Por Mariángeles Guerrero

Desde San Pablo

¿Qué tienen en común la reivindicación de alimentos ancestrales en el oeste de Estados Unidos y la lucha por los derechos de las mujeres pescadoras en Indonesia? La puesta en común de saberes locales con investigaciones académicas significa, en distintos países, la posibilidad de empoderar a las comunidades, revalorizar sus conocimientos y generar acciones de incidencia política para mejorar sus condiciones de vida. Esa es la apuesta de la iniciativa Investigación Participativa en Agroecología (IPA Global), impulsada por Agroecology Fund, que busca fortalecer, mediante subvenciones, a espacios multisectoriales formados por organizaciones campesinas, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, personas del ámbito académico y redes de justicia climática que trabajen en la investigación-acción participativa para mejorar los sistemas alimentarios en los diversos continentes.

Organizaciones de 16 países se reunieron a fines de 2025 en la Primera Reunión Internacional sobre Investigación-Acción Participativa para la Agroecología y la Incidencia Climática, de IPA Global. El evento fue organizado por Agroecology Fund y se realizó en Guararema, localidad del estado de San Pablo (Brasil). Fue una actividad paralela a la 30° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que tuvo lugar en Belém, en el norte brasileño. El objetivo del encuentro fue intercambiar experiencias y analizar cómo la investigación-acción participativa fortalece la defensa de la agroecología y la justicia climática.

El marco general de esa instancia fue la realización, por primera vez, de la Conferencia Climática de la ONU en la Amazonía. En forma paralela, diversos colectivos que luchan por la justicia climática también organizaron la Cumbre de los Pueblos (Cúpula dos Povos), como un evento paralelo al organizado por las Naciones Unidas. Ambas instancias convocaron a organizaciones de base de todo el planeta. Algunas de ellas viajaron luego a Guararema para participar del encuentro de IPA Global.

Mientras los gobiernos y las empresas discutían cómo abordar la crisis climática, organizaciones de distintos continentes compartían sus experiencias de investigación y acción participativa en territorio. Cada relato confluyó en una conclusión común: que las comunidades indígenas, campesinas y pesqueras de los distintos continentes tienen soluciones reales y deben ser escuchadas por quienes toman las decisiones políticas.

Elizabeth Maskonde, de Kenia; Elvira Rumkabu, de Papúa (Indonesia); Trena Lynn Bizardi, de Estados Unidos; Susan Herawati, de Indonesia y Boitumelo Bophelo Pauline Mngomezulu, de Sudáfrica, son mujeres que trabajan en sus territorios para fomentar la agroecología. Lo hacen recuperando recetas de los pueblos originarios o articulando la necesidad de pensar la relevancia de la pesca en los sistemas alimentarios. Durante el encuentro en Guararema, compartieron sus experiencias con Tierra Viva.

Por el derecho a la tierra en Kenia

“Lo ideal es empoderar a las comunidades afectadas por la pérdida de tierras en Kenia”, asegura Maskonde, pastora keniana. Ella integra la organización IMPACT Kenya, que trabaja desde 2002 en defensa de los derechos indígenas en el país africano. Los pueblos que se identifican con el movimiento indígena en Kenia son principalmente pastores y cazadores-recolectores, así como también hay algunos pueblos de pescadores y pequeñas comunidades agrícolas. El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) estima que los pastores representan el 25 por ciento de la población de ese país. 

Según explica la entrevistada, una de las problemáticas que afectan a los pueblos indígenas es la falta de seguridad en la tenencia de la tierra. En 2016, se sancionó una ley que permite a las comunidades obtener títulos de propiedad formales. Pero la implementación del registro conlleva riesgos de pérdida de tierras y recursos, indican desde IMPACT. La burocracia y la falta de reconocimiento de los saberes, sumado al extractivismo, pone en riesgo el sustento de las comunidades.

Por las sequías prolongadas y la degradación del suelo, las áreas de pastoreo se reducen, explica Maskonde. “La tierra inicialmente era propiedad de los pastores, pero industrias como la energía eólica y otros megaproyectos desplazan a la gente y cambian el uso de la tierra”, agrega.

En conjunto con otra organización, Ogiek Peoples’ Development Program, IMPACT realiza un trabajo de Investigación-Acción Participativa (IPA), con enfoque en el derecho a la tierra, la agroecología y la recuperación de los saberes indígenas.

