OPINIÓN

Por Sanar* y Fundeps*

En la cámara de Diputados se está debatiendo el proyecto de “Promoción de la Alimentación Saludable”, que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa contempla un sistema de etiquetado frontal para advertir a las y los consumidores sobre el exceso de nutrientes críticos —sodio, azúcares, grasas saturadas— en diseños comestibles y bebibles, a fin de garantizar el derecho a la información, a la alimentación adecuada y en resultado, también garantizar el derecho a la salud.

Ahora bien, ¿por qué es importante que sea debatida en estos momentos? En la Argentina estamos cursando lo que se denomina una sindemia, que es la coexistencia de dos epidemias. Por un lado, el virus Sars Cov-2 y, por el otro, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT): diabetes,obesidad,cáncer,hipertensión,enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte, muerte prematura y de pérdida de calidad de vida en nuestro país.

La mafia dulce contra la ley de Etiquetado Frontal 

Son pocos los diseños industriales comestibles o bebibles que informan en sus etiquetas la cantidad de azúcares que contienen, pues, en la Argentina no es obligatoria su declaración. Quien los declara es aquel que en sus diseños proporciona únicamente eso. Tal es el caso de las bebidas azucaradas —gaseosas, jugos líquidos o en polvo, aguas saborizadas, bebidas estimulantes—; no como un acto de responsabilidad de las empresas buscando informar al consumidor sino como una obviedad de su composición. 

Así y todo la normativa vigente les permite declarar en su lista de ingredientes, opciones de azúcares, por ejemplo, anunciar “azúcar  JMAF”, lo que deja al consumidor sin saber específicamente qué tipo de endulzante está comprando. 

Un estudio del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), publicado en 2020, le atribuye 514.000 casos de sobrepeso y obesidad anuales, entre hombres y mujeres mayores de 18 años, al consumo de bebidas azucaradas. A su vez, el mismo estudio afirma que el 23 por ciento de los casos de diabetes están directamente relacionados con el consumo de este tipo de bebidas. 

Las cifras son lapidarias: del total de muertes anuales por ECNT, estos diseños bebibles azucarados son responsables de al menos 4400 muertes. Y se estima que son 110.000 años de vida perdidos entre muertes prematuras y comorbilidades, también a causa de su consumo. ¿Qué pasa en las infancias? Las bebidas azucaradas son responsables del 27 por ciento de los casos de obesidad en niños, niñas y adolescentes. Llevado a números, son unos 548 mil niños y niñas, junto a otros 226 mil en los que las bebidas azucaradas fueron causa de su sobrepeso. 

La Ley de “Promoción de la Alimentación Saludable” prevé en sus sellos la advertencia sobre exceso de azúcares (en todas sus formas), como también una leyenda precautoria sobre la presencia de edulcorantes y cafeína para desaconsejar su consumo en niños y niñas. A su vez exige que todo producto o diseño comestible o bebible declare la cantidad de azúcares en la tabla de composición nutricional.

Todas estas regulaciones han enojado a las empresas de bebidas azucaradas, porque estarían obligadas a contarnos todo aquello que hoy se nos oculta o que se solapa detrás de espléndidas publicidades que ofrecen momentos de felicidad, comensalidad y familia, cuando en realidad, proporcionan azúcares en concentraciones que enferman cuerpos desde la niñez. 

La industria de bebidas azucaradas, junto a la de yogures azucarados, son las que más lobby hacen en contra de la ley, enviando académicos y formadores de opinión rentados que dicen hablar desde la ciencia, pero que no declaran sus conflictos de interés ni mencionan las empresas que los financian. Así es, hay gente que dice trabajar para la salud, pero que en realidad trabaja para los intereses de sus empleadores o patrocinadores.

Interferencias de la industria en el desarrollo y aplicación de políticas públicas de salud.

El lobby industrial a nivel regional busca modificar la ley para degradarla o simplemente para dilatar su tratamiento. Un atentado constante hacia los intentos de los Estados de garantizar los derechos de las personas. Dado el poder y el alcance que tienen sus mensajes, han generado grandes estrategias para colocar en la mesa de decisiones a representantes de sus intereses.

Existen diversos mecanismos documentados. El estudio “Un enfoque propuesto para identificar y monitorear la actividad política corporativa de la industria alimentaria”,  publicado en 2015 por la ingeniera en alimentación y doctora en nutrición Melissa Mialon, muestra cómo la industria alimentaria, a través de diferentes estrategias, intenta interferir en el desarrollo y aplicación de políticas públicas de salud. Muchas de estas, hoy están siendo utilizadas por la industria de ultraprocesados para frenar o dilatar el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Ley de promoción de la Alimentación Saludable. 

Ejemplos claros que pudimos ver durante nuestra participación en las audiencias de debate sobre el proyecto de ley en ambas cámaras del Congreso fueron: 

• Cooptación de profesionales de la salud y fragmentación de las organizaciones académicas: Esta estrategia se pudo detectar al ver la participación de profesionales con posicionamientos en contra de la ley, en los debates de reuniones informativas organizados durante el tratamiento en el Senado (previo a la media sanción) y en Diputados. Estos profesionales son presentados “desde la academia o desde la ciencia”, cuando en verdad, dichos posicionamientos enmascaran el financiamiento de diferentes marcas de ultraprocesados. De igual manera la participación en notas de opinión en medios masivos de comunicación, sin la declaración pertinente de conflictos de interés.  

