OPINIÓN

Por Sergio Toletti*

El productor arrendatario está en una posición cada vez más exigente. Necesita tierra para producir, pero para acceder a ella debe competir en un mercado donde muchas veces el precio lo define quien puede pagar más en el corto plazo. Produce, arriesga, invierte, financia, organiza maquinaria, personal, insumos y logística, pero muchas veces se queda con un margen cada vez más fino y más inestable.

El arrendamiento no solo expresa el valor de la tierra. También expresa qué modelo productivo tiene más fuerza para quedarse con ella.

Ahí aparece una cuestión que muchas veces se naturaliza: gran parte de las mejoras productivas terminan siendo capturadas por el valor del alquiler. Cuando un productor mejora rindes, incorpora tecnología, ajusta manejo o logra mayor eficiencia, esa mejora no siempre queda en su margen. En muchos casos, en la siguiente negociación, se traduce en un alquiler más alto. Lo que el productor construye, el sistema lo absorbe.

Esto genera un incentivo perverso. El productor invierte, mejora, optimiza, se capacita y asume más riesgo, pero no necesariamente capitaliza ese esfuerzo en el tiempo. La mejora se vuelve transitoria, porque el aumento de productividad termina apropiado por el precio de acceso a la tierra.

A esto se suma el gasto de estructura del arrendatario. Maquinaria, personal, administración, fletes, financiamiento, combustible, insumos y servicios. Son costos que no desaparecen cuando el margen se achica. El productor necesita escala para diluirlos, pero esa misma necesidad lo empuja a competir por más superficie y, muchas veces, a convalidar alquileres más altos. Así, el sistema lo obliga a crecer para sostenerse, pero ese crecimiento también lo expone más.

La tierra propia y la Ley de Arrendamientos

Quien tiene parte de campo propio juega con otra lógica. Puede licuar el alquiler promedio de su esquema productivo combinando tierra propia con tierra alquilada. Esa diferencia, que parece técnica, es en realidad estructural: no todos compiten desde el mismo punto de partida. El acceso a tierra propia amortigua el impacto del alquiler y permite sostener decisiones productivas con más margen y estabilidad.

El arrendatario puro queda más expuesto. No solo al clima, a los precios y al financiamiento, sino también a una carrera donde cada mejora del sistema puede terminar elevando el costo de seguir dentro del sistema.

El problema se agrava cuando los contratos son cortos. La Ley de Arrendamientos Rurales habla de un plazo mínimo de tres años, pero en la práctica muchos acuerdos funcionan como si fueran anuales. Esa distancia entre la ley y la realidad genera una contradicción central: se sabe que el suelo necesita tiempo, pero se lo administra como si todo pudiera resolverse campaña por campaña.

Un contrato corto empuja al productor a pensar en el resultado inmediato. Nadie invierte con tranquilidad en mejorar un suelo, hacer una pastura, incorporar ganadería, diversificar, armar infraestructura o sostener una rotación larga si no sabe si el año próximo seguirá en ese campo. La inestabilidad achica el horizonte productivo.

Y ahí aparece otra tensión de fondo: la industria necesita homogeneidad para ser eficiente, pero el suelo necesita complejidad para mantenerse fértil. La lógica industrial busca procesos simples, repetibles y de gran escala. El suelo, en cambio, necesita diversidad de raíces, cultivos, residuos, tiempos, cobertura, animales, microorganismos y descanso.

Cuando el alquiler premia solo la capacidad de producir rápido y pagar más en el corto plazo, los sistemas más complejos quedan en desventaja. No porque sean menos valiosos o menos productivos en el largo plazo, sino porque necesitan tiempo, estabilidad y otra forma de medir resultados.

Por eso los arrendamientos rurales no definen solamente quién siembra. Definen qué se siembra, cómo se produce, cuánto se diversifica, cuánto se cuida el suelo y cuántos productores pueden permanecer en el territorio.

Antes, en algunas formas de arriendo, se hablaba de “quintas”, donde una quinta parte quedaba para el dueño. Hoy, aunque las cuentas no sean exactamente iguales, vemos que el acceso a la tierra puede llevarse una proporción mucho más pesada de la ecuación productiva. En muchos casos, el productor trabaja con una presión enorme: alquiler, impuestos, insumos, fletes, financiamiento, estructura y riesgo climático.

Retenciones y la renta de la tierra

En ese punto también aparecen las retenciones. Se pueden discutir, y de hecho deben discutirse, porque afectan directamente el precio que recibe el productor. Pero en el caso del arrendatario hay que mirar el mecanismo completo: si mañana se reducen o eliminan, no está garantizado que todo ese alivio quede en manos de quien produce. En un mercado donde muchos productores compiten por la misma tierra, parte de esa mejora puede terminar trasladándose al valor de los alquileres.

No porque la baja de retenciones no importe, sino porque el acceso a la tierra tiende a capturar buena parte de cualquier mejora en la rentabilidad potencial. Por eso el problema del productor arrendatario no se resuelve mirando una sola variable. Las retenciones pesan, pero el alquiler también. Y muchas veces el alquiler termina siendo el lugar donde se absorben las mejoras: mejores precios, mejores rindes, mejor tecnología o menor carga fiscal.

Si no se discute al mismo tiempo la renta de la tierra, una parte del alivio puede cambiar de bolsillo sin cambiar de fondo la fragilidad del productor que alquila. El propietario busca asegurar su renta. El arrendatario necesita seguir produciendo. El Estado muchas veces mira poco. Y así se naturaliza un sistema donde todos conocen la fragilidad del esquema, pero pocos lo cuestionan de fondo.