Maskonde reivindica que las prácticas ancestrales son una forma de mitigar el cambio climático. Las familias llevan a cabo una forma de gestión tradicional que llaman “sistemas de pastoreo” o “plantas de pastoreo”. Se asientan en una parcela durante un tiempo y luego se trasladan a la siguiente, lo que contribuye a la regeneración del terreno y a la revitalización de la vegetación.

También destaca el rol de las mujeres. “Cuando hay sequías, muchas personas migran, pero las mujeres se quedan con sus hijos. Entonces comienzan a cultivar pequeños huertos, practicando la agroecología. Cultivan variedades de hortalizas para alimentar a sus familias y para vender”, explica. Esas prácticas se realizan en espacios que llaman “jardines de cocina”, donde siembran repollo, espinaca, porotos y caupí, una leguminosa típica de la zona, que se adapta a suelos secos y contribuye a fijar nitrógeno en la tierra. Las agricultoras no usan agroquímicos, sino estiércol o caléndula para fertilizar las plantas o para evitar plagas.

La agroecología se liga a prácticas culturales, como la costumbre de compartir lo que se cosecha. “Es un arte; no tienes que comer solo de tus cosechas”, dice Maskonde. No ubican asentamientos cerca de las huertas para evitar que éstas se contaminen; tienen un sistema de pastoreo para épocas de lluvia y otro para épocas de sequía y ciertos protocolos, como pedir permiso al líder de la comunidad para mover el ganado. Esos saberes se transmiten de generación en generación.

“Sin derechos sobre la tierra no se puede practicar la agroecología ni el pastoreo. La agroecología conecta todo: la tierra, las personas y el ganado. Y con ella, también las mujeres podrán empoderarse económicamente”, señala.

Añade que Kenia se beneficia de la política de los mercados de carbono, forma de financiamiento impulsada por empresas y gobiernos en todo el mundo. Pero la burocracia y los condicionamientos obturan el acceso real de las comunidades afectadas por la crisis climática. “Nos dan nuestro dinero pero nos dicen cómo usarlo. Además de las promesas sobre contaminar menos, es tiempo de respetar lo que las comunidades ya están haciendo”, propone.

Comunidades pesqueras en Indonesia y la amenaza de la megaminería

Elvira Rumkabu es de la isla de Papúa en Indonesia. Es directora de la Junta Ejecutiva de Papua Democratic Institute (PD), que también es parte de IPA Global y se dedica a la investigación para la promoción del conocimiento y la incidencia en políticas públicas. Destaca que el desarrollo en la isla es totalmente diferente al del resto de Indonesia debido a cuestiones raciales.

Sobre el contexto indonesio, explica:“Hay muchas apropiaciones de tierras por el desarrollo masivo de infraestructura impulsado por el gobierno, lo que perturba la biodiversidad. También hay problemas en el área costera debido a las actividades de las corporaciones y al desarrollo de esa infraestructura”. Indonesia planifica la construcción de una nueva megacapital en una zona boscosa (en la ciudad de Nusantara), mientras que en Papúa proyecta destinar 2.000.000 de hectáreas al cultivo de caña de azúcar, informó Mongabay.

Otra amenaza es la minería de níquel. Hasta 2024, el gobierno había otorgado 16 licencias de extracción de ese mineral en todo el archipiélago de Raja Ampat (una de las provincias de Papúa). Cinco de ellas permanecían activas, pero once habían sido canceladas o vencidas. Pero este año volvieron a emitir dos licencias que estaban canceladas o vencidas, según Greenpeace. 

Cuatro de las licencias activas están en "pequeñas islas" designadas por el gobierno de Indonesia, lo que implicaría que no se puede realizar ninguna extracción. En junio de 2025, el gobierno anunció que revocaría cuatro licencias que cubrían tres de estas pequeñas islas. Sin embargo, el permiso para la mina más grande, operada por la empresa estatal PT Gag Nikel, no fue revocado. El níquel se usa para fabricar componentes de baterías de autos eléctricos, aunque falta transparencia en la cadena de suministro sobre el destino del níquel indonesio.

“Existe una amenaza para la biodiversidad dentro de la comunidad. Y esta biodiversidad es fundamental para su sustento, no solo porque se alimentan de ella, sino también porque forma parte de su vida. Las concesiones significan la destrucción de los pueblos indígenas de la zona”, advierte Rumkabu. Y alerta sobre la contaminación del agua que genera esa actividad. La comunidad está integrada sobre todo por pescadores, por lo que se avizora que se verá afectado su sustento.

