Por Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia*

La Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles puso sobre la mesa una discusión que ya no admite dilaciones: cómo salir del carbón, el petróleo y el gas sin repetir las mismas lógicas de despojo que han sostenido la crisis climática. Este proceso abre una posibilidad política importante. También deja una alerta: la salida de los combustibles fósiles no puede convertirse en una nueva narrativa “verde” al servicio de los mismos intereses que han contaminado territorios, ríos, mares y comunidades.

Esa salida tampoco puede quedar encerrada en una conversación entre gobiernos, empresas y expertos. La transición será justa si parte de los territorios, reconoce los daños acumulados, repara a las comunidades afectadas y pone obligaciones reales a la industria fósil.

La Conferencia, convocada por Colombia y Países Bajos, reunió a 57 países. Abrió un espacio de diálogo con gobiernos subnacionales, academia, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinado, niñez, juventudes, mujeres y diversidades. Según el documento de coanfitriones, el propósito no fue crear nuevas metas, sino avanzar en la implementación de compromisos ya asumidos frente a la crisis climática, alrededor de tres ejes: reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles, transformar la oferta y la demanda y fortalecer la cooperación internacional.

Entre los resultados anunciados se destaca la continuidad del llamado Proceso de Santa Marta, con una segunda conferencia prevista para 2027, coorganizada por Tuvalu e Irlanda. También se anunció la creación de un grupo de coordinación para sostener el proceso hacia los próximos encuentros y articularlo con otros escenarios internacionales.

La Conferencia definió tres líneas de trabajo: hojas de ruta nacionales, dependencias macroeconómicas y arquitectura financiera, y alineación entre países productores y consumidores. También se lanzó el Panel Científico para la Transición Energética Global, que buscará apoyar a los países en la construcción de rutas alineadas con la meta de 1,5 °C e identificar barreras legales, financieras y políticas.

Son anuncios relevantes. Pero no alcanzan.

La salida de los combustibles fósiles no puede depender de la voluntad de los gobiernos ni de la autorregulación empresarial. La crisis climática exige decisiones vinculantes, plazos concretos, seguimiento público, participación de las comunidades, y responsabilidades diferenciadas.

¿Puede haber transición justa si se conserva el mismo modelo?

Uno de los puntos más importantes del documento de resultados es que reconoce que abandonar los combustibles fósiles implica más que reemplazar una fuente energética por otra. Exige cambios económicos amplios para superar dependencias estructurales, restricciones de deuda, brechas de acceso a la energía y economías atadas a la extracción fósil. También reconoce que debe planearse con trabajadores y comunidades, desde un enfoque justo y basado en derechos.

Esa afirmación debe tener consecuencias políticas.

Si la transición mantiene intactas las relaciones de despojo, no será justa. Si reproduce zonas de sacrificio, no será justa. Si profundiza la dependencia de los territorios y abre nuevos negocios extractivos bajo el lenguaje de la sostenibilidad, no será justa. La transición energética justa, popular y territorial debe responder una pregunta de fondo: energía, ¿para qué y para quién?

No se trata de sostener el consumo ilimitado de unos pocos con nuevas infraestructuras impuestas sobre los mismos territorios. Se trata de cuidar la vida, reparar los daños, reducir demandas energéticas innecesarias y fortalecer la autonomía de los pueblos.

Pasos a seguir

La primera conferencia abrió un camino hacia la segunda: el Proceso de Santa Marta. Exigimos que dicho proceso avance hacia una hoja de ruta vinculante para la salida de los combustibles fósiles. Esa ruta debe incluir, como mínimo:

• Prohibición de nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, incluyendo fracking, yacimientos no convencionales y expansión costa afuera.

• Eliminación progresiva de subsidios e incentivos públicos a la industria fósil, para redirigir esos recursos hacia alternativas comunitarias, territoriales y justas.

• Cierre minero justo y desmantelamiento responsable de infraestructura petrolera y gasífera, con obligaciones claras para las empresas y garantías de reparación integral.

• Protección del agua y de los territorios hidrosociales, porque ninguna transición puede sostenerse sobre nuevas formas de despojo hídrico, contaminación o sacrificio territorial.

• Reconocimiento y financiación directa de alternativas territoriales, como energías comunitarias, agroecología, economías del cuidado, gestión comunitaria del agua y procesos locales de autonomía.