La discusión no debería ser contra el propietario ni contra el mercado. La tierra tiene valor y el mercado cumple una función. Pero la tierra no es un bien cualquiera. No es solo una superficie para producir commodities. Es suelo, paisaje, fertilidad, trabajo, pueblos, arraigo, biodiversidad y futuro.

Si el arrendamiento queda definido únicamente por la cuenta económica inmediata, ocurre algo más profundo: todo lo que mejora la producción —tecnología, manejo, conocimiento, eficiencia— tiende a ser absorbido por el valor del alquiler. Y entonces el sistema se vuelve cada vez más exigente para el productor y cada vez menos estable para la ruralidad.

Primero debe cerrar el alquiler. Después, si queda margen, se piensa en el suelo, en la familia rural, en el pueblo, en la diversidad productiva o en el largo plazo.

El problema es justamente ese orden.

Una ruralidad viva no puede ser el sobrante de una cuenta anual. La economía tiene que cerrar, pero también tiene que cerrar con el productor, con el suelo y con el territorio. Porque cuando solo cierra el alquiler, muchas veces deja de cerrar todo lo demás.

Qué modelo de ruralidad y de país

Discutir los arrendamientos rurales es discutir qué agricultura queremos: una agricultura donde las mejoras productivas terminan concentrándose en el valor de la tierra, o una agricultura capaz de sostener productores, cuidar el suelo y construir una ruralidad que tenga futuro.

Pero detrás de todo esto hay una pregunta todavía más profunda. Tal vez el problema no sea solamente que los alquileres suben, que los productores necesitan más escala o que los márgenes se achican. Tal vez también deberíamos preguntarnos por qué el sistema necesita empujar permanentemente hacia alimentos cada vez más baratos.

No se trata de negar la importancia de que la comida sea accesible. Una sociedad necesita que todos puedan comer. Pero hay una diferencia enorme entre alimentos accesibles y alimentos artificialmente baratos a costa de esconder costos. Porque un alimento no tiene solo precio. También tiene valor.

Tiene el valor del suelo que lo produjo, del productor que lo hizo posible, del paisaje que sostiene, del bienestar animal, de la fertilidad futura, del trabajo local, de la biodiversidad y de la ruralidad que mantiene viva.

El problema aparece cuando una sociedad, en vez de preguntarse cómo hacer para que la gente pueda pagar lo que los alimentos realmente valen, le exige al sistema productivo que produzca cada vez más barato. Y para producir barato se empuja escala, estandarización, concentración, presión sobre la tierra, contratos cortos, alquileres altos y menos productores.

La comida barata, entonces, no es un hecho aislado de la góndola. Tiene consecuencias hacia atrás. Presiona sobre la industria, sobre el comercio, sobre el productor, sobre los márgenes, sobre la escala necesaria para sobrevivir y, finalmente, sobre la tierra.

Lo mismo ocurre con cualquier alimento producido con más cuidado. Si el alimento se mira solo como una mercancía barata, gana el sistema que produce más kilos al menor costo. Pero si ese alimento también expresa suelo, trabajo, bienestar animal, paisaje, productor presente, menor impacto y ruralidad viva, entonces su valor es otro.

El punto incómodo es que no alcanza con pedirle al consumidor común que pague más. Muchas familias no pueden hacerlo. Pero eso no significa que los alimentos producidos con más cuidado no valgan lo que cuestan. Significa que el poder de compra está mal distribuido y que el sistema termina resolviendo esa dificultad por el lado más débil: exigirle al alimento que sea cada vez más barato.

Lo barato sale caro

Capacidad económica en el mundo hay. Tecnología, logística, conocimiento y producción también. El problema es que esa capacidad no llega de manera equilibrada a quienes todos los días tienen que comprar alimentos, ni tampoco llega de manera suficiente a muchos productores que sostienen sistemas más complejos, con más trabajo, más cuidado del suelo y más presencia territorial.

Entonces se resuelve mal una pregunta profunda. En vez de discutir cómo hacer para que la gente pueda acceder a alimentos que expresen su verdadero valor, se fuerza al sistema productivo a bajar costos permanentemente. Y esa baja no es gratis. Muchas veces se paga con más escala, más concentración, menos productores, contratos más cortos, alquileres más altos, menor diversidad y más presión sobre el suelo.

Así, la comida barata puede terminar funcionando como compensación de una sociedad donde mucha gente tiene bajo poder de compra. Como muchos no pueden pagar lo que un alimento realmente vale, se le exige al campo que produzca más barato. Pero ese abaratamiento no desaparece: se traslada. Lo pagan el suelo, los animales, los productores, los pueblos y la ruralidad.

Tal vez el verdadero problema no sea que los alimentos producidos con más cuidado sean caros. Tal vez el problema sea que construimos una sociedad donde mucha gente solo puede acceder a alimentos baratos, aunque ese abaratamiento destruya productores, simplifique suelos y debilite la ruralidad.

Cuando una sociedad no distribuye suficiente poder de compra para pagar lo que vale producir bien, termina exigiendo que el campo produzca barato. Y muchas veces ese costo no aparece en la góndola: aparece en el suelo, en los pueblos, en los productores que desaparecen y en los arrendamientos que definen quién puede seguir produciendo.

*Ingeniero agrónomo. Autor de los libros "Trascender la Escasez" y "Cerdos al Pasto".

**Título original: "Arrendamientos rurales: cuando producir depende de poder pagar la tierra".