Por Mariángeles Guerrero

El Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercado Común del Sur (Mercosur) es un Tratado de Libre Comercio (TLC) que incluye cooperación, diálogo político y comercial. A nivel del comercio implica la reducción o anulación (según el caso) de aranceles para el intercambio del 91 por ciento de bienes primarios y manufacturados entre ambos bloques. Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que integran el Mercosur, continuarán ofreciendo materias primas. Y recibirán de Europa productos con mayor desarrollo tecnológico, mayor valor agregado y provenientes de industrias que requieren más puestos de trabajo y mejor calificados, en desmedro de las fuentes de trabajo y de la industrialización interna de los países sudamericanos.

“El acuerdo no es una solución real para los países del Mercosur, sino que refuerza el modelo orientado a la exportación, traslada costos ambientales, económicos y sociales muy altos para nosotros. Y debilita la soberanía alimentaria, la justicia climática y la justicia ambiental a nivel internacional”, advierte María Fernanda López, coordinadora de Comunicación de Tierra Nativa Argentina y de Amigos de la Tierra América Latina. Desde Tierra Nativa participan en la Asamblea Argentina sin TLC.

Luciana Ghiotto es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) sobre temas de economía política internacional. También coordinó la Plataforma América Latina Mejor sin Tratados de Libre Comercio. “En este contexto global, la Unión Europea y Brasil, principalmente, quieren mostrar que hay una tercera vía que no es ni aliarse con China ni supeditarse a los deseos de Estados Unidos. Intentan mostrar que hay una tercera vía, más vinculada con el multilateralismo”, señala.

Y agrega: “Pero desgraciadamente están eligiendo un mecanismo nefasto que es este tratado de libre comercio, que profundiza la dependencia y la subordinación económica del bloque del Mercosur a las grandes corporaciones europeas”.

El Acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) lleva más de 25 años de negociación. El aspecto comercial generó mayores controversias debido a la desigualdad productiva de ambos bloques. Inclusive, la UE dividió el tratado (lo que se denominó “split”), para una aprobación más acelerada por parte del Consejo Europeo. El acuerdo finalmente se firmó el 17 de enero en Asunción. Sin embargo, esta semana, el Parlamento Europeo frenó su implementación, lo que inaugura una nueva etapa de incertidumbre sobre su aplicación.

Con la firma, el acuerdo entró en vigencia de forma provisoria. Pero si el Parlamento Europeo lo rechaza, el proceso da un paso atrás. ”Ahora la presión no es por países, es por bloques económicos y políticos. Se va a dar por parte de grupos políticos, especialmente los que están en el centro y los liberales. Algunos tienen dudas sobre el tema ambiental y, otros, sobre los impactos económicos”, explica Ghiotto. 

En el Atlas del Agronegocio. Datos y hechos sobre la industria de alimentos, la investigadora Sophia Murphy señala que empresas multinacionales como Nestlé y Unilever tienen estrategias comerciales basadas en abrir nuevos mercados de forma permanente. De allí la importancia de la reducción o la eliminación de aranceles entre países para el comercio, fenómeno que comenzó principalmente en la década del 90 y que tuvo un nuevo boom tras la crisis de 2008. “Los tratados comerciales y de inversión se cierran entre Estados. Pero su función principal es impulsar los negocios de las empresas”, expresa.

Desde la Red de Ecología Social (Redes-Amigos de la Tierra) de Uruguay hacen una valoración global de los tratados de libre comercio. En un análisis que elaboraron las investigadoras Viviana Barreto y Natalia Carrau en septiembre pasado, cuestionan: “Tal como los conocemos ahora (fuertemente dominados por las lógicas que promueven Estados Unidos y la Unión Europea) son el máximo exponente de liberalización comercial y económica en el mundo (...) cuentan con capacidad de incidir en la toma de decisiones de los países respecto a sus estrategias de desarrollo”. 

Mercosur-UE: jugo de naranja a cambio de vacunas

La Unión Europea (UE) es el segundo socio comercial del Mercosur; perdió el primer lugar con China en 2016. La canasta de lo que se vende a los socios comerciales del Mercosur está fuertemente primarizada. En 2025, por ejemplo (según datos del propio bloque comercial), los principales productos exportados fueron: combustibles minerales, aceites minerales, ceras minerales; semillas y frutos oleaginosos, paja, forrajes y carnes. Importó reactores nucleares, calderas, material eléctrico y combustibles minerales.

