Por Ailín Bullentini

Cincuenta años pasaron del comienzo de la última dictadura cívico-militar que sufrió Argentina. Ese punto de inflexión en el que las fuerzas militares y de seguridad, con el empuje y el compromiso del poder económico y de la Iglesia, aseguraron mediante terror y genocidio las manos de pocos alrededor del pescuezo de muchos. Las mismas manos que siguen asfixiando hoy. Y si bien, justo este marzo, el calendario prometía una casualidad inédita, todo sigue igual: el primer juicio de lesa humanidad contra empresarios agroindustriales, con los exdirectivos de Ingenio La Fronterita en el banquillo, fue suspendido sin fecha de reprogramación. Medio siglo después del terrorismo de Estado, el capítulo de la responsabilidad empresaria sigue prácticamente intacto. La impunidad para quienes se beneficiaron del disciplinamiento represivo de la clase trabajadora continúa en pie.

El proceso de juzgamiento a los responsables de la dictadura lleva 23 años de continuidad ininterrumpida. En ese tiempo, unas 360 sentencias dejaron establecido que secuestros, torturas, abusos, homicidios, desapariciones, apropiaciones de niños y niñas y el saqueo de bienes fueron crímenes de lesa humanidad. Hasta el momento, 1246 personas fueron condenadas. La mayoría son integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. Los cientos de juicios realizados desde 2003 revisaron principalmente responsabilidades militares y policiales.

¿Cuántos empresarios se sentaron en el banquillo? Solo cinco. Un directivo de la empresa La Veloz del Norte fue el primer condenado en 2016. Dos exdirectivos de Ford condenados en 2018; y dos exdirectivos de Acindar —la empresa acerera que tuvo al ministro de Economía de la dictadura José Martínez de Hoz en su directorio—, absueltos en un escandaloso fallo el año pasado.

Empresas y represión: el disciplinamiento de la clase trabajadora y campesina

Ingenios azucareros del norte —Ledesma, La Fronterita, Concepción—; la producción yerbatera en Misiones y Corrientes —Establecimiento Las Marías—; el procesamiento de harina y aceite en Buenos Aires —Molinos Río de la Plata—. El cuerpo de trabajadores de todas esas compañías estaba organizado y comprometido en luchas por mejoras en las condiciones de trabajo y salarial en los años previos al golpe.

“Si se piensa en las regiones del Noreste y Noroeste argentino, previo al golpe de Estado, hay dos líneas que amenazan fuertemente la construcción de poder de las gigantes agroindustriales: por un lado el movimiento obrero organizado y por otro la organización de pequeños productores y campesinos”, explica Victoria Basualdo, historiadora con décadas de experiencia en la investigación de la persecución a trabajadores y trabajadoras en procesos dictatoriales y el vínculo de las empresas en esa trama.

Esa organización de pequeños productores tuvo una experiencia icónica en las Ligas Agrarias, que fueron especialmente atacadas durante el más reciente genocidio local; mientras que, al menos, 150 personas que trabajaban en las grandes agroindustrias del NOA y el NEA fueron secuestradas y torturadas —y muchas de ellas continúan desaparecidas— luego de que sus patronales los entregaran. Los directivos de las empresas daban sus nombres y domicilios a las patotas; prestaban recursos empresariales para llevar a cabo esas detenciones ilegales o, incluso, construían centros clandestinos de detención en los propios lugares de trabajo.

¿Por qué? “Por dentro y por fuera, las dos formas de organización popular discuten al poder distribución de recursos, modos de producción y de comercialización”, responde Basualdo, quien, en 2023, comenzó a abordar esta trama junto al equipo de Estudios del Trabajo, en el marco de una Red Federal de Alto Impacto Memoria, Verdad y Justicia, que también integran el Centro de Estudios de Genocidio de la UNTREF, el INTEPH (CONICET-UNT) de Tucumán y un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Misiones. Tras su llegada a la presidencia, Javier Milei y compañía cerraron la financiación al proyecto, que dependía del eliminado Ministerio de Ciencia.

La Fronterita, el primer juicio a la complicidad agroindustrial

El 11 de marzo iba a ser la fecha. Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Buttori, dos directivos delGrupo empresario José Minetti & Cía, gerenciador de La Fronterita, uno de los 16 ingenios que para 1975 seguían en pie en Tucumán —tras la guadaña a la actividad ocurrida durante la dictadura de Juan Carlos Onganía—, comenzarían a ser juzgados por un tribunal federal acusados de ser cómplices en secuestros, tormentos, violaciones y homicidios contra trabajadores y sus familias. La familia Minetti, fundadora del ingenio en 1923, cedió, en 1975, instalaciones en su predio para montar una base militar, que funcionó como centro clandestino.

