Por Mariángeles Guerrero y Ana Victoria Domínguez Britos

El bombardeo de Estados Unidos a Caracas del 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro es síntoma de un nuevo proceso colonizador que el gobierno de Donald Trump lleva adelante sobre la región. En Argentina lo observamos con acuerdos para avanzar en el control de ríos y en zonas portuarias e incluso a la intervención en las últimas elecciones legislativas. Esta nueva embestida se produce contra el principal territorio petrolero sudamericano, heredero de un proyecto político que, desde fines de los años 90, discutió abiertamente la idea de América Latina como "patio trasero" de Estados Unidos. Frente a una intervención militar, que recuerda a la invasión de Panamá en 1989, y el declarado interés del presidente Trump por quedarse con el petróleo venezolano, se abren las incógnitas sobre el futuro de los bienes comunes en la región.

Tras lo ocurrido en Caracas, que tuvo como saldo cien muertes de militares y civiles, La Vía Campesina condenó enérgicamente la agresión militar de Estados Unidos. “Reafirmamos el derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su orientación política sin intervención extranjera, y denunciamos las repetidas violaciones del derecho internacional y la injerencia de las potencias imperialistas en la vida democrática de nuestros pueblos”, sostuvieron.

“La intervención de Estados Unidos golpea enormemente al campesinado venezolano, que es quien sostiene la comida en la mesa. Cuando llega el imperialismo, viene detrás el despojo y el negocio: militarización del territorio, criminalización de las organizaciones rurales, avance del extractivismo y control corporativo de semillas y alimentos – lo cual conduce a un aumento del sufrimiento y la migración del campesinado”, agregaron.

Y concluyeron: “Para el campesinado de toda América Latina y el Caribe, esta agresión es una advertencia: si pueden hacerlo en Venezuela, intentarán hacerlo en cualquier país que se niegue a obedecer”. También rechazaron el bloqueo, las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales.

Gabriel Gil es campesino, agrónomo e integrante de la organización Pueblo a Pueblo y del Movimiento Semillas del Pueblo, de Venezuela. En diálogo con Tierra Viva, expresa: “Hacemos un llamado de alerta al mundo, porque si cae Venezuela, caen todos los países de América Latina. Vamos a estar a merced de un país súper hegemónico al que no le importa la vida de la gente, sino extraer los recursos a sangre y fuego”.

Sobre los hechos recientes, desde Venezuela, Gil reflexiona: “Secuestraron al presidente Maduro porque, al igual que el presidente Hugo Chávez, se negó a entregar las riquezas a Estados Unidos a precio de gallinas flacas”.  Y añade: “Estados Unidos estuvo 22 años financiando a la oposición para que destruyera este país y asumiera el poder. Pero lo hizo de manera solapada. Los empresarios venezolanos, apoyados por los Estados Unidos, convirtieron los alimentos en armas de guerra contra el pueblo; los escondieron, los monopolizaron y aumentaron los precios para que la población pase hambre en 2003 y en 2017”.

Para él, otra razón de la intervención es que Venezuela se ha catalogado como un país que va rumbo al socialismo. “No hemos logrado implementar propuestas socialistas que sean sustentables, pero tenemos que ir hacia eso: tener soberanía sobre nuestros recursos y paralizar el extractivismo. Necesitamos volver a la política del presidente Chávez de transición ecológica de nuestros sistemas alimentarios”, sostiene.

Desde Argentina, el Movimiento Campesino Indígena Somos Tierra, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT) y la Federación Rural por la Producción y el Arraigo, también manifestaron su solidaridad con Venezuela y repudiaron el ataque estadounidense. "Reafirmamos que América Latina y el Caribe deben ser una Zona de Paz, libre de injerencias extranjeras y amenazas militares. Desde el campo que alimenta expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y convocamos a fortalecer la denuncia y la solidaridad internacionalista", sostuvo la Mesa Agroalimentaria Argentina.

Por el momento, la Casa Blanca concentró sus intereses en cooptar el petróleo venezolano. En ese sentido, desde el Grupo de Trabajo de Energía y Desarrollo Sostenible del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) cuestionaron que, en un contexto de crisis climática global, se vuelve a colocar a los combustibles fósiles, y al petróleo en particular, como justificación de intervención, militarización y desposesión. "Esta racionalidad bloquea caminos soberanos de transformación productiva y energética, y normaliza que la fuerza militar puede ser un instrumento legítimo para reordenar gobiernos y economías", advirtió el grupo académico.

