Por Anabel Pomar

Cobertura conjunta entre Tierra Viva y Revista Cítrica

La sala de audiencias está dividida con un enorme vidrio blindado, del techo al piso. La puerta es custodiada por la policía. El ambiente es más pesado que el vidrio. El tabique transparente parte la sala en dos y separa a las personas presentes. De un lado del vidrio se ubican el público general y la prensa. Allí está un grupo de mujeres, familiares de los acusados. Del otro lado se ubican los jueces, el fiscal, la querella, las denunciantes y la defensa con los acusados. En ese lado, escasos metros separan a la víctima y denunciante de quienes se sientan hoy en el banquillo de los acusados: productores, aplicadores, y funcionarios públicos municipales; protagonistas de un juicio con pocos precedentes.

Si bien las denuncias por contaminación con agrotóxicos tienen décadas en Argentina, uno de los más fumigados del mundo, no es habitual, muy por el contrario, que esos delitos contra la salud y el ambiente lleguen hasta esta instancia de juicio.

"Cuándo sentía el olor a químicos encerraba a mis hijos en la casa"

Promediando las audiencias, seis realizadas hasta el momento de las diez calendarizadas, la sala vivió los momentos más desgarradores con las declaraciones y el testimonio de las víctimas directas.

Las primeras en declarar fueron Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, ambas querellantes en el juicio, representadas por los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro. Le siguieron, Luciano Marina, Pedro Ortiz, Fabricio Riquelme Ortiz e Isabel Muñoz, todos testimonios prestados en las audiencias de febrero. Y, la de Gustavo Baronio, Paola Díaz, Silvana Mansilla, Carlos Steigewald e Hilda Castañarez, en la que fue la primera audiencia de marzo, efectuada el 4 de marzo en el Tribunal Oral Criminal Federal N°2 de Rosario. Todas vecinas y vecinos de campos fumigados que denuncian los problemas de salud, o los fallecimientos, ocurridos en los lugares a donde debían sentirse a salvo, sus propios hogares. En barrios de Pergamino, y en Ayerza y Peña, pueblos ubicados en el distrito del mismo nombre que la ciudad cabecera.

Paola Díaz, quién vio a su hija de 11 años morir de leucemia, recordó entre lágrimas cómo era vivir con las fumigaciones en su barrio. “Cuándo sentía el olor a químicos encerraba a todos mis hijos en la casa. Cerraba las ventanas. Nos metíamos adentro.” Pero eso no alcanzaba y recuerda, “a las dos horas, mis hijos volvían a jugar en el patio y volvían sin voz. En la salita de salud, en consulta, nos decían que no era nada”. Pedro Ortiz, vecino de Pergamino, relató el padecimiento de sus nietos y lamentó: “Mucho pasar de todo… es mucho el daño, por un pedacito de tierra, envenenaron a tanta gente”.

Agrotóxicos en Pergamino y enfermedades

En sus testimonios, las y los vecinos relatan los padecimientos que las fumigaciones les han provocado. Leucemia, cáncer, problemas de desarrollo, dificultades espiratorias, enfermedades inmunes, alergias, piel tópica, picazón, inflamaciones, bocas secas con gusto metálico y a veneno, entre otras afectaciones. Y en algunos casos, todo está respaldado por historias clínicas con estudios adjuntos que certifican la presencia de agrotóxicos en los cuerpos y estudios que dan cuenta de daño celular o genético.

En esta primera audiencia de marzo, la médica especializada en toxicología, Verónica Torres, repasó el cuadro clínico del entonces niño, Ciro, hijo de Sabrina Ortiz, a quién atendió en el Hospital Austral. La profesional de la salud relató que recibió a un paciente que ya traía complicaciones graves desde hacía por lo menos un año. El cuadro del niño, que ya había pasado por otros especialistas y que fue sometido a diversos estudios, vivir frente a un campo aplicado con agrotóxicos se podía relacionar, según Torres, con un estado de una exposición química ambiental.

Por ese motivo, ordenó realizar estudios de agrotóxicos en fluidos. Los resultados confirmaron que el niño tenía valores muy altos de glifosato y su metabolito (AMPA).

Consultada si eso significaba un riesgo para la salud del niño, la médica especialista fue tajante. “Sí. Son químicos que no deben estar en el cuerpo de un niño en desarrollo”. Y afirmó que “a mayor exposición, mayor riesgo”. Por eso indicó, basada en el principio precautorio, que el niño y la familia se alejarán de modo urgente de la fuente de exposición.

El abogado del acusado Cortese, en una línea que ensaya la defensa y se transparenta en algunas de las preguntas que realizan, consultó a la médica sobre la “menor peligrosidad” de los agrotóxicos clasificados como banda verde. La médica desarmó esa supuesta inocuidad con facilidad: las "bandas" se asignan por toxicidad aguda. No señalan la exposición crónica y en el tiempo que es lo que sucedía en el caso específico. “Pequeñas dosis por largos periodos son un riesgo para la salud”, declaró Torres.