El martes anterior al inicio del juicio, el Tribunal Oral Federal de Tucumán informó que el juicio quedaba suspendido hasta nuevo aviso. La causa contra los directivos de La Fronterita comenzó hace una década. En 2015,el caso fue uno de los 25 analizados en una investigación exhaustiva y pionera sobre responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad, que desarrolló el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Entre las conclusiones de ese estudio, los investigadores determinaron que:

• El 76% de las empresas entregó información de trabajadores.
• El 72% tuvo presencia militar en sus instalaciones.
• El 60% registró infiltración o inteligencia interna.
• El 48% cedió instalaciones o financió la represión.
• El 24% tuvo centros clandestinos en sus predios.

El Ingenio La Fronterita cumplió con todos esos parámetros. A principios de 2018, la Fiscalía federal, a cargo de Pablo Camuña, solicitó la indagatoria de seis miembros del directorio y administradores de la firma que gestionaron la empresa entre 1975 y 1983: Figueroa Minetti y Buttori, pero también Camilo Bergero, Carlos Allende Pinto, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos por el secuestro y las torturas sufridas por 68 personas —trabajadores fabriles y de surco—, 11 de ellas desaparecidas desde 1975, tras el Operativo Independencia, paso previo a la dictadura militar. La causa naufragó en manos del juez federal Daniel Bejas y la Cámara de Apelaciones de Tucumán, que dictó y confirmó la falta de mérito para los acusados.

En 2020 recién se logró revertir la situación y se acercó el juicio oral y público en 2022, pero comenzaron las dilaciones de las defensas: apelaciones, recusaciones, cuestiones de salud en las que jugó incluso la Corte Suprema de Justicia. El camino hacia el juicio quedó firme, pero los dos acusados que quedaron en pie recusaron a las juezas del tribunal Ana Farías y Cristina Giordano y solicitaron se los revise por su estado de salud. Cornú de Olmos quedó fuera de debate por incapacidad sobreviniente. El resto, falleció. Limbo otra vez.

“Queda en manos del tribunal terminar con este laberinto procesal para determinar si los acusados son o no responsables de complicidad en crímenes de lesa humanidad”, exigió el fiscal. En 2016, la familia Minetti vendió La Fronterita a la empresa Arca Continental —multinacional embotelladora de Coca-Cola—, que le cambió el nombre a Ingenio Famaillá.

Ledesma, el emblema de la impunidad agroindustrial

Los vericuetos que posibilitan que la impunidad se extienda, a 50 años de los hechos más terribles que han desangrado el país tras el genocidio de los pueblos originarios, no son exclusivos de la causa de La Fronterita. La responsabilidad empresarial agroindustrial en crímenes de lesa humanidad tiene, por lejos, un logo que la identifica de inmediato: el del jujeño Ingenio Ledesma. La causa que investigó la colaboración de la empresa comandada por Carlos Blaquier para posibilitar la persecución y las violaciones a los derechos humanos que sufrieron cientos de de habitantes de los pueblos de General San Martín y Calilegua durante la última dictadura es quizá la más conocida, pero no por buenas razones.

En 2012, la justicia federal jujeña procesó a Blaquier y a Alberto Lemos, exadministrador de la gigante azucarera, por haber aportado las camionetas en las que unas 400 personas, entre ellas más de 60 trabajadores del ingenio, fueron secuestradas durante los primeros meses del genocidio dictatorial en lo que se conoció como La Noche del Apagón. Blaquier y su empresa también aportaron los nombres de las víctimas, muchas aún desaparecidas.

Los hechos y el vínculo de Blaquier con las fuerzas represivas nunca estuvo en duda. Fue expuesto en el Juicio a las Juntas, en 1985, en la voz de Eulogia Garnica, una modista de Calilegua secuestrada junto a sus dos hijos en aquel operativo nocturno. Garnica fue encerrada y torturada en el centro clandestino de Guerrero y luego liberada en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. Sus hijos, Miguel Ángel y Domingo, y su marido, los tres trabajadores de Ledesma, permanecen desaparecidos.

En marzo de 2015, Eulogia todavía vivía y estaba en condiciones de declarar en contra de Blaquier, pero la Cámara de Casación —con las firmas de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky— revocó los procesamientos y se llevó puesta la esperanza de justicia. El expediente viajó a la Corte Suprema, en donde durmió durante 6 años. Para cuando los supremos se dignaron a tratarlo, dejaron sin efecto la decisión de la Casación y allanaron el camino hacia el juicio oral, fue demasiado tarde. Blaquier falleció impune dos años después. Lemos aún espera que le pongan el banquillo para ser el único acusado por las víctimas de La Noche del Apagón.