La soberanía como límite jurídico para el petróleo venezolano

En el plano del derecho internacional, no existe un mecanismo que habilite a un Estado a apropiarse de los recursos naturales de otro a través de anuncios unilaterales, sanciones o intervenciones directas. La Resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1962, consagra el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales como un derecho inalienable. Son los Estados los únicos y legítimos dueños de los recursos ubicados dentro de su territorio.  

“El principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales se ve alterado durante una invasión o intervención armada”, explica Cristian Fernández, director del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Se trata de un derecho intransferible del Estado que es coartado por la intervención, en abierta contradicción con el derecho internacional. El invasor no adquiere soberanía sobre esos recursos”, subraya.  La Carta de las Naciones Unidas prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. 

Gustavo Coronel, ex directivo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), señaló que la intención de Estados Unidos de obtener entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo es un acto de rapiña contra los intereses de la población venezolana. El 7 de enero, la empresa comunicó que está negociando “un acuerdo” con el país del norte, similar al ya existente con la empresa Chevrón, la única petrolera habilitada a operar en el país caribeño pese a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos y otros países.

Fernández sostiene: “No perdamos de vista que la Convención de Viena, que regula el derecho de los Tratados, establece que es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Este viernes, el canciller venezolano, Yván Gil, informó que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, al mismo tiempo que condenaba la "agresión ilegítima e ilegal" contra el territorio venezolano, ordenó "iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países".

Medidas coercitivas y bloqueo

Pero la intromisión en la política y en los bienes comunes de Venezuela no comenzó el 3 de enero, ni durante 2025 cuando los buques de guerra de la Armada estadounidense comenzaron a merodear las costas del país. Las “Medidas Coercitivas Unilaterales” (MCU) son medidas, principalmente económicas y comerciales, adoptadas por un Estado, fuera del auspicio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), para obligar a un cambio de política a otro Estado. Son actos de injerencia que vulneran la soberanía y la libre determinación de los pueblos.

Desde la elección de Chávez como presidente, Estados Unidos (bajo la presidencia de George Bush) definió hacia Venezuela una política de “cambio de régimen”, bajo la consideración de que el modelo político y de desarrollo socioeconómico impulsado por el gobierno —con propuestas nacionalistas de soberanía, independencia y justicia social—constituían una amenaza para la región.

En 2014, el Congreso estadounidense aprobó la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela” y, en 2015, la Orden Ejecutiva 13692 (o “Decreto Obama”). Ambas designaron a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE. UU”.  Con ese marco legal se empezaron a dictar, en 2019, medidas punitivas contra individuos, propiedades y/o activos relacionados con el gobierno venezolano. Estas acciones fueron implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que depende del Tesoro estadounidense.

Donald Trump expresó en reiteradas ocasiones que la forma más expedita para levantar las MCU, era a través de la entrega de la presidencia por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a un gobierno que su país considere "electo democráticamente". En ese marco se dio el conflicto con el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y la Unión Europea entre 2021 y 2023.

Estados Unidos impuso 64 medidas; la Unión Europea cuatro; Canadá, dos; Reino Unido, dos; Suiza una y Panamá una. Así prohibieron cualquier transacción, adquisición o comercio de armamento militar y equipos tecnológicos destinados para la vigilancia de las telecomunicaciones e internet por parte del país caribeño. También impidieron al país comprar bonos de deuda, el movimiento de fletes, transacciones financieras y la compra de insumos y diluyentes para la gasolina, entre otros.

EE.UU también impuso medidas contra Petróleos de Venezuela (PDVSA), contra 43 de sus buques, dos aviones, 109 empresas privadas y públicas, entre ellas el Banco Central de Venezuela, titular de las reservas internacionales venezolanas y máxima autoridad monetaria. A raíz de las medidas unilaterales y de bloqueo, de una renta petrolera anual de más de 70.000 millones de dólares, el país llegó a percibir 1.000 millones de dólares en el gobierno de Maduro.

El bloqueo impidió la llegada de bienes esenciales a Venezuela, no solo aquellos que provienen de Estados Unidos, sino de cualquier otro país proveedor bajo su esfera de influencia. Venezuela importa la mayoría de los medicamentos: el 34 por ciento se los compraba a Estados Unidos, el 7 por ciento a España y 5 por ciento a Italia. En cuanto a los alimentos, el 45 por ciento de las importaciones provenían de Estados Unidos y Canadá, países que aplicaron las sanciones.

