La COP2 de Escazú en Buenos Aires busca poner en marcha el acuerdo regional
abril 19, 2023
El encuentro de la diplomacia ambiental COP2 busca implementar un mecanismo internacional que promueva el acceso a la justicia ambiental. También se hará hincapié en la protección de defensoras y defensores del ambiente ante la violencia que sufren por defender el territorio. Activistas de Argentina destacan la necesidad de mejorar el acceso a la participación ciudadana.
COP01 acuerdo Escazú, antes del segundo encuentro en Buenos Aires

OPINIÓN

Por Melanie Alfonso y Micol Cortés (*)

Argentina será la sede de la COP2 del Acuerdo Escazú y tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires este 19, 20 y 21 de abril. ¿De qué se trata este evento y por qué es importante conocer este mecanismo internacional? Aquí, la información que se necesita para entenderlo.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional, de América Latina y el Caribe, que versa sobre el ambiente y el primero en el mundo en incluir a los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y suscripto por 24 países el 27 de septiembre de ese año. Luego fue ratificado luego por otros doce países, entre ellos Argentina, donde entró en vigencia el 22 de abril de 2021

Los ejes principales del Acuerdo se centran en garantizar el derecho a la información, al acceso a la justicia y a la participación ciudadana en asuntos ambientales en toda la región; entendidos estos derechos como derechos humanos.

Se trata de un instrumento que obliga a los países que lo conforman a cooperar para su cumplimiento, a crear infraestructura institucional de apoyo y a otorgar herramientas para formular políticas públicas y tomas de decisiones con participación de la sociedad civil.

En el prólogo del Acuerdo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, definió: “Es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza”.

Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó que “la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son también cruciales para el desarrollo sostenible”. Añadió que en el Acuerdo se reconocen esta interrelación e interdependencia, lo que convierte este primer tratado regional de la Cepal en un “instrumento invaluable para lograr la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Es de suma relevancia destacar que el acuerdo visibiliza la dificultad regional que atraviesan los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y se establecen obligaciones para proteger sus derechos. 

Según el informe Global Analysis de Front Line Defenders, en 2020 fueron asesinadas 331 personas defensoras de los derechos humanos en el mundo. El 69 por ciento de ellas trabajaba en la defensa de la tierra, el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. América Latina es la región más peligrosa para defensores y defensoras ambientales, ya que es donde se han registrado 264 asesinatos, además de agresiones e intimidaciones.

Marcha ciudadana por la ley de humedales
Foto: Eduardo Bodiño / Greenpeace

¿Qué es una COP?

Se abrevia COP a las Conferencias de las Partes. Se trata de cumbres anuales que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas. En este caso, se está ante la segunda COP del Acuerdo de Escazú, el principal órgano de decisión en el marco de este instrumento internacional. Aquí pueden consultarse los eventos que desarrollarán en este marco.

La primera COP se realizó en Santiago de Chile en abril de 2022. Allí asistieron doce países de América Latina y el Caribe(entre ellos Argentina) y se aprobaron las Reglas de Funcionamiento de la Conferencia de las Partes (COP) y del Comité de Aplicación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Esta Conferencia cuenta con una instancia de participación para organizaciones de la sociedad civil, que se denomina “el público”. 

En la COP1 se aprobó la conformación de un grupo de expertos independientes de los países, que serán quienes tendrán a su cargo observar el cumplimiento de las medidas que el acuerdo dispone. En el marco del Acuerdo, toda persona puede presentar peticiones sobre el posible incumplimiento de lo establecido en él. La primera conferencia resolvió además conformar un grupo de trabajo para comenzar a analizar de inmediato medidas de protección efectiva para las personas defensoras del ambiente.

Andrés Nápoli, abogado magíster en Derecho Ambiental y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y representante electo del público en esa ocasión, recordó la necesidad de que el Acuerdo de Escazú se ratifique en los 33 países de la región. “Esperemos que eso se vaya dando con el paso del tiempo para que defensores y defensoras ambientales tengan un resguardo, una garantía para el ejercicio de sus actividades en una región que lamentablemente cuenta con el récord de muertes de personas que llevan a cabo esta labor”, afirmó.

COP01 acuerdo Escazú, antes del segundo encuentro en Buenos Aires
Foto: Cepal

Una COP extraordinaria, ¿qué significa?

Las Conferencias de las Partes de Escazú se celebran cada dos años. Sin embargo, en esta oportunidad —sólo un año después de la primera— el propósito es trabajar en asuntos específicos. Las autoridades y representantes de los países que forman parte de este acuerdo definirán a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento que, como su nombre lo indica, será el espacio que dará vida al Acuerdo de Escazú de manera continua. Durante este proceso se postularon 48 candidatos iniciales de los cuales quedaron diez. Se deben elegir, finalmente, siete. El candidato por Argentina es Andrés Nápoli.

