Por Franco Medina

Desde Formosa

No importa el año: en Formosa, cuando se acerca el verano, el calor empieza a apretar la ropa y el asfalto a quemarte los pies. Pero el 23 de noviembre de 2010 fue distinto. Llovía, como si el día fuera a traer un respiro. Sobre la Ruta Nacional 86, a la altura del kilómetro 1341, la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) reclamaba por sus tierras cuando la policía provincial avanzó con una violenta represión. Ese día asesinaron al qom Roberto López y al oficial Eber Falcón, hubo decenas de heridos, detenciones a mujeres, niños, incendios a las casas de quienes se manifestaban y una herida que, quince años después, sigue abierta. La comunidad todavía espera respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

Crónica de un despojo

La comunidad La Primavera (como se la conoció popularmente) está ubicada al norte de la provincia de Formosa, en la ruta 86, a 155 kilómetro de la capital y a pocos minutos de Laguna Blanca, donde nació y se crió Gildo Insfrán, quien gobierna la provincia desde 1995 (tres décadas). Este territorio ancestral fue reconocido por decreto en el año 1940, para que "la tribu" del cacique Trifón Sanabria pueda ocupar una superficie de 10.000 hectáreas demarcadas por el Instituto Geográfico Militar. En 1952, se redujo a 5000 hectáreas, ratificadas durante la presidencia de Juan Domingo Perón.

“Los pueblos indígenas no se consideran dueños del territorio, sino que nos consideramos parte de la naturaleza. Somos naturaleza, nos relacionamos con el monte, el agua, la tierra, los animales. Somos parte de este mundo que la sociedad llama civilizada”, explica Félix Díaz, líder indígena y qarashé (autoridad política) de Potae Napocna Navogoh.

El despojo territorial que sufre la comunidad es un conflicto que lleva décadas. Empezó cuando Formosa se posicionó como la primera provincia en sancionar una ley indigenista en el país. En 1984, durante el gobierno de Floro Bogado, se creó la Ley Integral Aborigen (426/84). Estableció el derecho de las comunidades a la propiedad de las tierras, la participación en el desarrollo de la provincia y la creación del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA). También se reconoció una superficie de 5187 hectáreas para la comunidad qom de La Primavera. “Esa superficie de 5187 hectáreas no sabemos los límites y los mojones, nunca nos dijeron, porque Floro Bogado mantuvo a la familia Celía y nos dio un territorio que es del Parque Nacional Pilcomayo, que está en el sector norte de la comunidad, donde teníamos la laguna blanca dentro de nuestro territorio, en el límite de la ruta 86”, detalla Díaz.

La Ley también exige que los pueblos indígenas, para ser reconocidos, deben transformarse en asociaciones civiles y cumplir con numerosos trámites burocráticos, como la renovación de la comisión directiva cada dos años. En ese momento, el cacique Fernando Sanabria (hijo de Trifón), aceptó la propuesta del gobernador Bogado y fue elegido como presidente de la asociación civil y también cacique de la comunidad. Pero Díaz explica que Sanabria nunca mostró el estatuto a la comunidad: “La asociación quedó caducada desde 1984 hasta el 2008. Nunca pudimos saber qué es ser socio de una asociación civil y cuáles son las condiciones. No sabíamos qué es ser dueño de un territorio porque el Pueblo Qom es cazador, recolector y pescador, es la ocupación que tienen los pueblos indígenas del norte”.

De las 5187 hectáreas que la provincia les reconoce ahora solo tienen 2800, porque el gobierno provincial permitió la usurpación por parte de familias criollas como los Saucedo, Villafañe y Celía (con quienes tuvieron el mayor conflicto).

Noviembre de represión

El corte de ruta había arrancado cuatro meses antes del 23 de noviembre de 2010. Y, a comparación de otros, tenía ciertos permisos: se dejaba pasar ambulancias y se abría en horarios de mayor circulación. El reclamo era contra la expropiación del territorio qom, amparándose en la Ley de Emergencia Territorial (26.160), del cual había sido arbitrariamente despojada a favor de la Universidad Nacional de Formosa (600 hectáreas) y de la familia Celía, vinculada al gobierno provincial.

En todos esos días de corte de ruta los miembros de la comunidad qom sufrieron discriminaciones, burlas por parte de médicos y disparos de la policía y criollos.

Un día antes de la represión, el comisario Ricardo Caje, un hombre sin bigotes pero con cara de comisario, llegó al lugar para constatar un corte de alambrado denunciado por los Celía. Hubo algunos forcejeos y Jorge Celía admitió haber disparado al aire. Los qom denunciaron que fueron cerca de siete disparos con intención de matar a Félix Díaz.

Al día siguiente , ya 23 de noviembre, la policía llegó con el juez Julio Raúl Mauriño, para buscar las armas que se les “habían caído” a los efectivos en el tumulto. Un grupo de policías quedó sobre la ruta 86 y otros, junto con la policía montada, entraron por el monte, 200 metros antes del corte de ruta. Otros tantos esperaban en un colectivo con periodistas y civiles. Cuando el juez Mauriño dio la orden de reprimir bordearon a los manifestantes al grito de “indios de mierda”, frase muy común utilizada por la policía y funcionarios provinciales.

En el lugar fue asesinado Roberto López y el policía Eber Falcón. Pero la violencia estatal dejó más víctimas en la comunidad en los días y meses siguiente: Samuel Garcete, Elías Jara, Celestina Jara, la beba Lila Coyipe, Sixto Gómez, Ángel Palacio, Celestina Toledo, Ester Díaz, José Pachi, Roberto Alonso, Sonia Poli y Martina Manuel. El 24 de noviembre también falleció en un dudoso accidente de tránsito Mario López, un miembro del Pueblo Pilagá que iba a La Primavera para solidarizarse. “Todos ellos murieron por falta de asistencia médica y psicológica”, recuerda Félix Díaz.