• Participación vinculante de comunidades, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinado, mujeres, juventudes y trabajadores. Las decisiones no pueden tomarse lejos de quienes han cargado los impactos del modelo fósil.

Catalina Caro, coordinadora general de Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, sostuvo: “Como Consejo Permanente para la Transición Energética Justa participamos en todo el proceso: los diálogos virtuales, las propuestas enviadas al Gobierno, la construcción y liderazgo en la Cumbre de los Pueblos, y el espacio de alto nivel. Llegamos con propuestas claras, construidas desde movimientos sociales que llevan años pensando caminos reales para salir de los combustibles fósiles“.

Agregó: “Esta Conferencia rompe el consenso fósil que ha dominado el debate climático y abre el Proceso de Santa Marta. Ahora necesitamos que ese camino avance hacia mecanismos vinculantes, como el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, con acciones claras para la salida del carbón, el petróleo y el gas. Nos vamos contentas, pero también con aprendizajes: hay que fortalecer la participación de las comunidades, mejorar las metodologías y construir espacios con mayor vinculatoriedad para los procesos sociales“.

Para Amarilis Llanos, delegada del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, la continuidad del proceso hacia Tuvalu y la creación de un panel científico son avances que deben ponerse al servicio de decisiones concretas.

“Luego de participar en las distintas etapas de este proceso, podemos decir que hay resultados importantes. El primero es la continuidad de la Conferencia en Tuvalu, que nos permite seguir construyendo una ruta para salir de los combustibles fósiles. También se anunció la conformación de un panel científico, porque este proceso no puede hacerse sin la ciencia, esa misma ciencia que nos dice que no podemos esperar más para tomar acciones contundentes frente al cambio climático”, afirmó.

Desde Comunidades Setaa, organización que hace parte del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, también se insistió en que el proceso debe corregir vacíos metodológicos y garantizar una participación real de las organizaciones sociales en los pasos que siguen. “Para llegar a la próxima conferencia, los procesos sociales deben cualificar su participación e incidir en la toma de decisiones. El agua y la energía no son mercancías. Necesitamos un mecanismo vinculante que permita transitar hacia modelos de energía para la vida, no para la muerte”, indicó Juan Pablo Soler de Comunidades Seta.

“Esperamos que se abran discusiones de fondo sobre deuda, subsidios fósiles y financiamiento para una transición justa”, concluyó.

Convertir las declaraciones en acciones

El Proceso de Santa Marta puede marcar un punto de quiebre si logra poner límites reales a la industria fósil, pero también corre el riesgo de convertirse en otra plataforma de declaraciones generales si no enfrenta las causas estructurales de la crisis.

El documento de coanfitriones reconoce que los países presentes aún deben superar dependencias fiscales, restricciones de deuda, dependencia de la arquitectura financiera frente a los combustibles fósiles y la necesidad de sistemas comerciales libres de fósiles. También advierte que el 75 por ciento del mundo depende de importaciones de combustibles fósiles, lo que muestra la urgencia de avanzar hacia sistemas energéticos más estables.

Esa lectura debe convertirse en acción política.

No basta con hablar de cooperación internacional mientras se aprueban nuevas licencias. No basta con hablar de transición si los tratados siguen protegiendo inversiones fósiles. No basta con hablar de justicia climática si los subsidios públicos siguen alimentando a las empresas contaminantes y los territorios siguen pagando la cuenta.

La salida de los combustibles fósiles debe hacerse con justicia climática, económica, territorial e intergeneracional. Eso exige dejar atrás la civilización fósil, reparar los daños, cerrar la frontera extractiva y fortalecer las alternativas que ya existen en las comunidades.

El tiempo de las declaraciones generales se agota. Los fósiles deben quedarse bajo tierra y el Proceso de Santa Marta debe avanzar hacia compromisos vinculantes, con los pueblos en el centro.

*Este texto se publicó originalmente bajo el título: "Santa Marta abrió la conversación para dejar atrás los fósiles: ahora se deben asumir compromisos reales". La organización internacional Censat Agua Viva participó como observadora en la Conferencia de Santa Marta. Integra el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa en Colombia, conformado por organizaciones de la sociedad civil que llevó a Santa Marta las demandas y propuestas construidas desde territorios.