Según información del Tesoro estadounidense, el 31 de diciembre se bloqueó a los buques petroleros que operan en el comercio de petróleo venezolano. Este viernes, el Senado de Estados Unidos aprobó (por 52 votos a favor y 47 en contra) una moción que respalda los límites a los poderes de guerra presidenciales. Pide, además, la retirada de las fuerzas estadounidenses de las acciones que involucran a Venezuela.

Gustavo Jiménez Herrera es parte del Movimiento Popular Revolucionario Argimiro Gabaldón y del sector campesino del PSUV. Es agricultor y vive en Río Claro, departamento Lara. Sobre la intromisión estadounidense, asegura que “es un planteo que Estados Unidos hace desde hace mucho tiempo para incursionar en nuestro territorio y ejercer su política hegemónica de capitalismo y neoliberalismo”.

Como trabajador de la tierra, asegura que el bloqueo económico impuestos por Estados Unidos todos estos años ha impactado al sector en la falta de financiamiento, de acceso a maquinarias, a la gasolina y a obras en los caminos. “Todavía se pierde mucha cosecha por la falta de gasolina o de transporte para movilizarla”, comenta.

Recursos densos, intereses profundos 

Más allá de los motivos oficiales esgrimidos para la invasión de Estados Unidos a Venezuela (la supuesta existencia del Cártel de los Soles, luego desmentida), Trump dejó claro su interés por controlar los recursos petroleros venezolanos con el argumento de “revitalizar la industria” petrolera de ese país. El 4 de enero aseguró, en conferencia de prensa: “Nuestras compañías petroleras entrarán a Venezuela a invertir billones, reparar las infraestructuras dañadas y obtener ganancias”.

La mayor parte de las reservas de petróleo venezolanas corresponden a un crudo pesado y con alto contenido de azufre, conocido como "Merey", concentrado principalmente en la Faja del río Orinoco. Se trata de un petróleo denso y oscuro, muy distinto de los líquidos livianos que dominan la producción en Estados Unidos. Según la revista Forbes, extraerlo es más costoso que producir crudo ligero, pues su transporte requiere de diluyentes y su refinación demanda refinerías complejas. 

Para un sector de la infraestructura industrial estadounidense, sin embargo, este es exactamente el tipo de crudo para el cual sus plantas fueron diseñadas. Durante décadas, refinerías incorporaron unidades de coquización (proceso que descompone los elementos más pesados del crudo) y otros sistemas capaces de procesar las fracciones más pesadas y viscosas del "Merey".  

Aunque es cierto que Estados Unidos produce cada vez más petróleo —según datos oficiales y de acuerdo a la política de "a perforar, bebé, a perforar" que anticipó Trump en su asunción—, ese crecimiento se explica casi exclusivamente por crudos livianos. Y para parte de las refinerías estadounidenses, operar exclusivamente con petróleo ligero implica una pérdida de eficiencia. Restringe, además, la obtención de derivados como diésel, asfalto y combustibles industriales.

“Estados Unidos no tiene un problema de falta de petróleo; ya se autoabastece. El interés en Venezuela no pasa por cubrir un déficit energético, sino por capturar valor. Ese crudo Estados Unidos lo termina comprando a un precio menor, porque es un crudo que en el mercado no vale tanto como el crudo liviano”, explica Ariel Slipak, director de Investigación de FARN.

Gil denuncia: “Se quieren llevar el petróleo por la fuerza, como se lo llevaron pero de forma más solapada a través de las pseudo democracias que nos gobernaron durante más de 60 años”. E indica que, aún cuando Venezuela es un país petrolero, el control informático y tecnológico de esa industria lo detentan corporaciones europeas y norteamericanas del petróleo como Shell, Repsol y Chevrón. 

Slipak advierte que la intervención estadounidense es una medida fuertemente geopolítica y económica. Explica: “Tanto con el bloqueo como con la intervención, se reduce la oferta de hidrocarburos a otros países, en concreto Cuba, lo que termina actuando como una presión: es una medida antiinflacionaria para Estados Unidos y una medida inflacionaria para Cuba porque se genera escasez”.

Para el economista, además, “no es tan importante el aumento inmediato de la oferta”, ya que “un precio en economía no lo determina solo la oferta y la demanda, sino el precio esperado, el precio futuro”. En ese sentido, sostiene que la invasión busca generar una expectativa de que, a mediano plazo, Venezuela pueda aumentar la oferta global, lo que impacta en el precio futuro y, por ende, en el precio vigente. El objetivo final, concluye, es “contener el precio del barril para que baje el precio de la nafta o el galón en Estados Unidos”.