Ghiotto explica que hay una balanza comercial en la que los países del Mercosur envían a la UE productos de bajo valor agregado. Por ejemplo, jugo de naranja, café, mineral de hierro, productos agrícolas como carne vacuna, porcina, aviar y soja. Y los productos que recibe el Mercosur son manufacturas de mediano y alto valor agregado, que tienen mayor nivel tecnológico (autos, aviones, vacunas). Son manufacturas más avanzadas en términos de patentes y propiedad intelectual, que requieren muchos años de investigación, personal calificado, tecnología y laboratorios. 

Redes-Amigos de la Tierra señala, en el estudio citado, que el aumento del valor agregado de la canasta exportadora está asociado a mejores indicadores en materia de desarrollo. Implica mayor inversión en educación, en innovación, en tecnología y en el fortalecimiento de las empresas nacionales. Pero el Acuerdo Mercosur-UE no incluye mecanismos de transferencia de tecnología, protección de la legislación nacional y protección del derecho al desarrollo de los países firmantes.

Para extraer minerales sin valor agregado o para vender commodities no es necesaria una gran cantidad de mano de obra. Además, abrir la importación de productos ya industrializados en Europa afectará la mano de obra ya existente, especialmente en el sector automotriz. También se verá afectada la agricultura familiar, las economías regionales y las Pymes.

Autos europeos y más desocupación

La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) celebró la rúbrica del acuerdo en Asunción —antes de que el Parlamento Europeo lo frenara—. Ghiotto señala que el arancel (del 34 por ciento) que hoy protege la producción automotriz en la región caerá a cero en 15 años. Al ser más barato importar, se perderán puestos de trabajo en el sector. 

El Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior (ODEP) estima que cerca de 186.000 puestos de trabajo industriales (133.000 registrados y 53.000 no registrados) se podrían perder tras la firma del acuerdo. Los rubros más afectados son sectores industriales de metalmecánica (48.000 puestos de trabajo asalariados), sensibles (calzado, textil, marroquinería, muebles; 47.000), autopartes (32.500), química (19.000) y automotor (9.500).

El descalabro de la industria automotriz significará, para Ghiotto, “el desarme concreto del Mercosur”. Explica: “Hoy este bloque —en términos productivos— está basado especialmente en el sector automotriz. Al liberalizar el sector, no habrá ningún incentivo para que esas empresas se queden en la región, generen empleo local y que haya un encadenamiento productivo entre los países”. Con “encadenamiento productivo” se refiere al comercio de autopartes entre Brasil y Argentina. 

También las Pymes que abastecen a la industria de automotores serán afectadas. Sin embargo, no tuvieron ninguna instancia en la negociación del acuerdo ni se agregó ninguna salvaguarda para ese sector.

Durante 25 años de negociación no se hicieron consultas públicas, especialmente en el Mercosur. “El tema se torna completamente opaco, no hay transparencia, no hay diálogo social, no se incorpora a los sectores afectados ni se busca un plan B para ellos”, critica Ghiotto.

Más renta para el agronegocio

El tratado establece una lista con períodos para la eliminación de aranceles para productos argentinos (soja y derivados, harinas de trigo, minerales e hidrocarburos, cueros, corcho, papel o cartón, acero, productos químicos, entre otros) y para Uruguay (cueros). En el caso de Brasil se permite la aplicación de derechos a las exportaciones de minerales y tierras raras, aunque con un límite del 25 por ciento para su gravamen, asegurando un tratamiento preferencial para las exportaciones a la UE frente a terceros destinos. 

Redes destaca que, en el resumen que publicaron todos los países al anunciar la firma en 2024, Brasil fijó en cero los impuestos a la exportación de materias primas identificadas como claves para la diversificación de la UE (transición energética y digital): níquel, cobre, aluminio, materias primas siderúrgicas, acero, titanio. 

El “ganador” local de este acuerdo es el agronegocio y las exportadoras. “Al priorizar el acceso a mercados externos por sobre los circuitos locales y la agricultura familiar e indígena, puede verse reducida la capacidad de abastecer a los mercados internos”, alerta López. Y cuestiona que tampoco se hayan incluido medidas para proteger a la agricultura familiar, lo que probablemente “intensifique las desigualdades”.

Considera que el tratado desincentiva la diversificación y el valor agregado que le pueden dar a esos productos las comunidades campesinas e indígenas. Y que desplaza “a las producciones tradicionales orientadas a fortalecer los mercados internos y la soberanía alimentaria”.

Desde La Vía Campesina, a ambos lados del Atlántico, celebraron el freno del Parlamento Europeo. “Esto no fue casualidad, fue lucha organizada. Resultado de la resistencia de campesinas y campesinos que ocuparon las calles. Es la prueba de que la organización popular es capaz de frenar proyectos que amenazan nuestra soberanía alimentaria y nuestros territorios”, dijeron desde La Vía Campesina en América Latina, en un comunicado.

