Por Lucía Guadagno
Con despliegue de camiones, micros, combis, motos y decenas de uniformados, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires irrumpió este sábado en la vigilia-acampe que 28 miembros de comunidades indígenas de Jujuy —integrantes del Tercer Malón de la Paz— llevaban a cabo en la Plaza Lavalle, frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Nos quieren quitar las tierras y contaminar el agua. Vinimos por eso, a pedir justicia, nada más”, explicó María Coria, pobladora indígena y artesana jujeña.
El operativo para desalojarlos ocurrió cuando los manifestantes se estaban yendo. De hecho, ya tenían buena parte de sus bolsos armados cuando, cerca de las 6 de la mañana, llegó la Policía. Sin darles tiempo, comenzaron a destruir las carpas e intentar llevarse la mercadería que tenían. Una mujer fue golpeada y casi se llevan un hombre detenido.
El Tercer Malón de la Paz había llegado desde Jujuy a Buenos Aires el 1 de agosto. Desde ese momento y hasta este sábado, instalaron una manifestación pacífica frente a la Corte Suprema, para reclamar la nulidad de la reforma constitucional de esa provincia, aprobada en junio pasado.
La reforma viola derechos básicos de las comunidades indígenas, como el acceso a la tierra y al agua, y criminaliza la protesta social. En especial, las comunidades alertan que se trata de una reforma para habilitar la minería de litio, que afecta de manera directa y a gran escala el agua que necesitan para vivir. También, denuncian la represión sufrida por parte del gobierno de Gerardo Morales, en Jujuy, durante las manifestaciones en contra de la reforma.
Tras cuatro meses de vigilia y acciones de concientización y visibilización, el Tercer Malón de la Paz había anunciado, el viernes último, que retornarían a Jujuy. A pesar de que no tuvieron respuesta sobre su reclamo de ilegalidad de la reforma constitucional, sí lograron que a nivel nacional se conforme una Comisión de Análisis sobre Violación de los Derechos Humanos en Jujuy. El informe de esa Comisión fue presentado en los últimos días ante el Gobierno Nacional, el Congreso y la Corte Suprema. Cumplido esto, los representantes de las comunidades decidieron volver a sus casas.
En este contexto, el inexplicable operativo de la Policía de la Ciudad los dejó perplejos y con mucho enojo. “Da mucha rabia, ya nos estábamos por ir. Nos tendríamos que haber ido anoche pero se rompió el colectivo que contratamos”, contó María Coria.
Pasado el mediodía, en la Plaza Lavalle, Coria junto a sus compañeras esperaba el micro, previsto esta vez para las 15. Ella vive en Tinate, en el departamento jujeño de Cochinoca, donde cría ovejas, llamas y cabras. También trabaja como artesana en la cooperativa Punha, de la localidad de Abra Pampa. Cuando salió de Jujuy, hace más de cuatro meses, pensó que iba a ser por 15 días. Al final, terminaron siendo más de cien. Ante la falta de respuesta de las autoridades y de los jueces, el Tercer Malón de la Paz decidió permanecer hasta lograr el informe de la Comisión sobre las violaciones a los Derechos Humanos.
Represión para la foto
El flamante gobierno de Jorge Macri difundió el desalojo como un logro de su recién iniciada gestión. “El Gobierno de la Ciudad desalojó esta mañana pacíficamente la ‘ranchada’ ubicada en la Plaza Lavalle, donde decenas de personas ocupaban ilegalmente el espacio público”, comunicó en su sitio web.
Durante la mañana, una vez pasada la peor parte del operativo, los integrantes Tercer Malón de la Paz realizaron una conferencia de prensa en la que denunciaron el uso desmedido de la fuerza. “Llevaron a cabo un desalojo innecesario, solamente para la foto, para querer mostrar cuáles son las prácticas de dictadura que van a llevar adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo denunciamos públicamente y responsabilizamos al jefe de Gobierno Jorge Macri por estas actitudes antidemocráticas y de violencia institucional que padecimos”, afirmó uno de los voceros.
La conferencia de prensa puede verse completa en el medio de comunicación Sisas.
Por la tarde, finalmente pudieron subir al micro que los trasladaría a Jujuy.
Como en el Primer y Segundo Malón (1946 y 2006, respectivamente), los pueblos indígenas exigieron el cumplimiento de sus derechos y visibilizaron el reclamo en la Capital Federal.