La intervención estadounidense desde una mirada campesina

Gil vive en el estado de Lara (centro de Venezuela) y pertenece a la organización Pueblo a Pueblo y al Movimiento Semillas del Pueblo. En 2015, Semillas del Pueblo logró la aprobación de una Ley de Semillas antipatentes y antitransgénicos. En cuanto a Pueblo a Pueblo, organiza a las comunidades rurales y a las organizaciones populares urbanas para la distribución de alimentos sin intermediarios especuladores. Para ellos, la comercialización a precio justo es en sí una dimensión agroecológica. El colectivo está conformado por entre 255 y 300 familias agricultoras, que distribuyen 100 toneladas de alimentos mensuales en las escuelas del centro y centro-occidental del país, llegando a 288.000 estudiantes.

La otra dimensión agroecológica es el rescate de las tierras de latifundio. “La agroecología no se construye desde Jardines del Edén que están ahí disponibles para que transformes la realidad. No: tienes que rescatar y luchar por la tierra, que fue despojada desde la época de la colonia al campesinado venezolano”, afirma. Asegura que la política agraria que llevaron a cabo Hugo Chávez y Maduro hoy está en riesgo. Señala que estar en el gobierno es tener una arista del poder, el político, pero que el poder económico sigue siendo muy poderoso y tiene sus injerencias".

La concentración de la tierra en el país caribeño comenzó desde la colonia. En 1966, la Ley de Migración y de Colonización habilitó además la entrega de tierras a extranjeros, sobre todo europeos, en desmedro de los campesinos locales. La norma permitió que en las zonas llanas, con mejor acceso al agua y con maquinaria financiada por el gobierno, se asentaran los colonos. Esa política fue en desmedro del campesinado local y la tierra finalmente devino en territorio de monocultivos, principalmente de caña. Gil resume: “Contra eso se enfrentó la Revolución Bolivariana".

Desde las décadas del 60 y del 70, los sistemas alimentarios venezolanos tomaron los preceptos de la llamada “Revolución Verde”. Antes del gobierno de Chávez —quien ganó las elecciones en 1998— había consorcios empresariales nacionales vinculados a firmas extranjeras que poseían grandes extensiones de tierra con monocultivo, sobre todo de caña. 

En 2001, el gobierno sancionó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que estableció la expropiación de grandes superficies ociosas. En 2005, Chávez declaró la "Guerra conta el latifundio". Mediante decretos, varias haciendas fueron establecidas como de "propiedad pública", por ejemplo una filial del grupo Británico Vestey: la empresa del agronegocio Agropecuaria Flora (Agroflora).

Gil expresa que, entre 2001 y 2012, hubo un proceso de rescate de más de 6.000.000 hectáreas, con una gran cantidad de familias que entraron a esas tierras. Un 40 por ciento de esas familias comenzó a estructurar, con el apoyo del gobierno, una red nacional de laboratorios de bioinsumos y de biofertilizantes. Desde el Instituto de Desarrollo y Apoyo Rural se iniciaron políticas como mejorar los sistemas de riego y proveer de maquinaria adaptada a los cultivos diversificados. 

“Esas tierras están bajo el control del Estado, pero hoy hay una intencionalidad de algunas personas en el gobierno de devolverlas a los antiguos latifundistas y revertir la política agraria de Venezuela”, asegura. Resalta un dato que se repite en otros países de Sudamérica: el campesinado y el movimiento indígena producen más del 70 por ciento de los productos vegetales y animales del país.

Agrega: "Los intereses particulares de algunos funcionarios quieren otra vez llevarnos hacia el esquema de la agricultura comercial contaminante a gran escala, entregando tierras al agronegocio latifundista transnacional. Eso sería catastrófico para nosotros, porque no solamente pasaremos de ser un país victimizado por el extractivismo petrolero, sino también por el extractivismo agrícola, que es quizás mucho más pernicioso que el extractivismo petrolero, porque nos deja sin tierras productivas. Produce commodities contaminados y transgénicos, para el agrodiesel o para alimentos concentrados para animales".

Comparte que, además de la intromisión externa, también es un desafío resolver las contradicciones internas respecto a la política agraria. Y grafica: “Con el comandante Chávez y con el presidente Maduro íbamos hacia una propuesta de soberanía alimentaria, de agricultura indocampesina que revalorizara los sabores, los colores, los conocimientos, las sensaciones, los sentimientos asociados a la cultura conuquera”. El "conuco" es la chacra venezolana. Allí, señala, no sólo hay relaciones mercantiles, sino también “relaciones socialistas de protección a la naturaleza, de intercambio de experiencias, saberes y comidas”.