Medidas proteccionistas para el agro europeo

Si bien el acuerdo implica la liberalización del 90 por ciento de los productos, los principales bienes de exportación desde el Mercosur (carne, arroz, azúcar, miel, etanol y jugo de naranja) seguirán estando sujetos a cuotas de importación para ingresar al mercado europeo. Esto se debe a que el reglamento de salvaguardias agrícolas que impuso unilateralmente la Unión Europea proporciona un nivel adicional de seguridad a los agricultores europeos, más allá de la introducción gradual de cuotas específicas, acordadas con el Mercosur para las importaciones en sectores sensibles. 

"En caso de un aumento imprevisto y perjudicial de las importaciones procedentes del Mercosur o de una disminución indebida de los precios para los productores europeos, el reglamento establece plazos más acelerados que el mecanismo de salvaguardias estándar contenidos en el Tratado. Pasa de cuatro meses a 21 días para activar las medidas provisionales y de doce a cuatro meses para concluir las investigaciones que permitan la aplicación definitiva de la medida de protección", puntualizan desde Redes.

Y cuestionan que esta salvaguarda haya sido introducida como una decisión unilateral de la UE, luego del inicio del proceso de ratificación, y que pueda modificar sustancialmente las condiciones de acceso y competencia de los productos mercosureños. Para Redes esto puede implicar una violación a la obligación de cumplir de buena fe este tipo de acuerdos, establecido en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969).

Además, los gobiernos de Europa benefician con subsidios la producción agrícola en sus países. Redes menciona: “La industria láctea es uno de los sectores que se benefician con subsidios y otras ayudas internas en la UE. La potencial competencia con productos europeos, subsidiados y altamente competitivos, ha generado preocupación en el Mercosur”.

La Unión Europea también estableció la protección de productos con “indicadores geográficos” (IG). Es decir, aquellos productos que son relevantes por su procedencia geográfica, como jamones y quesos, para evitar imitaciones. La UE incluyó más de 350 denominaciones de indicaciones geográficas. El Mercosur agregó la protección de un poco más de 200 IG referidas a quesos, vinos, bebidas y alimentos. 

Desde La Vía Campesina en Europa cuestionaron la baja de aranceles. “Este acuerdo, negociado a puerta cerrada y bajo premisas anticuadas, prioriza los intereses de la agroindustria sobre el sustento de las y los agricultores y trabajadores agrícolas. Al eliminar los aranceles sobre más del 90 por ciento de los productos, intensificará la competencia desleal, exponiendo a las y los agricultores europeos a importaciones producidas bajo estándares sociales, ambientales y sanitarios que no son equivalentes en la práctica y, a menudo, imposibles de controlar eficazmente”, sostuvieron.

Pasivos ambientales en el sur

“Cuando avanza el agronegocio, los impactos no son solo económicos, sino también ambientales: en los territorios, en la salud de las personas y en las condiciones laborales. También hay una pérdida de las producciones tradicionales que conllevan saberes ancestrales”, subraya López.

Una mayor demanda de commodities significará más deforestación y expansión de monocultivos en la región, poniendo en peligro biomas ya afectados como el Chaco, la Amazonía y el Cerrado brasileño. También significa más uso de agrotóxicos, pérdida de biodiversidad y uso desmedido del agua.

El texto del acuerdo incluye un capítulo de normas sanitarias y fitosanitarias que organiza distintos procedimientos y plazos que deben cumplirse para exportar productos agrícolas a la Unión Europea. Pero no incluye compromisos sobre reducir el uso de agrotóxicos ni mecanismos que garanticen que los productos que se exporten cumplan con estándares de seguridad.

Tampoco obliga a adoptar normas de patentes para semillas. Pero, indica López, al no haber ninguna cláusula que considere el uso de semillas o el tipo de trabajo de la tierra y de producción, se puede fortalecer la posición de las empresas que comercializan semillas genéticamente modificadas y que cuentan con propiedad intelectual.

“No hay mecanismos explícitos que garanticen derechos colectivos sobre las semillas tradicionales ni la protección de conocimientos indígenas o los saberes ancestrales frente al sistema de patentes occidental más restrictivo”, agrega.

López marca que no hay una regulación marcada de la protección del uso del suelo. Y concluye: “Esto seguramente acelere la crisis climática en un contexto de políticas neoliberales. Es muy probable que no se cumplan con las metas del Acuerdo de París y otras que tienen consenso en la ONU”.

Redes señala que, si bien se reconoce en el Acuerdo la interdependencia que existe entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales, las palabras que más destacan a lo largo del capítulo son condicionales: “Las partes deberían”, “cada parte se esforzará”. “Las mismas no exigen la adhesión concreta a principios o convenciones, no están sujetas a ningún mecanismo y son por tanto voluntarias”, dice el análisis de la organización uruguaya.

