Por Darío Aranda*
Viviana Peralta, ama de casa, mamá de Ailén, se organizó junto a sus vecinos del humilde barrio Urquiza (localidad de San Jorge, provincia de Santa Fe) y presentó en marzo de 2009 un recurso de amparo ante el Poder Judicial. El Juzgado Civil le dio la razón a Viviana y a sus vecinos. Prohibió fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de las viviendas (si el método utilizado era terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión era mediante avionetas). En diciembre de 2009, segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial volvió a darle la razón y solicitó al gobierno provincial y a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que demuestren que los agroquímicos no eran perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tuvieran que demostrar las afecciones en la salud, pero el Poder Judicial resolvió que serían los impulsores del modelo de agronegocio quienes tendrían que demostrar la inocuidad de los químicos.
Ni empresas ni gobiernos pudieron demostrar que los plaguicidas no afectaban la salud. Tuvieron que dejar de fumigar en esa zona y Ailén no volvió a enfermar.
La localidad de San Jorge forma parte de la codiciada Pampa Húmeda, donde el modelo agropecuario de cultivos transgénicos rara vez era cuestionado.
San Jorge no es un caso aislado. En Argentina hay una decena de fallos judiciales que frenaron fumigaciones y alertaron sobre los efectos en la salud. Pero compañías, funcionarios, productores y medios de comunicación repiten una excusa: "No hay pruebas". Aunque en Argentina hay más de 200 estudios de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agrotóxicos. Muchos de ellos sobre el glifosato (el más utilizado), pero también sobre atrazina, endosulfán y 2-4D, entre otros. Lo que nos recuerda que el problema no es un agroquímico, el problema es el modelo de agronegocio, en base a transgénicos y venenos.
Para los que aún niegan la realidad, alcanza con visitar los cientos de pueblos sacrificados por el agronegocio. Avia Terai y La Leonesa (Chaco), San Salvador (Entre Ríos), Barrio Ituzaingó y Monte Maíz (Córdoba), son sólo algunos de la larga lista.
También pueden conocer la experiencia de Malvinas Argentinas (Córdoba), que durante cuatro años luchó para que no se instale la mayor planta de maíz transgénico de Monsanto. No creyeron en las promesas de trabajos ni en el supuesto cuidado del ambiente que publicitada la compañía. Nunca Monsanto fue echada de una localidad. Pero la población de Córdoba logró lo que parecía imposible. Los vecinos sabían (y saben) que Monsanto (ahora en manos de la alemana Bayer) es un emblema del modelo de agronegocio, que tiene amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.
Andrés Carrasco (científico que investigó los efectos del glifosato, y le valió una enorme campaña de desprestigio) afirmaba: "Yo sólo confirmé lo que madres, campesinos e indígenas denuncian desde hace años. La verdad no está en un laboratorio, la verdad se encuentra en los centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”.
Esa verdad es la que Pablo Piovano capturó con su cámara. Imágenes que reflejan el experimento masivo, a cielo abierto, que implica el modelo transgénico.
* Texto que acompaña el libro “El costo humano de los agrotóxicos".
Pablo E. Piovano es es fotógrafo documental. Ganador del premio Manuel Rivera Ortiz, Philip Jones Griffiths Award, Nannen Preis y del 6x6 Talent of World Press Photo South America.
