El Poder Judicial ordenó un límite de 500 metros terrestres y 3000 mil aéreos para la aplicación de agrotóxicos en el paraje El Chañaral. Un análisis del INTA encontró glifosato, atrazina y 2,4-D. "Las fumigaciones son otra manera de desalojar a las comunidades", denuncian ante el accionar indiscriminado por parte de los empresarios del agronegocio.
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Agrotóxicos en el agua del partido bonaerense de Ayacucho
El INTA confirmó la presencia de glifosato en el agua del partido bonaerense de Ayacucho. Los vecinos y vecinas denuncian fumigaciones sin control y señalan los impactos en la salud: problemas respiratorios, cáncer y abortos espontáneos. La ordenanza local contempla 500 metros libres de fumigaciones, pero desde la asamblea local afirman que no se cumple.
Niñas de una escuela rural de Baradero con glifosato en el cuerpo y fumigaciones sin control
El 40 por ciento de los análisis en una escuela rural de Baradero dieron positivo de agrotóxicos. Las niñas y una docente tienen el herbicida glifosato en la sangre. Las organizaciones, asambleas y familias exigen que se alejen las fumigaciones a más de 1000 metros y que el Estado realice estudios. El Municipio propone solo 250 metros de protección.
Lluvia de agrotóxicos en Lobos: pesticidas en pozos de agua, plazas y escuelas
Un estudio científico impulsado por vecinos y realizado por el INTA determinó presencia de agroquímicos en pozos de agua, espacios verdes de la ciudad y hasta en el agua de lluvia. El intendente, Jorge Etcheverry, es productor agropecuario y fue presidente de la Sociedad Rural, entidad que impulsa una ordenanza de “cero metros” de protección frente a las fumigaciones.
Pergamino: la restricción a las fumigaciones redujo la contaminación del agua
Un informe técnico del INTA precisa que se redujeron la cantidad de moléculas de agrotóxicos detectadas en las muestra de agua de la ciudad núcleo del agronegocio bonaerense.
Selecciones |10, 2025
Retenciones a la exportación de granos: ¿Qué país queremos?
El cobro del impuesto a las exportaciones de granos sin distinguir entre pequeños productores y grandes arrendatarios colabora con la idea de que la disputa es entre el Estado y un “campo” que no existe, en un contexto global de concentración de la tierra. Una política pública de segmentación de las retenciones permitiría democratizar el uso del suelo y acercar a los productores con los sectores populares.