Agrega que “de alguna manera” se alude al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, al igual que en el Acuerdo de París. Y se establece el compromiso de tomar medidas para detener la deforestación para el año 2030. Sobre este punto, la UE, en 2019, estableció una medida unilateral que implica no recibir productos del Mercosur provenientes de zonas deforestadas. Dicha decisión entrará en vigencia este año. Sin embargo, el problema radica en establecer la trazabilidad (el origen) de los bienes comercializados.

El control de lo que se exporte desde el Mercosur recaerá en los puertos europeos. Los exportadores podrán autocertificar sus exportaciones, ya no con un control en el puerto de salida. Dice Ghiotto: “El acuerdo está armado para pasar por encima de la burocracia aduanera. Así, los controles son mucho más difíciles de establecer y de mantener en el tiempo”.

Uno de los capítulos incorporados a partir de la renegociación del presidente de Brasil refiere “al Acuerdo de París sobre cambio climático como un elemento esencial”. Y permite que el TLC sea suspendido si una de las partes se retira del Acuerdo de París.

Sin embargo, tal como señala el informe “El Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Estudio integral de sus causas y efectos”, elaborado en 2019 por Ghiotto y Javier Echaide, alerta que la implementación del Acuerdo aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación. Las estimaciones sobre las emisiones de dióxido de carbono varían de menos del 1 por ciento al 30 por ciento. Esto se debe al aumento del agronegocio y los monocultivos en el sur y al aumento de la circulación de buques comerciales de un continente al otro.

25 años de negociación a puertas cerradas

El Mercosur, como bloque, tiene pocos tratados, ninguno de la magnitud del que negocia con la Unión Europea. Cuenta con acuerdos de cooperación con Bolivia (que fue incorporado al bloque en 2023), Chile, Colombia, Cuba, Comunidad Andina, Egipto, India, Israel, México, Perú y la Unión Aduanera de África del Sur. El proceso de diálogo con la UE se caracterizó por la falta de transparencia. Recién en 2019 se conoció el contenido del acuerdo, tras casi 20 años de diálogo multilateral. Anteriormente, en 2017, Greenpeace había logrado filtrar algunos datos.

Este acuerdo estuvo atado a los vaivenes políticos a uno y otro lado del océano. Encontró escollos con el freno, en 2005, al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), con Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner a la cabeza; y a la crisis de la Organización Mundial de Comercio. 

El primer cierre de este acuerdo fue en 2019. En ese año coincidieron Jair Bolsonaro y Mauricio Macri en los gobiernos de Brasil y Argentina. En ese contexto, en apenas seis meses, la Cancillería argentina retiró todos los requerimientos que había pedido el país (llamadas “líneas rojas”) entre el 2012 y el 2015, respecto a la protección industrial.

Ghiotto considera que la firma en Asunción se dio en un momento geopolítico particular, especialmente desde la asunción del segundo gobierno de Donald Trump. La especialista señala que es la respuesta a su modalidad de comercio global basada en la “política del garrote”, en la que Estados Unidos viola unilateralmente todos los tratados de libre comercio de los que es parte.

Desde la oposición al ALCA a la defensa de este acuerdo parece haber pasado mucha agua bajo el puente. Brasil, bajo la tercera presidencia de Lula da Silva, se convirtió en uno de los principales impulsores del acuerdo. Para Ghiotto, el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) se convirtió “en un gobierno de centro más que de centro izquierda”. Agrega: “Es distinto el gobierno del PT actual que el gobierno del PT de hace 20 años”.

No obstante, matiza: “También hay que decir que Brasil en particular logró torcer algunos elementos del acuerdo que habían estado en el acuerdo cerrado en 2019”. Por ejemplo, el capítulo de compras públicas, en donde los países del Mercosur tenían que abrir todas las licitaciones públicas a las empresas europeas. Brasil utiliza las compras públicas como un elemento de desarrollo interno, para privilegiar consorcios de Pymes o corporaciones nacionales. Argentina, en cambio, no se pronunció al respecto.

Sin participación social, con pasivos sociales y ambientales en nuestro territorio y aún un interrogante sobre el curso final de este acuerdo, desde la sociedad civil rechazan su aprobación. “Hace 25 años que los movimientos sociales rechazamos este acuerdo porque trae las mismas falsas soluciones que nos proponen desde hace 500 años”, dice López. 

Y concluye: “Quienes rechazamos este acuerdo apostamos a políticas públicas regionales que sean viables, que tengan una cooperación regional y que hagan un uso del Mercosur como un espacio fuerte, en el que podamos autoabastecernos regionalmente”.