Por Eduardo Duschatzky
Principal ingenio azucarero y uno de los más influyentes grupos agroindustriales de la Argentina, Ledesma suele ocultar, con ayuda de otros poderes, a qué costo humano logró y consolida esa acumulación que incluye diez plantas industriales y 150 mil hectáreas de las mejores tierras de Jujuy, entre otros activos.
Así, en noviembre último, un comunicado de la empresa celebró la culminación con “gran éxito” de su zafra 2020, un 5 por ciento superior a la de 2019, como si esa campaña no hubiese implicado también –como condición necesaria, a raíz de la política patronal- 492 infectados y 18 trabajadores muertos por coronavirus.
Denuncias por incumplir protocolos
En el apogeo de la zafra y del impacto de la pandemia en Jujuy, el 27 de julio del año pasado el Sindicato de trabajadores del Ledesma (Soeail) denunció a la empresa por “incumplir protocolos y propagar casos de coronavirus”, a la vez que enfrentaba esa situación con medidas de fuerza.
La denuncia judicial fue desestimada por el fiscal federal de Jujuy Federico Zurueta pero hacia fin de año el fiscal federal de Salta Francisco Santiago Snopek ordenó continuar con la investigación.
“En esa denuncia que hicimos contra la empresa, el fiscal Zurueta debía haberse excusado porque el estudio de abogados al que está vinculado trabaja para el Grupo Ledesma”, dijo hoy a Agencia Tierra Viva el secretario general del Soeail, Rafael Vargas, a la espera de que concluya la feria judicial de enero y vuelva a moverse el expediente.
Zurueta “resolvió desestimar nuestra denuncia sobre la base de lo que dijeron el COE provincial (Comité Operativo de Emergencia), que responde a (el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales y el COE municipal (de Libertador General San Martín, ex Pueblo Ledesma), que responde a la empresa”, afirmó el dirigente sindical.
“Nunca se investigaron las muertes y los contagios, ni si se obligó a trabajar con síntomas. Tampoco fueron consultados los trabajadores que dieron positivo ni los familiares de los compañeros fallecidos. O sea, no se investigó nada”.
El Soeail apuntó en su denuncia al Directorio del Ledesma, al gerente general Javier Goñi y al responsable médico, Diego Paredes, pero el fiscal Zurueta la desestimó en una resolución revocada luego por el fiscal Snopek, quien ordenó continuar la investigación.
«Tal como señala el impugnante (Vargas) entiendo que para descartar la existencia de delito era necesario esclarecer, de forma clara, además de la normativa vigente, cuándo se cumplió o se incumplió la misma, ya que las denuncias, actas, constataciones e informes se iniciaron o se produjeron con posterioridad a la denuncia», sostuvo Snopek.
Blaquier, Ledesma y la Justicia
Como fuera, el secretario general del Soeail tiene siempre presente que la impunidad es un dato identitario del grupo Ledesma, apuntalado por la complicidad de funcionarios judiciales y también de la política tradicional, “mientras gobierne Gerardo Morales y tengamos peronismos afines al poder económico”.
Vargas sabe bien de qué habla, entre otras razones porque también es querellante en causas por cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Ledesma en los “apagones” de 1976, durante la última dictadura, incluidos secuestros masivos.
Por esos delitos fueron a juicio Carlos Blaquier, principal accionista del Ledesma y su socio Alberto Lemos, pero en 2015 la Sala IV de la Cámara de Casación revocó los procesamientos por “falta de mérito”, al sostener que el traslado de secuestrados en vehículos del ingenio, si bien probado, no implicaba responsabilidad empresarial.
La revisión de esa sorprendente “falta de mérito” que impide avanzar en el juzgamiento aguarda desde hace más de un año en la Corte Suprema, donde el juez Carlos Rosenkrantz, su presidente, aparece como principal responsable de las demoras.
