Por Mariana Schmidt
Desde Anta, Salta
Salta, provincia líder en tasas de deforestación de bosques nativos y en la ampliación de la frontera agropecuaria hacia el norte argentino, no es ajena a las movilizaciones que buscan poner el foco en la dimensión destructiva de cuerpos-territorios en manos del agronegocio. En la localidad de Apolinario Saravia, departamento de Anta, se desarrolló el cierre del Encuentro Debate Socioambiental del NOA. Se trata de unas jornadas en las que confluyeron arte y activismo ambiental, organizadas por Vecinos Autoconvocados por el Medio Ambiente.
Las actividades comenzaron el 22 de noviembre con una serie de charlas, ferias y talleres que fueron itinerando entre las principales localidades del departamento provincial: Joaquín V. González, General Pizarro, Las Lajitas y Apolinario Saravia. En cada una de estas sedes, un grupo de artistas pertenecientes al Centro Cultural EncontrArte de la localidad Libertador General San Martín, en la vecina provincia de Jujuy, realizaron murales alusivos a los desmontes, la pérdida de biodiversidad y las enfermedades causadas por la exposición directa e indirecta a las pulverizaciones. El cierre de las jornadas fueron el 3 de diciembre, en un nuevo Día Mundial de Lucha contra los Agrotóxicos.
Radiografía del agronegocio en Anta
Anta es el epicentro del agronegocio en Salta salteño, con grandes empresas agropecuarias, aceiteras, semilleras y agroquímicas emplazadas en su territorio: Cresud SA, Inversora Juramento, Anta del Dorado, Aceitera General Deheza, La Moraleja, Agrolajitas SA, Bunge y LIAG, por citar las principales. Desde la década de 1970, en el Chaco seco de este departamento se perdieron 879.191 hectáreas de bosques nativos (el 42,3 por ciento de la deforestación total provincial para esa ecorregión y el 40 por ciento de la superficie departamental).
La aprobación en Argentina del primer organismo vegetal genéticamente modificado en el año 1996 (la soja tolerante al glifosato) supuso un fuerte impulso al avance de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, y desde entonces la superficie sembrada en Anta aumentó en un 138,5 por ciento. Al día de hoy, el 41,6 por ciento de los cultivos sembrados en Salta se encuentran en Anta, y de las 513.080 hectáreas implantadas en la campaña 2020/21, el 66,5 por ciento corresponden a soja y maíz.
Si bien la consolidación de este modelo agroextractivo se argumentó desde organismos gubernamentales y sectores productivos como una oportunidad sin precedentes para el desarrollo regional, tres décadas más tarde las estadísticas revelan que la distribución de los beneficios y riesgos dista de ser equitativa. Mientras la producción anteña supera el 1.700.000 toneladas, sus principales empresas del agro cotizan en mercados financieros y las exportaciones de productos primarios desde la provincia de Salta en 2020 alcanzaron un total de 667 millones de dólares (el 79 por ciento comprendido por exportaciones de maíz, legumbres y soja), los hogares del departamento presentan altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (27,8 por ciento), falta de acceso a servicios de agua y saneamiento (85,6 por ciento y 33 por ciento respectivamente), la tasa de analfabetismo duplica al total provincial (6,2 por ciento) y la tasa de mortalidad infantil en la localidad de Las Lajitas para el año 2018 alcanzó el 17,7 por ciento.
Basta recorrer las rutas departamentales para encontrarse con amplias extensiones de superficies cultivadas y fumigadas, grandes predios con silos y extensiones interminables de silobolsas para el almacenamiento de granos, plantas procesadoras junto con otras infraestructuras destinadas a garantizar la salida de los commodities.
En particular, la rehabilitación operativa del ramal C18 del Ferrocarril Belgrano Cargas es celebrada por el abaratamiento de los costos de flete hacia los puertos de exportación, cuya ejecución se encuentra comprendida en la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) con una inversión total de 252 millones de dólares, con financiamiento del gobierno chino.
Este despliegue de infraestructura “para el desarrollo” transcurre a la vera de pueblos que apenas cuentan con asfalto en algunas de sus calles, sufren inundaciones en la época estival, cuentan con escasos establecimientos educativos y de salud, y cuyas poblaciones son raramente empleadas en estos emprendimientos productivos (y en el caso de hacerlo, abundan las situaciones de informalidad y estacionalidad).
Por un mundo libre de venenos
La jornada del viernes 3 de diciembre abrió con la exposición de Sofía Cardozo y María del Carmen Seveso, ambas integrantes de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, de Chaco. Sofía contó la tarea del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA y la experiencia "No¨Oxonec - Algodón de Frontera", producido en sistemas agroecológicos por familias originarias y criollas. Luego, Seveso, reconocida médica de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, presentó los principales lineamientos de su reciente libro “Resistiendo al modelo agrobiotecnológico. Para evitar la complicidad de las víctimas”.
A partir de su experiencia profesional, narró las transformaciones en los modos de enfermar y morir en las localidades sojeras de Chaco, advirtiendo acerca de los principales efectos del glifosato y otros agrotóxicos en la salud (disrupciones endocrinas, trastornos reproductivos y carcinogénesis, entre otros). A la luz de su relato, la realidad sanitaria de las poblaciones salteñas no dejó de hacerse escuchar: autismo, labio leporino, epilepsias, cáncer, discapacidades y malformaciones congénitas, fueron las principales mencionadas en los testimonios de los asistentes.
Delitos ambientales y derechos humanos
Tras un almuerzo compartido, fue el turno de Antonio Gustavo Gómez, abogado penalista y Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Su exposición versó en torno a los delitos ambientales, a los cuales definió como todo hecho de contaminación al ambiente por encima de los niveles permitidos por las leyes.
