevo pacto de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur tendrá tanto en las familias campesinas latinoamericanas como europeas.

“En Europa el problema principal son las importaciones a bajo precio”, afirma Thevenot y explica que esto es debido a las laxas normativas sociales y ambientales que permiten una producción “a un coste mental y social muy alto pero a un costo económico muy bajo”. “Esos productos están exportados hacia Europa, y para los campesinos es una competencia terrible, no se pueden competir con esos precios, lo que está destruyendo la vida de miles de familias campesinas”, afirmó.

También sabemos este acuerdo tendrá enormes impactos en Latinoamérica: “La apertura del mercado europeo va a aumentar la producción de productos industriales agrícolas, aumentar la cantidad de tierras que se usaran para soja y maíz transgénico, lo que generará que aumente el impacto de uso de químicos”, explicó Thevenot y agregó que la segunda parte del acuerdo prevé bajar las tasas de exportación de los pesticidas fabricados en la UE, los mismos que están prohibidos por el peligro que suponen para el ambiente y la salud.

El uso de los drones como arma química

Durante los días 13 y 14 de noviembre se celebró el Tribunal de los Pueblos contra el Ecogenocidio, que reunió a diferentes denuncias de distintas formas de violencia ambiental en los territorios para realizar un acto simbólico y político de denuncia frente al Ministerio Público Federal (MPF).

El caso de Maranhao, un estado del nordeste brasileño donde las comunidades denuncian que son fumigadas con agroquímicos, es uno de los más representativos de los daños que genera el agronegocio en las poblaciones locales. “Hay más de 200 comunidades que están siendo afectadas, que cuentan cómo los drones también están siendo usados para realizar ataques sobre ellos”, contó Marcelo Montenegro, coordinador del área de Justicia Socioambiental de la Fundación Heinrich Böll de Brasil.

Tygel, de la Campaña Contra los Agrotóxicos y por la Vida, explicó que los terratenientes utilizan los drones como herramienta de intimidación y expulsión de las comunidades tradicionales de sus territorios para ocupar esas tierras y avanzar en la frontera agrícola. Más del 90 por ciento de las denuncias por contaminación por agrotóxicos en Maranhao son debido al uso de drones.

Otro caso emblemático es el del Estado de Ceará, que hasta el año pasado era el único de Brasil que prohibía la pulverización aérea, por una ley estadual (que sería el equivalente de una ley provincial en Argentina), de la que Roseno fue autor. Sin embargo, una nueva ley estadual apoyada por el Gobernador habilitó la pulverización aérea con drones. Es por esto que la comunidad lanzó hace poco una campaña en donde se entregó una carta al gobernador del Estado, Elmano de Freitas, denunciando los impactos que está teniendo los agrotóxicos en la salud de las personas.

La distancia mínima permitida para la pulverización con drones es de 20 metros de asentamientos, ciudades, poblaciones animales y fuentes de agua, menor a la distancia permitida para los aviones al ser considerados herramientas más precisas. Sin embargo, no existen estudios que verifiquen sobre los riesgos de fumigar a esa distancia con drones.

Pensar las alternativas: la agroecología como práctica de resistencia

Desde la Campaña Contra los Agrotóxicos y por la Vida también buscan incentivar las alternativas que engloban la segunda parte de su nombre. “Ya existe otro modelo de agricultura, en todos los biomas se ven ejemplos de campesinos produciendo de forma ecológica, alimentando a su familia, vendiendo en programas de alimentación escolar, con industrialización de su producción y reproducción de semillas criollas”, detalló y afirmó que, aunque las alternativas existen, es necesario cambiar el paradigma para incentivar a la agroecología, no solo como un modo de producción de alimentos, sino también “de vida saludable en el campo para quien produce y para quien consume esos alimentos”.

“La alimentación no puede ser un valor de cambio sino que hay que generar un pacto civilizatorio que la coloque en el centro de las preocupaciones”, afirmó Bombardi y explicó que “así la gente va a caminar hacia la agroecología, hacia la reforma agraria y hacia la producción local”.

El evento final de la Cumbre de los Pueblos también fue un mensaje político sobre cómo se concibe la soberanía alimentaria desde los movimientos y organizaciones sociales: se organizó un gran banquete (“Banquetaço”) en la Praça da República en la ciudad de Belém. Durante el evento se convidó a las personas diferentes alimentos para promover la cocina colectiva y la producción de alimentos agroecológicos.

La Cumbre generó un espacio para denunciar las violencias y las desigualdades que genera la producción agroalimentaria pero también para generar acciones y prácticas que permitan incentivar un modelo de alimentación justa, sana y soberana.

*Edición: Darío Aranda.