De cara a esta segunda conferencia, Nápoli señaló que “en Argentina no se cumplen los derechos de acceso a la información pública que plantea el Acuerdo, lo que se evidencia en las audiencias públicas, donde hay deficiencias para poder participar y en donde no todas las voces son escuchadas”. En ese sentido, la implementación de Escazú aparece como una oportunidad para revertir esas falencias.

“Hay más de 80 organismos que tienen competencias ambientales y que dependen del estado nacional. Argentina se debe un proceso de implementación para cambiar viejas prácticas y mecanismos que no cumplen con lo que plantea el Acuerdo. El camino a recorrer es largo, pero esperamos que este proceso este rápidamente puesto sobre la mesa”, remarcó Nápoli.

En el evento que se desarrollará esta semana en Buenos Aires se tratarán los planes de acción de las personas defensoras y las inversiones financieras de los países que implementan el acuerdo. También se dará la bienvenida a los nuevos Estados parte: Belice, Granada y Chile.

COP02 acuerdo Escazú, antes del segundo encuentro en Buenos Aires
Foto: Nicolas Pousthomis

¿Quiénes son los Representantes del Público?

Los Representantes del Público del Acuerdo de Escazú tienen como objetivo fomentar y facilitar la participación del público y representarlo ante la COP, la Mesa Directiva, el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC) y otros órganos subsidiarios y reuniones del Acuerdo. Además, tienen como tarea  realizar consultas con el público en general a través del Mecanismo Público Regional.

También tienen la tarea llevar a cabo de manera permanente la difusión de información sobre el Acuerdo y sus órganos, para poder conectar con la mayor diversidad de actores e intereses posible para incorporar sus visiones y propuestas en las deliberaciones y decisiones. Esto es crucial a la hora de preparar documentos, declaraciones, propuestas de texto, mensajes, estrategias de incidencia, intervenciones, respuestas, discursos y comunicados de prensa que reflejen las posiciones sobre temas específicos del Acuerdo.

En esta COP, por Argentina participará Mijael Kaufman, abogado y militante ambientalista. Explicó que, en materia de grupos de trabajo de personas defensoras, se trabajará en el plan de acción para la implementación del Acuerdo. “Esto no se va a cerrar en esta COP, se va a seguir trabajando en el Foro de Defensores que se realizará probablemente en Panamá en septiembre. La decisión final se tomará el año que viene en la COP3”, puntualizó.

Respecto a la situación de las personas defensoras en Argentina, respondió que el país no es el más peligroso de la región si se lo compara con Colombia, Perú, Brasil o Ecuador. “En la Amazonía la situación es gravísima en materia de asesinato de defensores”, graficó. No obstante, enfatizó: “En Argentina por más que los asesinatos de las personas defensoras no sean tantos como en otros países, se violan a cada rato sus derechos y garantías. Se las amenaza, se las persigue, se les enjuicia arbitrariamente. Si les preguntamos a distintos defensores y defensoras, muchísimos de ellos seguramente habrán vivido o están viviendo procesos totalmente arbitrarios en el plano judicial”.

Logo COP2 Buenos Aires

¿Por qué es importante seguir de cerca la COP en Buenos Aires?

Esta COP es una herramienta crucial para difundir y democratizar las herramientas que el Acuerdo de Escazú tiene para ofrecer, no sólo para trabajar los objetivos del acuerdo a nivel nacional, sino también en clave regional. Históricamente, estos espacios de discusión internacional-regional fueron terreno exclusivo de países negociadores protectores de los intereses dentro de sus fronteras, dejando poco espacio, voz y voto a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores. Gracias a los esfuerzos de éstas últimas, que fueron protagonistas en la celebración de este Acuerdo, es que debemos velar por su participación activa y la del público en general. De esta manera se mantiene vivo el espíritu del Acuerdo para hacer valer el derecho a la participación en la toma de decisiones sobre aspectos que nos involucran y alzar la voz para que el intercambio de experiencias sea lo más diverso posible.

Luchar por un ambiente sano no puede ser una tarea que acarree un riesgo de vida para activistas, defensores de derechos humanos ambientales, pueblos indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad. Para velar por ello también es necesario seguir de cerca las negociaciones y decisiones que se tomen para garantizar esa seguridad que se ausenta en nuestra región. Las herramientas que este tratado nos garantiza hay que aprender a utilizarlas y hacerlas trascender a lo largo y a lo ancho de nuestro país para, de este modo, poder construir una justicia climática con justicia social.

(*) Integrantes de Consciente Colectivo

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