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Argentina, el país donde hay presos por defender el agua

Los gobiernos de Mendoza y Chubut, en complicidad con el Poder Judicial, criminalizan a quienes rechazan la megaminería. Procesamientos, represiones, juicios y cárcel son intentos de frenar la movilización de quienes priorizan el derecho al agua y a un ambiente sano. “Nos encarcelan por ser parte de una lucha colectiva que incomoda a quienes gobiernan para las corporaciones extractivas", denunció la Asamblea de Esquel.

Megaminería en Mendoza: entre el palacio y la calle, el extractivismo o el agua

Megaminería en Mendoza: entre el palacio y la calle, el extractivismo o el agua

Con un amplio acuerdo político-partidario, el Senado de Mendoza habilitó la megaminería de cobre de la mano del Proyecto San Jorge, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei. Al otro lado del vallado policial, miles de personas de todos los puntos de la provincia se movilizaron en defensa del agua para denunciar las inconsistencias del modelo extractivo. "Estas leyes son paquetes exclusivos a medida de las mineras."

Mendoza: la casta política obedece a las mineras, la calle defiende el agua y la tierra

Mendoza: la casta política obedece a las mineras, la calle defiende el agua y la tierra

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a la declaración de impacto ambiental para el proyecto de cobre San Jorge y una segunda etapa del Malargüe Distrito Minero. Lo hizo con una manifestación fuera del recinto en defensa del agua y de la vigente Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas, y con un escándalo por la censura de un documento del Conicet provincial que desautorizaba los estudios presentados por las mineras.

Sin Estado no hay “milagro de Valle de Uco” ni producción local 

Sin Estado no hay “milagro de Valle de Uco” ni producción local 

El presidente Javier Milei habló de la industria vitivinícola del Valle de Uco como el ejemplo pro-mercado que busca desarrollar en el país. Una respuesta desde el cooperativismo y la agricultura familiar explica que el "milagro" se tradujo en concentración de tierras y ganancia para unos pocos. El actual modelo económico, con importación indiscriminada, atenta contra la industria local.

Mendoza: 18 años de vigencia de la Ley 7722 en defensa del agua

Mendoza: 18 años de vigencia de la Ley 7722 en defensa del agua

La movilización del pueblo mendocino consiguió la aprobación de la Ley 7722, que defiende los ríos de la megaminería metalífera. La sanción fue el 20 de junio de 2007. Pese al lobby minero, a la connivencia del sector político y a sus intentos de modificarla, la norma sigue vigente como la convicción popular de que "el agua de Mendoza no se negocia".

La agroecología en su salsa: tomates sin agrotóxicos desde Mendoza y Corrientes

La agroecología en su salsa: tomates sin agrotóxicos desde Mendoza y Corrientes

El tomate es la segunda hortaliza más consumida en las mesas argentinas y la quinta fruta más contaminada bajo el modelo de producción con agrotóxicos. Dos experiencias campesinas muestran que es posible y rentable producir tomates sanos, agregar valor y cortar la dependencia con los insumos externos, pero denuncian el abandono de las políticas para la agricultura familiar y la agroecología.

Cárcel y represión en Mendoza para quienes se oponen a la megaminería

Cárcel y represión en Mendoza para quienes se oponen a la megaminería

El Poder Judicial y el gobierno de Mendoza funcionan como los mejores aliados de la megaminería. Ante el rechazo vecinal al proyecto de cobre San Jorge, detuvieron de formar arbitraria a dos asambleístas socioambientales. El fiscal Juan Manuel Sánchez impulsó las detenciones a partir del testimonio de un comerciante prominero. La jueza Claudia Tula lo avaló, pero este jueves se declaró incompetente y ordenó liberarlos.

Selecciones |02, 2026

Alerta en defensa de los glaciares: Milei y gobernadores quieren entregar el agua a las multinacionales mineras

Con un proyecto de ley a medida de las empresas mineras internacionales, el Presidente y los gobernadores cordilleranos impulsan el desguace de la Ley de Glaciares. De aprobarse, cada gobierno provincial decidirá qué reservorio de agua se puede destruir para beneficiar al extractivismo. Especialistas afirman que la norma será inconstitucional y habrá judicialización. Rechazo unánime de organizaciones socioambientales, movimientos campesinos, pueblos indígenas y académicos que defienden el agua.

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