El rol de los profesionales de la salud resulta clave, tanto por acción como por omisión. Varias de las vecinas que prestaron sus testimonios coincidieron en relatar como todos los cuadros de salud en la sala municipal del barrio Villa Alicia, eran desestimados sistemáticamente.

¿Controles?

El vecino Carlos Steigewald resumió como respondían, en muchos casos, autoridades municipales cuando denunciaban: “El delegado municipal me dijo que me dejara de romper las pelotas”. En su testimonio bajo juramento, relató que para denunciar fumigaciones fue en persona al área municipal de Asuntos Rurales, a verlo a Guillermo Naranjo, y que llamaban al 147 pero nadie aparecía. “Siempre llegaban tarde, o días tarde, o hacían una multa que después desaparecía y la de Poncio Pilatos, todos se lavaban las manos”, afirmó.

“Hasta pusieron policía bonaerense de modo permanente allí, una consigna, pero parecía más que por nosotros que por las pulverizaciones. Porque siempre íbamos desde atrás. Nunca agarraban al mosquito pulverizando en el lugar”, recordó. Por eso es que llamaban a policía federal. “Es bastante la impotencia que uno tiene por tantos años de esto”, lamentó. El testigo señaló a Grattone como el ingeniero agrónomo a cargo de las aplicaciones en ese campo, cuyo dueño era Acerbo, ya fallecido (en un accidente vial).

“Seremos unas 80 personas, en el casco del pueblo”, y enumeró los casos de cáncer del lugar. De memoria, enunció los nombres y apellidos. Relató también lo que le pasaba a él después de que fumigaban. De profesión docente, ya jubilado, Steigwald dijo que sabía que —quiénes no le prestaban atención por sus denuncias de fumigaciones frente a la escuela— lo llamaban “chaqueño de mierda”. Y agregó: “Siempre pensé que enseñar a los alumnos no era sólo con la palabra sino pregonando con el ejemplo, de ponerle el cuerpo a la denuncia”.

Policías y policías

En audiencias anteriores los oficiales de la policía llamados a declarar —el oficial Mauro Garay y el ahora comisario retirado Isaac Guari—, coincidieron en sus testimonios en “no recordar” detalles, ni hechos concretos, por el tiempo transcurrido. El suboficial Diego Ganem y el oficial Gustavo Costilla tampoco aportaron datos escudados en el mismo argumento. El suboficial Juan Carlos González relató el secuestro de un “mosquito” (máquina de pulverización terrestre), que fue llevado al INTA para pericias. También fue consultado por las ocasiones en la que concurrió a pedido de los vecinos que relataban los “mosquitos” seguían fumigando de noche.

Los integrantes de la policía federal —Diego Mondedoro, Maximiliano Melo y Federico Galarza Puig— aportaron detalles e información puntualizada sobre los delitos sometidos a proceso. Mondedoro refirió que los vecinos denunciaban que el agua se volvía intomable y que llamaban a fuerzas federales porque los vecinos se quejaban de no recibir asistencia ni municipal, ni de policía bonaerense. Además, aseguró que él en persona sintió afectaciones de lo que se respiraba en los barrios pegado a los campos fumigados. “Te picaba la garganta y sentías irritación”, reconoció.

El oficial Melo también relató sufrir en su propio cuerpo, en alguna de las visitas a la zona, lo mismo que padecían los vecinos a los campos fumigados por Cortese: “Había olor, se sentía un olor artificial y te agarraba picazón en el cuerpo”. Declaró que entre sus tareas tuvo la de fiscalizar la entrega de agua segura a los habitantes del barrio contaminado y la constatación de lesiones en niños y mujeres. Y señaló a José Luis Grattone como el ingeniero agrónomo responsable firmante de una fumigación en zona en junio de 2019.

Galarza Puig señaló que a raíz de haber leído una nota periodística (que relataba denuncias de enfermedades que hacían personas fumigadas de los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia), decidió actuar de oficio e iniciar investigaciones, dar conocimiento al Poder Judicial (Juzgado de San Nicolás) y luego realizar actuaciones que incluyeron tomas de muestras, allanamientos y secuestro de maquinaria y bidones de agrotóxicos.

Durante su declaración testimonial referenció haber realizado una gran cantidad de entrevistas que arrojaron similares relatos, vecinos que presentaban problemas de salud y que pudo constatar que las escuelas también eran fumigadas. “Afectaba más a los chicos que a los grandes ya que esos estaban menos en las casas”, explicó. También señaló haber recibido denuncias de actitudes violentas de Fernando Cortese hacía con los vecinos. Recordó puntualmente una denuncia de amenazas a Sabrina Ortiz y a su familia. Hecho que ameritó pusieran protección policial. Galarza Puig detalló una denuncia de amenazas por parte de Roces a quienes denunciaban las fumigaciones y actuaciones en campos de los hermanos Sabatini y en campos pegados a una escuela rural en Peña. Y confirmó las denuncias de los vecinos que señalan años de impunidad y encubrimiento: “Los vecinos nos llamaban a nosotros porque decían que no le daban respuesta en otros lugares”.