Recientemente, murió una mujer indígena que estaba a punto de parir. Llegó en bote a un hospital, pero la rechazaron. La secuencia se repitió en otros tres hospitales; finalmente falleció. “El pueblo de Papúa quiere cambiar el eje de la discusión. No queremos hablar de un gran plan de infraestructura, sino de que haya una carretera para acceder al hospital o de la instalación de uno en nuestra zona”, señala.

Desde PD Institute buscan incidir en las políticas públicas poniendo en el centro el conocimiento indígena. Si bien se realizaron muchas investigaciones sobre Papúa por parte de personas externas, instituciones y universidades, la mayoría de ellas tergiversan a los pueblos indígenas. “Nos tratan como una comunidad sin poder, como si careciéramos de conocimiento”, cuestiona.

El trabajo que hacen se sitúa en la ciudad de Wamena, que presenta uno de los índices de seguridad alimentaria más bajos de Indonesia, pese a ubicarse en una zona propicia para la agricultura. Allí vive el Pueblo Hubula. “Pero su conocimiento se ignora. Para los pueblos, la agroecología no solo se trata de las prácticas agrícolas, sino de la interconexión entre lo humano, la biodiversidad, la tierra, la granja y los rituales ceremoniales. Desean que el objetivo de esta investigación sea regresar al Honai, a su propia identidad”, indica.

La forma en que cultiva el pueblo indígena en Wamena está muy ligada a los vínculos familiares y comunitarios. Tienen una división muy clara de roles entre varones y mujeres. El líder de la fertilidad es el varón. Si una mujer quiere cultivar, debe hablar con su esposo para que le pida permiso al líder de la comunidad para hacerlo. Cuando el varón obtiene el permiso, prepara el terreno y construye la cerca. Cuando está listo, la mujer comienza a plantar. El proceso de cosecha se hace entre toda la comunidad. Esos y otros saberes se transmiten del varón a los hijos y de la mujer a las hijas.

El ejemplo muestra cómo la producción de alimentos está interconectada con su visión del mundo, con sus conocimientos y también con la lengua. “Una vez que las lenguas locales desaparezcan, el conocimiento sobre ciertos cultivos nativos también disminuirá, al no tener un nombre para ellos. Eso es lo que está sucediendo”, relata.

Sudáfrica: agroecología en los sistemas pesqueros post Apartheid

Boitumelo Bophelo Pauline Mngomezulu es parte de la organización Masifundise Development Trust, que trabaja con pequeños pescadores de mar y de agua dulce en cuatro provincias de Sudáfrica. Ese país aún afronta los desafíos de la salida del Apartheid, en 1994. Antes de ese año, solo las personas blancas definían qué podían pescar las personas negras. El actual gobierno, por su parte, también mantiene políticas discriminatorias, como la falta de acceso a las riberas.

En 2012 el gobierno sudafricano estableció una política de pesca. “Si bien luce bien en teoría, en la práctica no refleja la visión de los pescadores”, señala Mngomezulu. Antes de la normativa bastaba con que los pescadores se reconocieran a sí mismos como tales y esa identidad pasaba de una generación a la siguiente. Pero el gobierno formó un panel para seleccionar a los miembros de la comunidad pesquera o de las cooperativas pesqueras. Por esa razón, muchos pescadores y pescadoras quedan excluidos.

Uno de los criterios de selección es que el 50 por ciento de sus ingresos provengan de la pesca y el otro, tener 18 años. Así, jóvenes y mujeres quedaron afuera porque algunas pescadoras realizan otras actividades, como vender verduras o artesanías, y no pueden dar cuenta de que la mitad de su dinero proviene solo de la pesca. 

Por otro lado, el gobierno utiliza el océano para actividades extractivas como la minería, la explotación de petróleo y la pesca industrial. También crea áreas marinas protegidas para la preservación de especies dentro del espacio oceánico. Esto genera nuevos conflictos, ya que se limita la acción de los pescadores y se criminaliza la actividad. “Las y los pescadores contribuyen enormemente a los sistemas alimentarios, ya que salen al mar a pescar no solo para sus hogares, sino también para compartir con la comunidad, porque no todos pueden ir al mar. También venden en los mercados locales”, dice Mngomezulu.

