Un conjunto de organizaciones políticas, gremiales y socioambientales consideraron que el DNU del Gobierno con el que recupera, por un año, el control sobre el dragado, balizamiento y cobro de peaje es la respuesta a “un extraordinario reclamo popular”. Sin embargo, rechazan que se deje abierta la puerta a una nueva licitación privada y advierten que resta debatir la emergencia ambiental del cauce y las extraordinarias ganancias del modelo agroexportador.
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La Corte Suprema deberá abordar la contaminación con agrotóxicos y la Hidrovía Paraná-Paraguay
La procuradora Laura Mercedes Monti dictaminó la competencia del máximo tribunal para que éste aborde el derecho al agua potable, frente a la contaminación del modelo agroindustrial, y también intervenga respecto a la concesión de la Hidrovía desde una perspectiva del río como ámbito natural y no solo como un canal comercial. En un hecho inédito, también habilitó a que se revaliden las autorizaciones de todos los agrotóxicos que se utilizan en el país.
Hidrovía: las poblaciones que no son escuchadas y los impactos que no se ven
El Gobierno abrió un nuevo proceso licitatorio para el mayor curso navegable exportador del país (la Hidrovía Paraguay-Paraná). No se contemplan las consecuencias socioambientales ni se abrió la participación a las poblaciones afectadas.
Hidrovía: organizaciones ambientales presentaron una contrapropuesta ante el consejo federal
La Asociación de Abogados Ambientalistas participó de la apertura del Consejo Federal Hidrovía y aportó un documento crítico sobre la "visión sesgada" de la licitación de la cuenca del Paraná, como un simple canal para la exportación de commodities, y pidieron llevar la discusión al Comité de Cuenca del Río Paraná.
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Selecciones |09, 2024
Campaña No al RIGI: "Decimos sí a la vida, sí a vivir en un ambiente sano, sí al trabajo regional"
Mientras gobiernos provinciales avanzan con la adhesión el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), desde organizaciones socioambientales, asambleas, sindicatos y pueblos indígenas plantean que, luego de tres décadas de extractivismo, sobran las pruebas para rechazar el saqueo de los territorios. "El RIGI es inconstitucional y habrá alta conflictividad", advierten.