Pobreza en aumento, pandemia y crisis alimentaria. El rol de los gobiernos, las empresas y las organizaciones sociales. El derecho a la tierra, la agricultura familiar y la soberanía alimentaria. Son algunos de los aspectos que aborda el libro “Post, cómo luchamos (y a veces perdimos) por nuestros derechos en pandemia”, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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La agricultura familiar reclama participar del Consejo Directivo del INTA
El campo que produce alimentos reclama tener voz y voto en el órgano estatal que define los lineamientos de la política de investigación y extensión en materia agropecuaria. "La agricultura familiar no está representada y eso conforma una discriminación", sostienen.
Seis meses sin Juan Carlos “Cheta” González, campesino asesinado en Tucumán
El productor tucumano fue acribillado por el policía retirado Carlos Flores, en el marco de un conflicto territorial. La familia señala irregularidades en el cumplimiento de la condena. Los derechos campesinos que el Poder Judicial no hace cumplir y el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra que el Congreso Nacional aún no debate.
Desde Chubut: “La producción de la meseta podría abastecer con alimentos desde la Cordillera al mar”
Una productora chubutense explica cómo, en vez de megaminería, se podría generar soberanía y justicia alimentaria aprovechando “un valle sumamente fértil por el suelo, por su cercanía al río y por la posición solar”.
Mil rondas de agricultoras por el derecho a decidir
Mujeres campesinas se organizan para vivir libres de violencias machistas. Ante la legalización del aborto recuperan los debates sobre maternidad, educación sexual y anticoncepción en un contexto de políticas públicas insuficientes.
Selecciones |01, 2026
Alerta en defensa de los glaciares: Milei y gobernadores quieren entregar el agua a las multinacionales mineras
Con un proyecto de ley a medida de las empresas mineras internacionales, el Presidente y los gobernadores cordilleranos impulsan el desguace de la Ley de Glaciares. De aprobarse, cada gobierno provincial decidirá qué reservorio de agua se puede destruir para beneficiar al extractivismo. Especialistas afirman que la norma será inconstitucional y habrá judicialización. Rechazo unánime de organizaciones socioambientales, movimientos campesinos, pueblos indígenas y académicos que defienden el agua.