• Destacar la importancia económica de la industria y promoción de la desregulación: Se repiten los discursos, sin mirar experiencias internacionales, que hacen hincapié en el riesgo de pérdida de puestos de trabajo. Siembran miedo con hipótesis sobre pérdida de  dinero generado para la economía del país. Amenazan con retirar inversiones si se introducen nuevas políticas de salud pública. Similares a los intentos de presión sobre el Poder Ejecutivo de la empresa de bebidas azucaradas más conocida del país durante el tratamiento en Senadores, incluso ignorando la independencia de los poderes. En ese juego de presiones al Ejecutivo, otro mecanismo muy utilizado es el de las contribuciones “desinteresadas” por la pandemia de Covid-19. Bajo la “responsabilidad civil y empresaria” se enmascaran cartas bajo la manga para generar presión en los momentos que la industria lo desee. 

• El fomento de las relaciones entre organismos estatales y privados: un ejemplo de esta estrategia de la industria alimentaria ocurrió durante la cuarentena, cuando en el Senado se debatía el proyecto de etiquetado frontal, y fue motorizado por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) que convocó a empresas como Mc Donald, Arcor, Coca-Cola, entre otras, a compartir sus políticas de “sustentabilidad” en el marco del Día de la Alimentación. La INAL es un instituto dependiente del Ministerio de Salud, donde existen llamativos posicionamientos a favor de la industria alimentaria por sobre la salud. Sobre todo cuando se pronuncian acerca de la “importancia” o “necesidad” de armonizar el proyecto en debate con la legislación del Mercosur, un argumento de la industria, que distintas organizaciones de la sociedad civil ya se han encargado de desmentir. 

En este sentido, cabe destacar que si el tratamiento de la norma de etiquetado frontal se quitara del ámbito del Poder Legislativo para llevarlo por las otras dos vías posibles: Comisión Nacional de Alimentos (Conal) o Mercosur, la ley y sus alcances regulatorios será desmembrada, ya que sólo tratarán el etiquetado, con una posición industria-friendly. ¿Qué significa esto? El perfil de nutrientes será por cada 100 gramos, como se propone en el Mercosur, y no en relación a calorías como es sugerido por Organización Panamericana de la Salud (OPS), el etiquetado frontal será limitado sólo en relación al sello de advertencia y la palabra “exceso” sería reemplazada por “alto en”. 

Estas posibles modificaciones ignoran por completo la evidencia científica generada desde el mismo Ministerio de Salud y deja sin posibilidad de regulación puntos claves de la ley como entornos escolares, sellos de aval, entrega de premios, juguetes o regalos que fomentan el consumo. Son todos guiños a la industria alimentaria, que permitirán a muchos productos esconder excesos de nutrientes críticos y no ser alcanzados por el etiquetado. 

Es claro que si queremos una ley que garantice derechos a la comunidad, y en especial de aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, tal como lo son los niños, niñas y adolescentes, debe surgir del órgano donde mayor representatividad ciudadana hay: el Congreso Nacional. Por esto, es imperativo que los procesos de elaboración de políticas públicas estén libres de la interferencia de la industria y que, por sobre todo, recepten el mayor estándar de salud, basado en la mejor evidencia científica disponible al momento libre de conflictos de interés.

Cambios en el Ejecutivo: ¿otro guiño al sector azucarero? 

En el mes de febrero hubo cambios en el Ministerio de Salud, tras el pedido de renuncia al ex ministro Ginés González García, quien fue reemplazado por la hasta entonces secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. El cargo que dejó vacante Vizzotti fue ocupado por Sandra Tirado, una médica tucumana, mano derecha del diputado tucumano y presidente de la Comisión de Salud en la Cámara baja, Pablo Yedlin. Desde la Comisión de Salud, el hombre de la región azucarera se opone abiertamente a varios puntos de la ley en tratamiento por considerar que “demoniza alimentos”, otro argumento de la industria desmentido por innumerables expertos nacionales e internacionales. 

En este contexto, la aprobación de la ley y la puesta en marcha de la política de etiquetado frontal de alimentos sería un puntapié para la mejora de los entornos. Tal como se mencionó, la norma no se limita al etiquetado frontal, sino que busca calar mucho más profundo, garantizando la mejora de los entornos de alimentación y de, al menos, tres derechos: información, alimentación y salud.  

Para ello se  disponen una serie de medidas que buscan regular todos aquellos aspectos que la evidencia científica, libre de conflictos de interés, afirma que contribuyen al desarrollo de las ECNT, incluso desde edades muy tempranas. Cabe destacar que las regulaciones sólo limitarían a aquellos productos alcanzados por el etiquetado, es decir sólo aquellos que tuviesen al menos un sello de advertencia:

• Regulación de publicidad infantil.
• Regulación sobre presencia o utilización de personajes animados, licencias o personalidades famosas, como así también de premios, sorteos, stickers, y demás promesas.
• Regulación sobre los entornos escolares.
• Regulación sobre todo tipo de claims o mensajes nutricionales complementarios y sellos de aval que buscan dar distinción.

Es la oportunidad para que el Estado garantice tres derechos fundamentales que se vienen vulnerando hace al menos cinco décadas por parte de la industria alimentaria: el derecho a la información clara, veraz y de fácil comprensión sobre lo que tienen los comestibles y si su consumo guarda un riesgo para la salud. El derecho a la alimentación adecuada, permitiendo que los y las consumidoras puedan tomar decisiones informadas. El derecho a la salud que termina siendo resultado de la mejora de los entornos con un estado presente que da batalla a las ECNT. Es la oportunidad de que alimentarnos saludablemente no sea un privilegio de algunos pocos. 

*SANAR, Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales

*FUNDEPS, Fundación para el Desarollo de Políticas Sustentables