Vicentin era una de las grandes agroexportadoras de Argentina. Se declaró en "estrés financiero" y luego fue a concurso para dejar deudas millonarias a productores, cooperativas y al Banco Nación. Luego de años de complicidad del Poder Judicial y de sectores políticos, la empresa quedó en manos del Grupo Grassi, que funcionará en tándem con las multinacionales Cargill y Bunge. Crónica de los manejos para la mayor extranjerización de un sector clave y un modelo de ladrones de traje y corbata.
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Milei y la soja: los peores negocios para la soberanía
Las empresas agroexportadoras son las grandes ganadoras del modelo agropecuario centrado en la soja transgénica, apoyado por todos los gobiernos. El presidente Javier Milei es su nuevo gran socio como lo demostró con la decisión de bajar a cero las retenciones para los granos. ¿Qué aprendizaje dejó el caso Vicentin? ¿Qué propuesta pensar desde el campo popular?
Pensar la época: “El obstáculo para pelear colectivamente es la clase política y la burocracia sindical”
Daniel Yofra es secretario general del poderoso sindicato de Aceiteros, que obtiene las mejores paritarias del país y confronta con las agroexportadoras. Crítico de los gobiernos, de las empresas y de la CGT, hace un llamado a la organización y a la lucha sindical, con la huelga como pilar, para cambiar el presente de pobreza. "El salario no lo tiene que fijar el mercado sino las necesidades de los trabajadores y trabajadoras", afirma.
“El caso Vicentin es representativo de lo que hace el poder económico en Argentina”
Andrés Cedrón es el director del documental “Cuellos Blancos. El caso Vicentin”, que describe la causa judicial por delitos económicos de la empresa y la vinculación de la cerealera con el poder político y judicial. "Hay gobiernos que les ofrecen todos los beneficios y otros que no intentan recuperar derechos, no quieren tocar esos intereses", afirma.
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Selecciones |01, 2026
Alerta en defensa de los glaciares: Milei y gobernadores quieren entregar el agua a las multinacionales mineras
Con un proyecto de ley a medida de las empresas mineras internacionales, el Presidente y los gobernadores cordilleranos impulsan el desguace de la Ley de Glaciares. De aprobarse, cada gobierno provincial decidirá qué reservorio de agua se puede destruir para beneficiar al extractivismo. Especialistas afirman que la norma será inconstitucional y habrá judicialización. Rechazo unánime de organizaciones socioambientales, movimientos campesinos, pueblos indígenas y académicos que defienden el agua.