Funcionarios y funciones

Los funcionarios municipales acusados, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, brindaron testimonios que apuntaban a señalar su trabajo se hacía con la diligencia debida y que siempre esas actuaciones dependían en última instancia de su jefe (ya fallecido). Apuntando más arriba en señalar responsabilidades, o separándose de tareas de inspección de lo que nombraron como infracciones y no como delitos. Ambos en su propia defensa refirieron estar injustamente acusados.

“Nunca fui director de Ambiente Rural (...) Nunca fui inspector de esa ordenanza (en referencia a la 8126/14 ordenanza municipal de regulación de fitosanitarios)”, aseguró Tocalini bajo juramento, frente al Tribunal el 25 de febrero. En la misma exposición, minutos después, describió cómo realizaba inspecciones en campo (por denuncias de aplicaciones con agrotóxicos en predios de los productores imputados y según esa ordenanza), tal como consta en actas oficiales que mostró al tribunal, para también en el mismo testimonio asegurar que “hacía trabajo administrativo”.

Por su parte, Naranjo ratificó todo lo declarado por Tocalini: “Todo el trabajo se basaba en directivas. No actuábamos en forma autónoma”.

A respuesta de una pregunta de su abogado defensor, sobre la denuncia de Sabrina Ortiz de que le daban respuesta a su denuncia, él acusado refirió que llegó tarde a inspeccionar (porque estaba trabajando en otro pueblo del municipio) pero de todos modos negó que existiera una máquina pulverizando en el campo de Roces al que llegó demorado.

En la primera audiencia de marzo declararon como testigos dos ingenieras agrónomas que también ocuparon roles de inspección municipal. Ana Florencia Guercio y Victoria Cuba relataron cómo se realizaban las actuaciones en campo, protocolo que señalaron era pre-existente a su llegada. Ambas habían prestado declaración en el juzgado de San Nicolás en la etapa de instrucciones y fueron requeridas por la querella y el fiscal para comparecer en el juicio en curso.

Guercio además brindó detalles de actuaciones realizadas en Ayerza, en el campo de los hermanos Sabatini, que pulverizaron infringiendo una cautelar judicial. Cuba relató violaciones a la cautelar en la zona del aeroclub de Pergamino. Es decir, en Pergamino, con ordenanza primero y luego con una cautelar en zonas específicas, las pulverizaciones no se detenían en zonas de exclusión o protección.

Los acusados

La causa (caratulada "Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento") iniciada en 2018 es originaria del juzgado Federal de San Nicolás a cargo del Juez Villafuerte Ruzo. Llega hasta esta instancia unificando varios expedientes a requerimiento de la fiscalía, sobre hechos y denuncias sucedidos entre 2011 y 2020. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

Los acusados son siete productores agropecuarios: Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada, el ingeniero agrónomo José Luis Grattone y dos funcionarios municipales, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini.

Las acusaciones incluyen denuncias por la aplicación de agrotóxicos peligrosos para la salud y el ambiente en zonas periurbanas cercanas a viviendas y escuelas.

A Cortese, Reinero Roces, Tiribó, Grattone, Taboada, Daniel y Hugo Sabatini la Fiscalía les endilgó ser coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos, que prevé una pena de tres a diez años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos, envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Además de contaminación, a Cortese se lo acusa de amenazas coactivas contra un familiar de Sabrina Ortiz en 2020.

Las conductas imputadas a Naranjo y a Tocalini fueron calificadas en los términos del artículo 248 del Código Penal, es decir, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, permitiendo que desde 2015 se realicen fumigaciones con agroquímicos sin los debidos controles en los campos, contribuyendo a contaminar el ambiente.

El juicio que debía empezar en diciembre de 2025, fue pospuesto a febrero de este año, tras el intento dilatorio de uno de los acusados y su defensa. En febrero, las defensas intentaron atrasar el inicio, con el cuestionamiento a la competencia federal. Ese planteo fracasó también, ya que esa misma objeción había sido rechazada con anterioridad. Finamente el 5 de febrero, con los alegatos de apertura, se dieron inicio formal a las audiencias.

Desde el MPF indicaron que los alegatos de cierre se realizarían en abril y a fin de ese mismo mes podría conocerse la sentencia. El tribunal que tiene a su cargo esa tarea está integrado por los jueces, Elena Dilario, Román Lanzón, y Eduardo Rodrigues Da Cruz.

Las próximas están programadas para 13, 25, 26 y 27 de marzo. Todas las audiencias son transmitidas en vivo y quedan grabadas en el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

*Las denunciantes piden la colaboración de toda la comunidad para afrontar los gastos económicos que implica todo el proceso que está previsto termine en el mes de marzo. Alias: causa.pergamino (cuenta a nombre de Sabrina del Valle Ortiz).

**Edición: Darío Aranda.