Fabián Martínez, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC), fue asesinado el viernes 5 de abril en el paraje San Francisco, en el noreste provincial. El crimen sucedió luego de que una banda armada usurpara tierras de uso comunitario y se acusa a un hombre llamado Yonathan Padilla de ser el autor material del asesinato. Es el cuarto campesino asesinado en los últimos años, siempre en el marco de conflictos entre empresarios del agro y comunidades campesinas e indígenas por la tenencia de los territorios.
El asesinato ocurrió el viernes, aunque el conflicto tuvo un punto de inflexión el 28 de marzo con la llegada de un grupo armado al paraje San Francisco (departamento Alberdi). Los hombres, señalados como pertenecientes a «la Banda de los Padilla», comenzaron a cercar los campos. En esa zona rural, los campesinos del Mocase-VC crían a sus animales, que pastorean en predios compartidos.
Ese jueves 28 de marzo hubo una discusión entre los recién llegados y los campesinos que viven allí esde hace generaciones. Estos últimos realizaron la denuncia ante la Policía, pero no obtuvieron respuestas. El 5 de abril se terminó de alambrar el predio, pero muchos animales quedaron dentro del perímetro cercado. Los campesinos se acercaron a pedir por sus animales. Entre ellos, Martínez, que se dedicaba a la cría de aves de corral y fue a acompañar a sus vecinos. Era miembro del Mocase-VC y padre de cuatro hijos.
Mientras los campesinos hablaban con el grupo que había cercado el campo, llegó Padilla, al grito de “¿No les he dicho que se vayan a la mierda?”. A continuación empezó a golpear a los presentes. A los pocos segundos, sacó una escopeta. Martínez se interpuso y recibió dos balazos que lo mataron. La Policía detuvo a Padilla el sábado y se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la indagatoria a él y otras seis personas detenidas por el hecho.
Desde el Mocase-VC especificaron en un comunicado, en referencia a la “Banda de los Padilla”: “Son conocidos en toda la zona norte de Santiago del Estero por ejercer violencia, utilizando armas de fuego en distintos conflictos vinculados a usurpación de tierras pertenecientes a comunidades campesinas e indígenas a favor de pseudo-empresarios”. Desde el Mocase-VC señalaron que la empresa detrás del asesinato es Porta Hermanos, denunciada en la ciudad de Córdoba por la contaminación con su fábrica de bioetanol en pleno centro urbano.
Cuatro campesinos asesinados por defender la tierra
Cuatro campesinos fueron asesinados desde 2011 como consecuencia del despojo que ocasiona el avance de la frontera agropecuaria y los desalojos que se hacen en beneficio de grandes empresarios. Sandra Ely Juárez (2010), Cristian Ferreyra (2011) y Miguel Galván (2012), fueron asesinados por defender el territorio en el que habitaban y trabajaban junto a sus comunidades. En ningún caso hubo condena para los empresarios ni los funcionarios que, por acción u omisión, permitieron sus muertes.
Juárez murió de un ataque al corazón el 13 de marzo del 2010, cuando tres topadoras de la empresa agrícola Namuncurá avanzaron sobre las tierras de San Nicolás, desalojando a su comunidad. Ferreyra tenia 23 años cuando, en noviembre de 2011 recibió un disparo mortal por parte de enviados del empresario sojero Jorge Ciccioli, que pretendía adueñarse de un predio comunitario de la comunidad indígena Lule Vilela en la localidad de San Antonio. Galván, en tanto, fue apuñalado por sicarios que respondían a empresarios de la firma agropecuaria La Paz, que buscaban alambrar campos del paraje El Simbol. El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2012. Días antes, Galván había denunciado amenazas por su militancia en defensa de la tierra.
Tanto Ferreyra como Galván pertenecían al Mocase VC, movimiento que nació formalmente en agosto de 1990 a raíz de la problemática de tierras que sufrían —y aún sufren— las comunidades campesinas e indígenas que viven, cultivan y cuidan sus animales en ellas. El corrimiento del agronegocio hacia el monte chaqueño y santiagueño ha afectado con mucha fuerza las formas de vida campesina, que incluyen el uso comunitario de los campos.
Desalojos, desmontes y violencias
Según explican desde el Mocase Vía Campesina, en los últimos años, empresarios del agronegocio han recurrido al mecanismo de contratar personas con situaciones problemáticas (adicciones y antecedentes de violencia), entregarles armas y llevarlos a las tierras campesinas-indígenas que pretenden usurpar. En esas circunstancias se produce el robo o la matanza de animales, las amenazas y los enfrentamientos que terminan en asesinatos.
En septiembre pasado, familias campesinas del departamento Figueroa (en el este santiagueño) que pertenecen a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) se vieron envueltas en un tiroteo debido a este accionar de las empresas y sus intermediarios.
Las cifras evidencian la persecución de las familias que producen alimentos sosteniendo las formas tradicionales y la armonía con el monte nativo. Los campos que se usan para la cría o la recolección de frutos del monte entre varias familias se clasifican como «explotaciones agropecuarias sin límites definidos» en el Censo Nacional Agropecuario. Esto es así porque esos campos no están alambrados. Entre el censo de 2002 y el de 2018 se perdieron 5.600 explotaciones agropecuarias sin límites definidos (pasaron de 10.119 a 4.519).
Alberdi, donde el viernes asesinaron a Martínez, es uno de los departamentos más afectados por el desmonte en Santiago del Estero. En la provincia existen 7.108.203 hectáreas de monte nativo, cuyas especies autóctonas son el quebracho colorado, el quebracho blanco, el algarrobo y el vinal. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 2012 y 2018, la pérdida de bosque nativo en Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero fue de un millón de hectáreas, de las cuales un 28 por ciento corresponden a la modificación de uso de la tierra con fines agropecuarios.