Ingenio Concepción, la impunidad biológica

Los directivos y administradores de Ingenio Concepción, un de los más grandes productores de azúcar y alcohol de caña de Tucumán hasta la actualidad, también murieron sin dar explicaciones por su complicidad y participación en crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983. El poder judicial no llegó a presentar cargos antes de que los alcance la impunidad biológica.

En los años previos al golpe, el ingenio estaba en manos de la Compañía Azucarera Concepción y empleaba a más de 8000 trabajadores entre actividades rurales y fabriles. Esa masa obrera fue fundamental en la lucha por recuperar la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia) de las garras de la burocracia sindical, así como en las peleas por mejorar las condiciones e impedir el reemplazo de puestos de trabajo en pos de incrementar la ganancia del empresarial. Resistieron cuanto pudieron el ingreso de las máquinas integrales, con las que buscaban reemplazar a más de 200 trabajadores por cada máquina. Y pagaron por eso.

Al menos 26 trabajadores fueron secuestrados entre los meses previos y el fin de la última dictadura. Todos eran activistas gremiales, la mayoría dirigentes de FOTIA o delegados del ingenio. Unos 21 permanecen desaparecidos. Existen pruebas de que la empresa integrada por la familia Paz aportó vehículos para los operativos de secuestro, muchos de los cuales sucedieron en las instalaciones de la empresa. Incluso, el genocida Antonio Bussi, comandante del Operativo Independencia y gobernador de facto de Tucumán, tenía un despacho propio en el Ingenio Concepción.

La trama represiva le permitió a la empresa aumentar sustancialmente la producción y achicar al mismo tiempo el plantel obrero. Para 1983, la planta del ingenio se había reducido a un cuarto. En 2017, la empresa había sido comprada por la agroquímica Atanor. En diciembre de 2025, tras renuncia al directorio de Ledesma, el Ingenio Concepción quedó en manos de Santiago Blaquier, hijo de Carlos.

Estas “gigantes” agroindustriales tienen “todo el poder” en el territorio en donde están emplazadas, apunta Basualdo. “Tienen relación con el poder político, con el poder judicial, condicionan lo que se habla y lo que no se habla en el territorio, Y por supuesto la dinámica de empleo y la dinámica económica”, puntualiza la investigadora.

Establecimiento Las Marías, dueños de la producción, el pueblo y la vida

Ese poder explica lo sucedido con las víctimas de la empresa yerbatera Establecimiento Las Marías y el juicio de lesa humanidad que culminó en 2018 con la absolución del único imputado, Héctor Torres Queirel. ¿Civil empresario? No, militar. Para la década de 1970, cuando la empresa se catapultó por encima de sus competidoras, Las Marías no era solamente una empresa yerbatera ubicada en las afueras de Gobernador Virasoro, en Corrientes, sino más bien un emporio provincial que ampliaba sus tentáculos hacia otras cosechas, la carne y la madera.

Controlada por la familia Navajas Artaza, la firma construía viviendas y aportaba dinero al gobierno municipal y provincial; del que algunos miembros de la familia llegaron a ser funcionarios. Tenía el control del pueblo en donde estaba emplazada. Sus habitantes trabajaban en sus campos, vivían en sus casas, jugaban en sus plazas, estudiaban en sus escuelas, compraban en sus almacenes.

Para la época del gran crecimiento de la empresa, sus trabajadores iniciaban su camino hacia el gremialismo, acercándose a la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Fatre). En paralelo, también se organizaban los peones de los campos que vendían su producción a la compañía. El proceso se terminaría pronto. “Acá se terminaron los sindicatos”, amenazó a los obreros Juan Carlos Sacco, el militar que comandó el operativo que ocupó el pueblo el mismo 24 de marzo de 1976. A Las Marías lo había llevado el propio Adolfo Navajas Artaza, presidente de la compañía.

Una veintena de obreros de Las Marías resultaron secuestrados, de los cuales por lo menos dos están desaparecidos: Neris Pérez, delegado sindical de FATRE, y Marcelo Peralta, trabajador tarefero tercerizado por la empresa. La causa judicial por los secuestros y las desapariciones de trabajadores de Las Marías avanzó a paso lento, desde los primeros años de reanudación de los juicios de lesa humanidad post caída de las leyes de impunidad.

