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Crisis climática: ¿Qué ocurre en las grandes ciudades?
diciembre 18, 2020
Pandemias, acuerdos climáticos que no se cumplen y políticas de Estado ausentes. Hacinamiento en zonas urbanas, la defensa de los espacios verdes y la necesidad de la participación ciudadana.
Protesta contra la venta de la costanera.

Por Luciana de la Serna*

La crisis climática y ecológica es un hecho: debemos crear medidas de adaptación y mitigación para hacer frente al cambio climático que viene a profundizar las desigualdades económicas y sociales preexistentes. La pandemia por Covid-19, de origen zoonótico, puso sin lugar a dudas esta situación de manifiesto: es urgente repensar nuestro vínculo con la naturaleza y crear políticas públicas que tengan en cuenta a lo ambiental como transversal, desde obras, infraestructura y regulación normativa, hasta educación y concientización de la ciudadanía.

Hace cinco años, el 11 de diciembre de 2015, en la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” se reunieron en París 195 países (entre ellos Argentina). Se comprometieron a llevar a cabo medidas concretas para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.

El Acuerdo de París tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, guiándose por los principios de equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países desarrollados o en vías de desarrollo. En este sentido, son claves las medidas de mitigación, que buscan reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, y las medidas de adaptación que tienen por objetivo reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia al cambio climático.

¿Qué ocurre en nuestro país? Las emisiones de CO2 se miden en toneladas: mientras Argentina emite 4,70 pér cápita, otros países como Estados Unidos y Australia emiten más de 16 (según datos del último reporte de “Fossil CO2 emissions of all world countries – 2018”).

Recordemos que un porcentaje altísimo de la población argentina vive en ciudades, según datos del último censo, 9 de cada 10 habitantes vive en núcleos urbanos (92 por ciento), distribuidos de manera desigual a lo largo del territorio: el Área Metropolitana de Buenos Aires representa el 31 por ciento de la población total; seguido por Córdoba, que representa el 3,6 por cieto y Rosario el 3,1.

Es imprescindible, entonces, por la concentración de población en grandes ciudades y por ser las grandes urbes los lugares que más gases de efecto invernadero emiten, una incidencia activa desde el ambientalismo urbano para desarrollar ciudades resilientes al cambio climático. Una arista fundamental en este sentido son los espacios verdes, que además cumplen un rol activo para vivir en un entorno saludable.

¿Por qué son importantes los espacios verdes? Los espacios verdes son, en principio, el contacto más próximo con la naturaleza que tienen los habitantes de la zona urbana, por eso es importante una distribución armónica que permita cercanía y acceso igualitario para toda la ciudadanía.

Mantener los existentes, así como crear nuevos, es una medida de adaptación al cambio climático, porque contribuyen con el equilibrio ambiental y cumplen funciones ecosistémicas fundamentales: mitigan las olas de calor, disminuyen los contaminantes climáticos del aire, son suelo absorbente que filtra el agua de lluvia y cortan con la excesiva cementación de las grandes ciudades. También permiten las actividades de esparcimiento al aire libre, de recreación y deporte, y son de acceso libre, público y gratuito. Son espacios de encuentro sin distinción de clases sociales.

Los estándares internacionales recomiendan un porcentaje de espacio verde de entre 10 a 15 metros cuadrados por habitante. Situación que no se cumple en ninguna de las grandes ciudades argentinas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un bajísimo porcentaje: 6 por ciento. Córdoba Capital del 8 y Rosario cuenta con un porcentaje mayor, del 10,4.

Durante la pandemia por Covid-19, el 8 de octubre de este año, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó un proyecto de ley que busca modificar el uso del suelo, lo cual representa reducir el porcentaje de espacio verde público determinado en el código urbanístico para los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, además de la edificación de viviendas de lujo.

Este procedimiento de doble lectura que pone en riesgo el acceso al río tuvo una participación ciudadana histórica, con más de 7000 personas inscriptas a la Audiencia Pública, que comenzó el 27 de noviembre y finalizará a mediados de enero de 2021. Hasta el momento hubo 323 participantes, de los cuales 320 se pronunciaron en contra del proyecto y sólo tres a favor.

En el marco normativo, según establece la Constitución Nacional en su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Esto implica un derecho y un deber colectivo e intergeneracional, que pone en cabeza de las autoridades la protección de este derecho, así como la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural, y la información y educación ambiental.

Por otro lado, la Constitución de CABA en su artículo 8 establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. En este sentido, tras un amparo ambiental presentado por el la diputada nacional Gabriela Cerruti, el Observatorio de la Ciudad y la Fundación Ciudad, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario entendió que tanto la Ley 6289 como el proyecto son inconstitucionales, por lo cual dictó una medida cautelar que prohíbe la enajenación del inmueble hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

¿Se verá reflejada la opinión y la participación ciudadana, tan importante en el sistema democrático que nos rige, en los resultados de la segunda lectura?

Es un compromiso actual, inminente y generacional, que denota un punto de inflexión sobre la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a recursos que le competen y también a la incidencia activa en torno a habitar en ciudades más verdes y resilientes.

* Militante de Jóvenes por el Clima

Curso Soberania alimentaria Derechos Humanos y Agroecologia