La movilización del pueblo mendocino consiguió la aprobación de la Ley 7722, que defiende los ríos de la megaminería metalífera. La sanción fue el 20 de junio de 2007. Pese al lobby minero, a la connivencia del sector político y a sus intentos de modificarla, la norma sigue vigente como la convicción popular de que "el agua de Mendoza no se negocia".