Por Juan Manuel Villulla*

Hace algunos años, al investigar la historia de los trabajadores en el corazón de los agronegocios (en el partido bonaerense de Pergamino), encontré un legajo judicial muy esclarecedor de aquello que permanecía oculto bajo los pactos de silencio del “campo argentino”. Se trataba de un pleito legal encarado por un simple operario de maquinaria agrícola contra sus ex empleadores. A pesar de ser un caso individual, el documento retrató como pocos las condiciones laborales que atravesaron miles de obreros rurales entre la salida de la última dictadura y el boom agrícola de los años 2000. 

El juicio databa de fines de la década de 1980. No hacía demasiado tiempo que los militares habían dejado el gobierno. Además, “el Proceso de Reorganización Nacional” había dejado toda clase de herencias en forma de leyes, condicionantes económicos y heridas irreparables. En definitiva, eso fue lo que habían venido a hacer: instaurar un orden perdurable. Y eso fue lo que le complicaría la vida a Héctor Sumich, alias“el Flaco Loco”, como le decían en el pueblo: un trabajador rural que se animó a encarar un juicio contra sus viejos patrones. 

El planteo era simple: después de quince años de trabajo, Héctor pretendía que le pagasen una indemnización por despido. Además, su abogado lo convenció de reclamar también salarios adeudados por haber trabajado todo ese tiempo “en negro”, cobrando menos de lo que correspondía. Sus ex empleadores eran productores y contratistas de maquinaria en el norte bonaerense. Negaban de plano que “el Flaco Loco” hubiera sido empleado permanente suyo —cosa que efectivamente no constaba en ningún papel— y afirmaban que no lo habían despedido, sino que simplemente habían “dejado de convocarlo a trabajar”. Ni más ni menos que como un monotributista de nuestros días: si no hay relación de dependencia, no hay despido; y si no hay despido, no hay indemnización.

El problema más grave para el “Flaco Loco” era que la ley vigente en ese momento le daba la razón a sus viejos empleadores. La norma era, en rigor, el “decreto-ley” 22.248 que había impuesto la dictadura en 1980, con la firma de Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Zorreguieta (“el papá de Máxima”, por ese entonces Ministro de Agricultura). Ese “Régimen de Trabajo Agrario” apartó a las y los trabajadores rurales de la Ley de Contratos de Trabajo de 1974, en la que habían sido incluidos por el peronismo junto a los trabajadores urbanos, y desreguló por completo el mercado de trabajo agrario y sus condiciones laborales.

Así, mucho antes de la flexibilización laboral de los años 90 y principios de los 2000, las y los trabajadores rurales se movían en un ámbito completamente desregulado. O mejor dicho: regulado deliberadamente a favor de los patrones del campo. Por eso, a pesar de los esfuerzos de su abogado por demostrar la inconstitucionalidad de la norma, “el Flaco Loco” perdió su demanda, demostrando hasta qué punto la dictadura, cuyo inicio está por cumplir medio siglo, había inclinado la cancha para los empleadores hasta en los más mínimos detalles, por mucho más tiempo de lo que duró su gobierno. 

Un derecho reconquistado en el Congreso que no llegó al campo

Para cuando encontré el legajo judicial de Héctor Sumich, la situación era muy distinta. Desde fines de 2011, regía el Nuevo Régimen de Trabajo Agrario: la ley 26.727, debatida y aprobada democráticamente por el Congreso de la Nación a instancias del peronismo en el gobierno. Por un lado, la movilización popular del 2001 había inaugurado un ciclo de nuevas demandas progresivas a las políticas públicas, a la vez que la movilización patronal-agraria de 2008 invitaba al kirchnerismo a tomar medidas para reconectar con los de abajo en el campo.

En ese marco de movilizaciones cruzadas, se cerró en el plano legal la herencia de la dictadura en relación al trabajo rural, a la vez que se abría una nueva etapa para los derechos de los obreros que se empleaban en el agro. 

Nunca logré encontrar al “Flaco Loco”. Pero siempre pensé que si hubiese presentado la misma demanda luego del 2011, la ganaba. La misma situación, y los mismos argumentos, en ese nuevo marco político y legal, le hubieran dado la razón. Y no sólo la razón: también la indemnización y los salarios adeudados. Por eso no basta con pensar que “la política da lo mismo, total hay que laburar igual”: justamente se trata debatir en qué condiciones realizaremos ese trabajo cotidiano (si es que lo conservamos) y qué obtendremos por él con una u otra política. 

