Los gobiernos de Mendoza y Chubut, en complicidad con el Poder Judicial, criminalizan a quienes rechazan la megaminería. Procesamientos, represiones, juicios y cárcel son intentos de frenar la movilización de quienes priorizan el derecho al agua y a un ambiente sano. “Nos encarcelan por ser parte de una lucha colectiva que incomoda a quienes gobiernan para las corporaciones extractivas", denunció la Asamblea de Esquel.