Desde Masifundise buscan que la agroecología sea tenida en cuenta en la pesca. “Queremos documentar y entender, y que el gobierno también entienda, cuán relevante es la agroecología. Cuando hablamos de agroecología en el sector pesquero hablamos de principios como la gestión de los recursos. Queremos que las comunidades compartan y tomen decisiones junto con el gobierno sobre sus territorios. Y que su conocimiento tradicional sea tenido en cuenta”, exige.

La diversificación de las actividades de subsistencia también forma parte del proyecto que realiza la organización. “No queremos alejar a la gente de la pesca, pero queremos que tengan alternativas”, explica. Algunas comunidades de pescadores ya tienen pequeños huertos y granjas donde plantan verduras y frutas y las venden en el mercado local.

Alimentos ancestrales frente a los ultraprocesados en Estados Unidos

Trena Lynn Bizardi es parte del Pueblo Navajo (Estados Unidos). Se presenta como parte del clan “de la gente del agua”. Y explica que, en su pueblo, cada clan responde a un elemento, según su historia y sus luchas. Esa herencia se transmite de forma matrilineal. Vive en Arizona (sudoeste estadounidense) y pertenece a la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Nativos Americanos (Nafsa, por sus siglas en inglés). Es una organización sin fines de lucro que articula con los pueblos originarios del oeste de ese país.

La organización cuenta con un programa de alimentación y salud que rescata recetas y chefs tradicionales. También ayudan a agricultores en terreno con la compra de herramientas y tienen una red de guardianes de semillas indígenas (de poroto y de maíz) para preservarlas de la contaminación con transgénicos. Actualmente trabajan en una guía de siembra para cada temporada.

Bizardi explica que el objetivo es recuperar el lenguaje, los conocimientos y las prácticas tradicionales, pensando en siete generaciones futuras y en siete generaciones anteriores. Indica que la intergeneracionalidad es un concepto muy importante para los pueblos indígenas. “Involucramos a los ancianos y a los jóvenes, porque son los futuros agricultores y los próximos responsables políticos. Es importante que participen porque este es su futuro”, explicita.

También relata que la pérdida de biodiversidad alimentaria está ligada a la colonización. “Hubo diferentes eras en nuestro tiempo. En las primeras trasladaron a muchos de nuestros jóvenes a internados donde fueron asimilados a la fuerza a la religión y al inglés. Cuando eso sucedió, hubo un gran cambio respecto a los alimentos”, describe. 

Los alimentos nativos, como los frijoles, el maíz, la calabaza, el arroz silvestre y el búfalo fueron reemplazados por los alimentos que recibían del gobierno: queso, harina, carne y enlatados. “Vivimos muchas situaciones traumáticas en relación a nuestros alimentos básicos. Después llegaron los aceites altamente saturados y ultraprocesados. Por eso hoy tenemos problemas de salud, como presión arterial alta, diabetes, obesidad o cáncer”, denuncia.

Con la recuperación de las técnicas y los alimentos ancestrales buscan generar una dieta más saludable y recuperar la identidad del Pueblo Navajo fortaleciendo el liderazgo tribal. En Estados Unidos hay 500 comunidades tribales, 23 de ellas en Arizona. 

“Las tribus son naciones soberanas. Nos gobernamos a nosotros mismos. Por eso es importante que un líder tribal comprenda la importancia de la soberanía alimentaria. El primer paso es ese nivel”, concluye.

Por el reconocimiento de las pescadoras indonesias

Susan Herawati vive en Indonesia y es secretaria general de la organización The People’s Coalition for Fisheries Justice (KIARA). Trabaja especialmente en la vinculación con pescadores tradicionales. En Indonesia existen aproximadamente 2.300.000 pescadores tradicionales. “Enfrentamos muchos desafíos, como la degradación de las zonas costeras por proyectos extractivos como el megaturismo, la construcción de un gran puerto y la minería”, señala.

Recuerda que la primera vez que escuchó hablar de crisis climática fue en 2010. Ese año hubo inundaciones por mareas y empezaron a registrarse casos de pescadores perdiéndose, y muriendo, en el océano. Actualmente son comunes las inundaciones por mareas, lo que genera migraciones. Muchas personas que trabajaban la tierra hoy son pescadores.

Herawati marca que, en el sudeste asiático, la mujer pescadora no reconoce su identidad como tal. “Si hablamos de pescadores, la mentalidad de todos, incluso del gobierno, siempre se centra en el varón. Pero eso no es lo que ocurre realmente, porque en el contexto de Indonesia la mujer es la principal protagonista”, indica.

