El paquete de programas de políticas alimentarias y transferencia de ingresos aplicado por el Gobierno durante el año de pandemia para la población de menos recursos alcanzó a cubrir solo el 30 por ciento del déficit alimentario y el 20 por ciento de las necesidad de ingresos, según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que analizó la ejecución y alcance del conjunto de esas políticas hasta el tercer trimestre de 2020, y anticipa una reducción real para el presupuesto 2021 en el conjunto de los programas de asistencia y recomienda ir hacia un programa de ingreso universal ciudadano.  

El informe elaborado por Claudio Lozano y Samantha Horwitz analiza el conjunto de los programas sociales de políticas alimentaria --Tarjeta Alimentar, Comedores Escolares, Comedores Comunitarios y Merenderos, Complemento Alimentario, Asistencia ProHuerta-- y  de transferencia de ingresos --AUH, IFE, Potenciar Trabajo y becas Progresar-- en un año en el que la crisis económica y social generada por la pandemia de la Covid-19 llevó la pobreza al 47% de la población y la indigencia al 12,4 por ciento.

El documento reconoce que “los refuerzos otorgados en el marco de la emergencia sanitaria han sido centrales para contener la situación social pero no han evitado el fuerte deterioro”, pero advierte que “la cuantía de la inversión social es insuficiente”. Por otra parte, subraya que el Presupuesto 2021, si bien mantendrá el alcance de la cobertura, sufrirá un recorte nominal por la ausencia de partidas adicionales que existieron en 2020 y otorgará menor presupuesto en términos reales.  

“El problema más importante en el diseño de 2021 es asumir que la pandemia en el próximo año queda superada, y que con ella también desaparecen los efectos sociales y laborales, que se gestaron y agudizaron en su curso”, advierten en el informe. Alarma que toma mayor relevancia con el crecimiento de contagios y la posibilidad latente de una segunda ola de casos de coronavirus en 2021, que vuelva a resentir la economía. 

El lejano piso de la canasta básica

El informe de IPyPP plantea un “criterio de suficiencia” para las ayudas mensuales prestadas per cápita al estimar los montos transferidos en relación a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), medición del INDEC que indica el monto mensual que precisa una familia para cubrir sus necesidad alimentarias, y la población total en situación de pobreza e indigencia.   

Respecto de las transferencia en políticas alimentarias hasta el tercer trimestre del 2020, el gobierno había destinado 88.169 millones de pesos, lo que significaría una transferencia mensual estimada de 1.743 de pesos a cada persona que pasa hambre en nuestro país.

“Esta cifra varía al interior de cada provincia, siendo que en algunos casos la magnitud de recursos en términos de asistencia alimentaria no acompaña los elevados niveles de indigencia, como sucede en Buenos Aires ($1.548) o Santa Fe ($1.022)”, precisa el informe.  Si el ingreso per cápita promedio a nivel nacional es mesurado con el costo de la canasta básica “cubre únicamente el 30 por ciento del monto necesario para atender las necesidades alimentarias de una persona”, sentencia.  

Además, el documento precisa cómo el alcance de las políticas alimentarias es menor en provincias como Buenos Aires, territorio que concentra los mayores índices de indigencia del país: “Una persona que pasa hambre lograría cubrir con la medida de ayuda mensual solamente el 25 por ciento del valor de una canasta alimentaria”, mientras que en otras provincias se encuentran por debajo del promedio nacional son Córdoba (29%), Chubut (22%), Tierra del Fuego (22%) y Santa Fe (16%). 

El informe suma luego los recursos destinados a los programas alimentarios (88.169 millones de pesos) a los montos ejecutados de los programas de transferencias de ingresos (439.191 millones) para alcanzar un total de 527.360 millones de pesos destinados por el Estado para asistencia social. 

Tomado el monto total de las transferencias realizadas para las poblaciones de menos recursos, el informe precisar que el promedio nacional se ubicaría en 2.746 pesos per cápita, “cifra que si se la compara con el nivel de ingreso que una persona necesitaría para no ser pobre, alcanza a cubrir solamente el 19 por ciento”. 

“La fragmentación y descentralización de los programas sociales disminuyen la efectividad de la respuesta pública. El único camino posible para conformar un piso de ingresos para la población son los programas de transferencia de ingresos de carácter universal: Una renta básica universal acorde a las necesidades alimentarias junto con un programa de empleo y formación garantizado en línea con el salario mínimo”, concluye el informe.