Por Carolina Zambrano

En el noroccidente de Ecuador, en las provincias de Pichincha e Imbabura, quienes han habitado por décadas esas zonas de montaña corren peligro de ser desplazados por una nueva estrategia de negocio y acaparamiento de tierras: la especulación en los mercados globales de carbono. Un sistema financiero, avalado por Estados y organismos internacionales, en el que empresas contaminantes prometen compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero con proyectos que absorban o remuevan carbono.

Las campesinas y campesinos de Selva Alegre, Quichinche y San José de Minas denuncian a la empresa Rainforest Ecuador por pretender apropiarse de más de 9.000 hectáreas, habitadas por más de 200 familias, que migraron a esas tierras hace aproximadamente cien años y cuentan con títulos de propiedad reconocidos por las administraciones gubernamentales con cabecera en las ciudades de Otavalo y Quito.

Este trabajo fotográfico retrata a los comuneros y comuneras afectadas por el caso Rainforest. Muestra su relación de interdependencia con el territorio y desenmascara las lógicas binarias moderno-occidentales desde donde también se pretende proteger al ambiente.

El caso Rainforest Ec pone en evidencia un entramado de corrupción que dio como resultado una escritura fraudulenta, que involucra a funcionarios del Estado y empresarios a lo largo de los años. En 2005 “A través de manipulación de inspecciones judiciales, corrupción de peritos, notarios y registradores de la propiedad, UCPEIN S.A. inscribió una escritura fraudulenta ‘ampliatoria y aclaratoria’ que modifica enormemente la extensión de una propiedad, pasando esta de aproximadamente 100 hectáreas a 9.190 hectáreas”, denuncian desde Fundación Aldea, organización que acompaña a las familias campesinas, sobre el trasfondo del conflicto.

La compañía Rainforest Ecuador “compró” en 2020 los títulos de tierra a la firma UCPEIN S.A, a pesar de ser advertida sobre el conflicto que ya mantenía con las familias campesinas por, al menos, 162 predios. Por esos territorios que pretenden ser quitados a las comunidades, el Estado ecuatoriano ya había pagado más de 150.000 dólares del Programa Socio Bosque (PSB) entre 2009-2014 a la empresa UCPEIN S.A.

Desde la adquisición de las falsas escrituras, Rainforest inició una campaña de criminalización, acusando a las familias comuneras de ‘invasoras’ y ‘secuestradoras’, persiguiendo a las personas defensoras de las comunidades e impulsando el desprestigio a las familias campesinas que reclaman: “Escuchen a las comunidades”, “Protejan los derechos campesinos de la tierra”, “Alto al negocio en nuestra tierra”.

Fotos: Carolina Zambrano