Siete millones de personas dependen del agua de los glaciares. Numerosas leyes protegen ese derecho humano. Aún así, el gobierno nacional y sus aliados priorizan a un puñado de multinacionales mineras. Números concretos, nombres propios y hechos irrefutables que confirman cómo el poder político decide sacrificar territorios y poblaciones. Glencore, BHP, Lundin, Río Tinto y Barrick Gold, algunas de las corporaciones beneficiadas.
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El poder detrás del poder: las mineras beneficiadas si se reforma la Ley de Glaciares
Glencore, BHP, Lundin, McEwen Cooper, Río Tinto y Barrick Gold son algunas de las multinacionales que impulsan proyectos mineros en áreas protegidas por la Ley de Glaciares. Voces de San Juan, Catamarca, La Rioja y Mendoza reiteran el rechazo al extractivismo, defienden las fuentes de agua y denuncian la complicidad de gobernadores. “Está en juego la vida de nuestros pueblos”, remarcan.
Hasta Naciones Unidas lo advierte: modificar la Ley de Glaciares pone en riesgo a comunidades y ciudades
Naciones Unidas, constitucionalistas, organizaciones socioambientales y hasta voces del gubernamental Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) expusieron numerosos argumentos para que no se modifique la Ley de Glaciares. Queda en evidencia que solo las multinacionales mineras, y sus gobernadores y legisladores aliados, priorizan la actividad extractiva por sobre el acceso de la población al agua.
Ley de Glaciares para proteger las fuentes de agua en un mundo en quiebra hídrica
La reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el presidente Javier Milei, con el aval de los gobernadores mineros, choca de frente con la información científica del flamante informe de Naciones Unidas que alerta sobre la "quiebra global hídrica". Con glaciares en retroceso, debido al innegable impacto del calentamiento global, defender la norma vigente significa salvar cada gota de agua y la vida.
"Del agua de los glaciares dependen más de siete millones de personas"
El proyecto para modificar la Ley de Glaciares es inconstitucional, carece de legalidad y legitimidad: es rechazado por poblaciones que dependen del agua de deshielo. Un análisis en clave de derecho confirma el retroceso que implica y las leyes y tratados internacional que se vulneran. ¿Agua para las mineras o para las comunidades?
Alerta en defensa de los glaciares: Milei y gobernadores quieren entregar el agua a las multinacionales mineras
Con un proyecto de ley a medida de las empresas mineras internacionales, el Presidente y los gobernadores cordilleranos impulsan el desguace de la Ley de Glaciares. De aprobarse, cada gobierno provincial decidirá qué reservorio de agua se puede destruir para beneficiar al extractivismo. Especialistas afirman que la norma será inconstitucional y habrá judicialización. Rechazo unánime de organizaciones socioambientales, movimientos campesinos, pueblos indígenas y académicos que defienden el agua.
Mendoza: la casta política obedece a las mineras, la calle defiende el agua y la tierra
La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a la declaración de impacto ambiental para el proyecto de cobre San Jorge y una segunda etapa del Malargüe Distrito Minero. Lo hizo con una manifestación fuera del recinto en defensa del agua y de la vigente Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas, y con un escándalo por la censura de un documento del Conicet provincial que desautorizaba los estudios presentados por las mineras.
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