A partir de allí, se detuvo en las principales normas vigentes en la materia, para destacar la necesidad del trabajo conjunto y coordinado entre las organizaciones sociales, colectivos ambientales y la acción judicial para lograr resultados positivos. Gabriel López, intendente de la Reserva Nacional General Pizarro, destacó la movilización social ocurrida en la región a mediados de la década de 2000 para la protección del área natural, que había sido sometida a un proceso de desafectación y venta. Por su parte, Carlos Pagano, filósofo de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), disertó sobre derechos humanos, de la naturaleza e interculturalidad en el contexto extractivista del agronegocio en Salta. Recuperó las palabras expresadas de Juan de Dios López, perteneciente al Pueblo Wichí de la zona de Tartagal, para destacar que “somos una sociedad en la tierra, en el cielo, del cielo a la tierra, las dos cosas, somos no diferentes, somos iguales”.
A pesar de ese vínculo indisoluble entre naturaleza y humanidad, el ecogenocidio se expresa en lo cotidiano en estos territorios y poblaciones, en “cómo nos están matando a nosotros y cómo sobrevivimos nosotros y también cómo apenas nos podemos extender que nos tenemos que defender por derechos”.
En el ultimo bloque, Cristian Venencia, ingeniero en recursos naturales de la UNSA expuso los resultados de la investigación sobre inversiones en tierra, cambio de uso del suelo y conflictos socio-ambientales en el Chaco salteño llevada adelante en el Grupo de Estudios e Investigaciones Socio-Ambientales (Geisa) perteneciente al Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (Inenco), en el marco de la iniciativa Land Matrix.
Se identificaron 120 grandes transacciones de tierras desde el año 2000, que comprenden más de 1.600.000 hectáreas en manos de inversores como Cresud, Quebracho Colorado y Olmedo Agropecuaria.
En gran medida estos emprendimientos entran en conflicto con poblaciones originarias y criollas que habitan históricamente los territorios. Esto pone en alerta respecto de las dilaciones en la revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos provincial (Ley 7543/2008), a la luz de la continuidad de los desmontes en zonas categorizadas en los máximos niveles de protección ambiental.
Para finalizar, se presentaron los principales hallazgos de investigaciones colectivas realizadas en el marco del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), con el objetivo de comprender la construcción social y política de los riesgos ambientales y sanitarios en torno al uso extendido de agroquímicos en la provincia de Salta. Se confirma que estos escenarios de riesgo ambiental y sanitario se retroalimentan con injusticias y violencias estructurales de larga duración: problemas de tenencia de la tierra, críticos indicadores de pobreza y déficit alimentario, falta de acceso a servicios de salud e infraestructura de agua y saneamiento, ausencia de controles institucionales y de mecanismos de participación y denuncia, baja asignación de recursos humanos y materiales para el monitoreo y cumplimiento de las normas vigentes, y negación de la problemática por parte de autoridades competentes y sectores hegemónicos de la política, la ciencia y la producción.
Activismo ambiental, arte y ciencia digna
La presentación y moderación de la jornada estuvo a cargo de Eric Zamora, uno de los principales impulsores del encuentro y habitante de la pequeña localidad de Río del Valle, donde se instaló la gigante Aceitera General Deheza. Lleva años denunciando las irregularidades y envenenamientos perpetrados por el agronegocio en Salta, y ha sido reiteradamente amenazado y deslegitimado por los sectores concentrados de la política y la producción local.
El evento contó también con la participación del Intendente y autoridades municipales, estudiantes del nivel secundario, vecinos y vecinas de localidades y departamentos cercanos e integrantes de organizaciones sociales locales.
Al finalizar, se realizó una marcha (con participación de militantes locales pertenecientes al Movimiento Territorial Liberación y a la Corriente Clasista y Combativa) cuyo recorrido atravesó los cuatro murales realizados en Apolinario Saravia y culminó en el anfiteatro municipal, donde se llevó a cabo un festival artístico.
El sábado 4 de diciembre los y las muralistas y expositores realizaron una visita conjunta a la Reserva Nacional General Pizarro, acompañados por guardaparques locales. La lucha por su defensa constituyó un antecedente fundamental para visibilizar el avance de la frontera agropecuaria en la región chaqueña e impulsar el debate y sanción de la Ley Nacional 26331/2007 de bosques nativos.
De las 28.000 hectáreas originales, hoy solo quedan 8000 hectáreas bajo conservación, que representan un sector de transición entre las Yungas y el bosque chaqueño, con ambientes del Chaco Serrano y el Chaco Seco de llanura, además de un sector de selva basal yungueña. Un nodo de vida entre desmontes, campos de cultivo y fumigaciones.
Desde inicios de este siglo, el persistente problema de la tierra y la deforestación de amplias superficies de bosques nativos fueron el principal móvil a partir del cual las demandas territoriales y ambientales tomaron estado público en Salta y llegaron a ser objeto de debates. En estos días, los riesgos asociados al uso de agrotóxicos son un debate pendiente y urgente, y este primer Encuentro debate Socioambiental del NOA tiene la potencialidad de constituirse en su puntapié inicial. Entretanto, las paredes de los pueblos fumigados del departamento de Anta seguirán perpetuando el clamor por el “no a los desmontes” y por que “paren de fumigarnos”.
La copla frente al agronegocio en Salta
La pachamama sonríe
mirando toda esta gente
Unidas por un motivo
luchando por el ambiente
Charlas, murales, debates
el pueblo ya se levanta
De corazón les decimos
gracias en nombre de Anta
Empresas y gobernantes
que de pueblos abusaron
Queremos de vuelta el monte
y a la gente que mataron
(Soledad Rojas, guardaparques y coplera de General Pizarro)
