El cobro del impuesto a las exportaciones de granos sin distinguir entre pequeños productores y grandes arrendatarios colabora con la idea de que la disputa es entre el Estado y un “campo” que no existe, en un contexto global de concentración de la tierra. Una política pública de segmentación de las retenciones permitiría democratizar el uso del suelo y acercar a los productores con los sectores populares.