Antonio Muñiz fue el comisario a cargo de la represión y nunca fue investigado. En 2021, manifestantes que cortaban la ruta 11 en reclamo de módulos habitacionales denunciaron que Muñiz los apuntó con su arma reglamentaria y los amenazó. “Lo que hice fue mostrar mi arma en la cintura, la exhibición de arma no es delito. Lo hice porque me dieron un palazo en la cabeza y me mostraron palos y cuchillos”, se defendió en ese momento el comisario que ya estaba retirado desde hacía cuatro años.

Un gobierno feudal y un grito fuera de la provincia

Después del 23 de noviembre de 2010, el hostigamiento, las amenazas y los intentos de asesinatos a los miembros de la comunidad Potae Napocna Navogoh aumentaron, sin importar si eran hombres, mujeres o niños. También creció el pedido de justicia. Los pueblos indígenas decidieron hacer algo que le molesta mucho a Gildo Insfrán: sacar “los trapitos” fuera de Formosa.

Félix Díaz, junto a otros referentes de comunidades indígenas, decidieron acampar en la ciudad de Buenos Aires, en la plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio, para unificar reclamos: contra la represión, por el reconocimiento de las tierras y en denuncia de las malas condiciones de vida. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Formosa en 2010 era la provincia más desigual de Argentina. Tenía, por ejemplo, 740 habitantes por médico. Para 2021, ese número se redujo a 637 habitantes por médico, cuando la media nacional es de 247. Si se tiene en cuenta que la mayoría de los profesionales de salud se concentran en la capital de la provincia, la situación para el interior y los pueblos indígenas es mucho peor. Amnistía Internacional había publicado una investigación, puntualmente sobre Formosa y los pueblos indígenas, donde denunciaba la "histórica discriminación".

Por su cercanía con Gildo Insfrán, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no recibió ni escuchó el reclamo de los pueblos indígenas de Formosa. Se intentaron abrir mesas de diálogo a través del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) pero el gobierno provincial se negó. El 30 de abril de 2011, el Poder Judicial ordenó levantar el corte en el centro porteño y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Cristina Caamaño, presentó en la plazoleta más de 100 efectivos para sacar por la fuerza a los manifestantes. El 6 de mayo se repitió la escena, pero con la Gendarmería Nacional.

Ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Gobierno que adopte medidas para “garantizar la vida y la integridad física de los manifestantes contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. Pero nada de eso se respetó.

Pasaba el tiempo. Los asesinatos en la represión no se investigaban, tampoco se llegaba a un acuerdo y los intentos de asesinatos y las muertes dudosas de los qom en La Primavera no paraban. A Insfrán cada vez lo irritaba más que las noticias de Formosa crucen las fronteras provinciales.

En 2022, cuando la CIDH levantó las medidas cautelares a favor de la comunidad, la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) publicó: “Con la decisión del máximo organismo de protección del sistema interamericano de derechos humanos se clausura la campaña de desprestigio nacional e internacional contra el gobierno provincial y el gobernador Gildo Insfrán, que fueron fogoneadas durante un prolongado corte de la ruta 86 a la altura de la comunidad La Primavera”. Y, párrafo siguiente, arremetió: “El autodenominado cacique Félix Díaz promovió la muerte del policía Eber Falcón. La respuesta de dicha agresión homicida habilitó en el ejercicio del derecho de defensa con la muerte del originario Roberto López sindicado como autor material del homicidio de Falcón”.

La Agencia de Noticias Formosa no presenta ninguna prueba de esos dichos.

En numerosas oportunidades, tanto Díaz como otros integrantes de la comunidad afirmaron que Falcón fue asesinado por un bala de la misma policía. Quién debió investigar el origen del disparo es, como siempre, el Poder Judicial. Y no lo hizo.

En 2023, en un discurso en la escuela EPEP Nº78, Insfrán se refirió a Félix Díaz como porteño y macrista: “Los porteños nunca lo van a aceptar, por más que quiera ser porteño va a seguir siendo indio”.

El Poder Judicial: una casta alejada de la real justicia

La causa judicial de la comunidad La Primavera está en la Corte Suprema de la Nación desde hace 15 años, pero todavía no hubo avances. El juez Julio Raúl Mauriño, quien dio la orden de reprimir y siempre tuvo una relación amable con el gobierno de Insfrán, este año fue suspendido de sus funciones. En primer lugar, iba a enfrentar un jury de enjuiciamiento por violencia laboral, pero se suspendió por supuestas "poca consistencia en las pruebas". Pero el Superior Tribunal de Justicia decidió abrir otro jury por desaparición de armas bajo su custodia y por demora excesiva en la resolución de expedientes. Mauriño, a dos años de retirarse, presentó su retiro voluntario por problemas de salud, que deberá ser analizada por los integrantes del jury.

En la comunidad qom, después de 15 años, la situación no cambió. Dentro de las 2800 hectáreas que les quedaron, Insfrán habilitó el estadio del club 29 de septiembre. Sin consulta previa a la comunidad y sin respetar las leyes nacionales y provinciales sobre los territorios indígenas. “La idea nuestra es que los pueblos indígenas sean respetados, que tengamos acceso a la justicia y tengamos buena relación con los vecinos no indígenas, porque no somos originarios de otro país, somos de esta tierra. Somos pueblos indígenas y no queremos tener enemigos, porque somos defensores de la vida, del medio ambiente y de la diversidad cultural”, afirma Félix Díaz, que el año pasado volvió a ser electo democráticamente como qarashé (autoridad) de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera).

Edición: Darío Aranda