Todos los casos deberían quedar registrados en los centros de salud, de acuerdo a la legislación vigente. Pero existe falta de formación o presión sobre los equipos médicos y trabas desde económicas hasta culturales para proteger a trabajadores rurales y poblaciones expuestas. La Red de Acción en Plaguicidas mantiene una campaña activa para combatir el subregistro.