Precisa que las pescadoras trabajan casi 17 horas por día y aportan el 48 por ciento de los ingresos del hogar. “Quienes se dedican a la protección del océano son mayoritariamente mujeres”, resalta. Y explica que lo hacen, por ejemplo, plantando manglares. También detalla que, para asegurar que el varón pueda ir al mar, se encargan de comprar el combustible. Y que, durante la temporada en que el varón no puede ir al mar, quien consigue el dinero es la mujer.

Pero la falta de reconocimiento de esas tareas hace que las pescadoras no estén contempladas en las regulaciones. “Nuestro gobierno carece de datos reales, por ejemplo sobre cuántas pescadoras contribuyen a la cadena de valor de la pesca. Si su identidad no es reconocida, su territorio tampoco lo es. El proceso de toma de decisiones no involucra a las mujeres. A veces las invitan, pero solo para rellenar la cuota de participación, y no tienen poder decisorio”, agrega.

Desde KIARA buscan que la investigación-acción participativa, realizada a través de IPA Global junto a las y los pescadores, también introduzca la perspectiva agroecológica. Herewati sostiene que el gobierno no comprende qué es la agroecología, pero que algunos miembros de la comunidad ya la practican. Por ejemplo, con la conservación de los manglares. Para ella, introducir esa perspectiva en la producción pesquera contribuirá a demostrar que en los océanos existen importantes productos para los sistemas alimentarios.

“Pero veremos cómo se relaciona la mujer con el proceso de planificación espacial marina. Porque en ese proceso, por supuesto, la mujer debería contribuir en la toma de decisiones”, resalta. 

Soluciones reales frente a las promesas corporativas de las COP

Herewati participó de la COP30 en Belém. Sobre la experiencia, resume: “Los delegados hablan del destino y de la vida de miles de millones de personas sin comprender su situación real. Hablan de soluciones que no vienen de las comunidades, en lugar de fortalecer las prácticas que estas ya realizan. No intentan ver cómo la agroecología podría ser una solución”.

Para ella, el verdadero trabajo después de estas instancias multilaterales es robustecer a los movimientos locales. A diferencia de otras COP, en Belém vio una movilización social muy fuerte, impulsada por la Cumbre de los Pueblos (Cúpula dos Povos). Destaca que allí no hubo diferencias entre los pescadores y las personas que cultivan la tierra: “Deberíamos fortalecer esa solidaridad en nuestro país. Solidaridad que no debe separarse entre las poblaciones que trabajan en la tierra y las que trabajan en el mar”.

Mngomezulu también asistió a la COP30 y a la Cumbre de los Pueblos “para amplificar las voces de los pobres y marginados y para luchar por la justicia, porque sé que la gente en mi país quiere justicia en el espacio oceánico. Quieren una participación real, igualdad y soluciones reales”. 

Considera que la COP no fue un espacio para quienes intentan hablar de los problemas desde la experiencia en terreno. “Pero en la Cumbre de los Pueblos pudimos amplificar las voces de los hombres pescadores y de las mujeres pescadoras y creo que nuestras voces fueron escuchadas”, reflexiona.

Rumkabu aporta: “No quiero depositar nuestra esperanza en la COP, pero es un buen lugar para difundir lo que pasa en Papúa. Como es difícil cambiar la política a nivel nacional, estos espacios, y otros de incidencia internacional, son un buen lugar para visibilizar estos problemas y ejercer presión sobre el gobierno”.

En Papúa, agrega, las comunidades no hablan de cambio climático. “Desconocen esa terminología, pero saben que hay cambios cuando llegan las corporaciones, cuando el sol calienta más e influye en sus prácticas. Cambió, por ejemplo, el calendario de pesca”, indica. Y señala la responsabilidad de las corporaciones que aumentan los niveles de emisión de carbono. 

Maskonde también cuestiona la gobernanza climática de las Naciones Unidas, en relación a la participación y el financiamiento de las comunidades para la adaptación y la mitigación del cambio climático. “Espero que algún día las comunidades ocupen un lugar central como negociadores, en igualdad de condiciones con los inversionistas. Porque gran parte de la solución, si no toda, está en manos de los pueblos indígenas. Protegemos la tierra desde tiempos inmemoriales”, concluye.