Unos 20 jueces federales se excusaron de trabajar en el expediente aduciendo vínculos con la familia dueña de Las Marías. El juez 21, Tomás Chalup, sobreseyó a Navajas Artaza sin siquiera llamarlo a declarar. El juicio, que se llevó a cabo en Virasoro, en 2018, en condiciones de alta vinculación entre los y las jueces y juezas y los imputados, sentó en el banquillo a Torres Queirel, interventor militar de la ciudad durante el terrorismo de Estado, acusado por el secuestro y la desaparición de Peralta. Fue absuelto.

La dificultad para juzgar la responsabilidad empresaria

“No tengo ninguna duda de que avanzar hacia el juzgamiento de civiles es el segmento más difícil para alcanzar justicia. Incluso más allá de la intervención del Poder Judicial o de otros perpetradores civiles”, considera la abogada Elízabeth Gómez Alcorta, quien dirigió el programa Verdad y Justicia desde el que emanó el informe sobre responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad, y representó a trabajadores de la Ford víctimas de secuestros y torturas en la causa que logró condenas para funcionarios civiles de la empresa.

Y las razones, en su análisis, “son muchas”. En primer lugar, porque “muchos, no todos, de aquellos responsables de las cúpulas empresariales siguen teniendo poder 50 años después. Se siguen sentando en la mesa del círculo rojo”, destaca. Luego, señala al Poder Judicial “muy permeable al poder fáctico”. Las causas sobre las fuerzas militares y de seguridad ocurrió después de la caída de las leyes de impunidad, cuando “ya no se encontraban en una situación de puja de poder”, pero se resiste a “buscar prueba en territorios de los Techint, los Dálmine Siderca, los ingenios, las automotrices que todavía operan en el mercado nacional y muchas veces internacional”.

Por último, Gómez Alcorta menciona que el proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura “se piensa y establece en base a responsabilidades militares, con ciertas cadenas de mando, cierta lógica de fajina. En esa planificación, colocar la participación y la responsabilidad de gerentes y directivos civiles de empresas al Poder Judicial le cuesta mucho”. Todas esas empresas agroindustriales, al igual que las de otra índole pero de igual poder en otros puntos del país —las metalúrgicas y automotrices, las ceramistas y portuarias en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por ejemplo— se beneficiaron con el plan socioeconómico que se implantó a fuerza de terror durante el terrorismo de Estado de 1976.

“Nuestra historia y la historia del mundo nos ha enseñado que así como sólo se conquistan derechos a partir de la lucha, solo es posible quitarlos a través de la violencia”, remarca Gómez Alcorta, para introducir el efecto concreto del terror de la dictadura en la vida de los y las argentinos. “La relación capital-trabajo que se configuró por la enorme violencia de la dictadura y del terrorismo de Estado no volvió a revertirse”, puntualizó.

La abogada señala que para 1974 Argentina “había alcanzado casi el fifty-fifty” en cuanto a la distribución del ingreso entre el capital y los trabajadores. Para 1983, la parte de los trabajadores se redujo al 22 por ciento. A partir del ciclo liberal abierto en la década de los noventa con Carlos Menem y Fernando De La Rúa, reabierto con el macrismo y ahora con la llegada de la Libertad Avanza al poder "solo se han hecho ajustes a favor de la concentración del capital”, completa.

Molinos Río de La Plata, la otra empresa que llega al banquillo

Con el juicio oral y público contra los directivos de La Fronterita en suspenso, aún queda una carta que puede servir para romper la racha de la impunidad entre los empresario agroindustriales: la del conglomerado Bunge & Born, con el directivo Emilio Parodi en el ojo del Poder Judicial, imputado por su participación en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Según la investigación del Estado, el CELS y FLACSO, al menos 27 trabajadores de Molinos Río de La Plata y personas vinculadas a la gigante procesadora de harinas y aceites fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

“Veintiún personas se encuentran desaparecidos, cuatro fueron asesinadas, una sobrevivió al operativo y una niña fue víctima de apropiación”, contabiliza el registro exhaustivo. Algunas de esas personas fueron secuestradas en operativos que se llevaron a cabo dentro de la fábrica de la empresa en la localidad bonaerense de Avellaneda, en julio de 1976, nutridos de listas entregadas por la patronal. A las que faltaban, las fueron a buscar a sus casas.

La agenda judicial indica que en abril próximo el Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata comenzará a juzgar a Emilio Parodi, el gerente de la planta conurbana de la cerealera, por un puñado de esos hechos —el secuestro de tres trabajadores que permanecen desaparecidos—. Parodi fue detenido en julio de 2023, luego de una década de que los crímenes de Molinos comenzaran a ser juzgados.