De un lado, el Ejército, el Poder Judicial y el gobierno de Mendoza. Del otro: familias campesinas con más de seis décadas de trabajar y habitar el territorio, que incluye monte nativo y ríos. El riesgo de ser desalojados y las sospechas sobre el avance de empresas extractivistas. "Cuidamos el agua, la Cordillera. Solo queremos seguir viviendo y trabajando acá", explican.