El Nuevo Régimen de Trabajo Agrario de 2011 preveía que si un trabajador temporario se empleaba dos o más veces con un mismo empleador, todos los años, ya no era un mero “empleado temporario” al que se podía dejar de convocar sin despedir. Se trataba de un trabajador “permanente discontinuo”, una figura que daba cuenta de casos como los de Héctor Sumich, “el Flaco Loco”, que trabajó quince años para los mismos patrones, pero de modo temporario.

La Ley 26.727 reconoció que ese trabajador que era convocado siempre, cada nueva temporada, en base a su buen desempeño, merecía acumular antigüedad por cada año trabajado, un proporcional de vacaciones y aguinaldo y, naturalmente, una indemnización en línea con todo ese tiempo trabajado. 

Todo esto es lo que se acaba de perder el jueves 19 de febrero con la virtual aprobación de la nueva reforma laboral, que elimina nuevamente todos estos derechos que habían asistido a las y los obreros rurales desde 2011 hasta ahora. La mayoría de esos trabajadores no llegaron ni siquiera a conocer que disponían de todas esas posibilidades legales, ni mucho menos a aprovecharlas. Es decir, a diferencia del Estatuto del Peón del primer peronismo, en 1944, ahora no se trató de una “realidad efectiva” que lamenten perder.

Sucede que, a poco de aprobarse la ley de 2011, y a caballo del triunfo de Cambiemos en 2015, la Corte Suprema de Justicia dictaminó la inconstitucionalidad del organismo que se había encargado de difundir estos derechos entre las y los trabajadores rurales, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea). Y así, durante los diez años siguientes, entre 2015 a 2025 —Frente de Todos de por medio—,ninguna instancia sindical ni gubernamental vinculada al sistema solar del peronismo hizo nada importante por difundir la ley que ese mismo espacio político había conquistado en el parlamento, ni mucho menos por hacerla cumplir.

Es decir, fiscalizar su efectivización. Esta desatención ante la situación de dos de cada tres personas que trabajan en el campo argentino —obreras y obreros en relación de dependencia—, se transformó en un boomerang innecesario para el propio justicialismo: la mayoría de las y los trabajadores rurales (que constituyen dos tercios del voto “del campo”) optaron fervientemente por Javier Milei en 2023 y en 2025, culpando al peronismo y al Estado de todos sus males. Es difícil imaginar una situación más ingrata. 

Los votos de las provincias con trabajadores rurales en crisis

Llama la atención que la reforma fuera aprobada gracias a los votos de algunos diputados que, además de pertenecer formalmente al justicialismo, vengan de provincias en las que, como pocas, el trabajo rural sigue ocupando un rol fundamental en el empleo de cientos de miles de sus “representados”: Misiones, de donde los yerbateros están escapando a Brasil por sus bajos salarios; Tucumán, uno de los principales productores de limones del mundo que demanda miles de braceros; o Salta, sede de producción tabacalera y frutícola, también muy demandante de mano de obra rural.

Al mismo tiempo, en la medida en que las ideas libertarias cosecharon un apoyo tan importante entre los de abajo del campo, cabe preguntarse si, justamente, estos representantes no cumplieron un confuso mandato popular en contra de su propio pueblo. En cualquier caso, el interrogante que se abre ahora es si el deterioro aún mayor de las condiciones de trabajo en el campo que sobrevendrá —afectando a una de las principales bases de apoyo de Milei en el interior— permitirá rediscutir la naturaleza de este gobierno y la necesidad de cambiar el rumbo, o si seguiremos esperando que funcione el “cuanto-peor-mejor”, esa suerte de libre-mercado de la política que, como el de la economía, nunca termina funcionando.     

Luego de todo este laberinto, la falsa “modernización laboral” de los libertarios, en vez de traer actualizaciones que beneficien a las y los trabajadores ante cambios tecnológicos o vinculares, retrotraerá la situación al cuadro que había dejado la última dictadura cívico-militar.

En su momento, la vigencia por poco más de treinta años del decreto-ley 22.228 facilitó los despidos masivos en el campo entre la década de 1980 y la de los 2000, al compás de los cambios tecnológicos de esos años, y sin que quienes mantuvieron sus empleos cobraran más por su mayor productividad y esfuerzo: por eso la época del “boom sojero” fue una de récords productivos, pero con expulsión de mano de obra, jornadas prolongadas y los salarios más bajos de la economía. Fue la época de juicios como el del “Flaco Loco”, que si volviera a presentar su demanda, en la Argentina de Milei, la volvería a perder.  

*Sociólogo. Historiador. Docente e Investigador de la UNLP, la UBA y el Conicet. Autor de “Las cosechas son ajenas. Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio” (2015).