Los gobiernos de Mendoza y Chubut, en complicidad con el Poder Judicial, criminalizan a quienes rechazan la megaminería. Procesamientos, represiones, juicios y cárcel son intentos de frenar la movilización de quienes priorizan el derecho al agua y a un ambiente sano. “Nos encarcelan por ser parte de una lucha colectiva que incomoda a quienes gobiernan para las corporaciones extractivas", denunció la Asamblea de Esquel.
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Alerta en defensa de los glaciares: Milei y gobernadores quieren entregar el agua a las multinacionales mineras
Con un proyecto de ley a medida de las empresas mineras internacionales, el Presidente y los gobernadores cordilleranos impulsan el desguace de la Ley de Glaciares. De aprobarse, cada gobierno provincial decidirá qué reservorio de agua se puede destruir para beneficiar al extractivismo. Especialistas afirman que la norma será inconstitucional y habrá judicialización. Rechazo unánime de organizaciones socioambientales, movimientos campesinos, pueblos indígenas y académicos que defienden el agua.
Miente, miente, que algo quedará: cuando el periodismo está al servicio de las petroleras
La biodiversidad de Río Negro está amenazada por el avance de proyectos hidrocarburíferos, con el oleoducto Vaca Muerta Sur como emblema. "Narrativas de desinformación en el Golfo San Matías", es el nombre de una investigación que detalla cómo los medios de comunicación lavan la imagen de las empresas, refuerzan el discurso extractivo y silencian las críticas a la explotación petrolera. Contó con el apoyo de las organizaciones Roots y CAAD.
Megaminería en Mendoza: entre el palacio y la calle, el extractivismo o el agua
Con un amplio acuerdo político-partidario, el Senado de Mendoza habilitó la megaminería de cobre de la mano del Proyecto San Jorge, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei. Al otro lado del vallado policial, miles de personas de todos los puntos de la provincia se movilizaron en defensa del agua para denunciar las inconsistencias del modelo extractivo. "Estas leyes son paquetes exclusivos a medida de las mineras."
El "desarrollo minero" de San Juan: agua con mercurio y cianuro
La Universidad Nacional de Cuyo confirmó que el Dique Cuesta del Viento, que recibe las aguas de la mina Veladero, está contaminado con mercurio, cloro y aluminio. Los habitantes del lugar apuntan al accionar de las multinacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China). El gobierno provincial y municipal defienden el accionar de las empresas. El mismo proyecto extractivo había provocado el mayor derrame de la historia minera del país, con presencia de cianuro, y no tuvo condena judicial.
Mendoza: la casta política obedece a las mineras, la calle defiende el agua y la tierra
La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a la declaración de impacto ambiental para el proyecto de cobre San Jorge y una segunda etapa del Malargüe Distrito Minero. Lo hizo con una manifestación fuera del recinto en defensa del agua y de la vigente Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas, y con un escándalo por la censura de un documento del Conicet provincial que desautorizaba los estudios presentados por las mineras.
Ley de Glaciares: la importancia del hielo para el derecho al agua
El presidente Javier Milei avanza contra la Ley de Glaciares con un proyecto para habilitar la megaminería en ambiente "periglaciar". Marta Maffei, ex diputada nacional e impulsora de la norma, alerta sobre el lobby de las mineras que ya operan en la ilegalidad y la amenaza a los cuerpos de hielo que conservan el 70% del agua dulce. A pesar del negacionismo del Gobierno, Maffei convoca a la organización popular que sostuvo la ley en estos 15 años.
Selecciones |02, 2026
Alerta en defensa de los glaciares: Milei y gobernadores quieren entregar el agua a las multinacionales mineras
Con un proyecto de ley a medida de las empresas mineras internacionales, el Presidente y los gobernadores cordilleranos impulsan el desguace de la Ley de Glaciares. De aprobarse, cada gobierno provincial decidirá qué reservorio de agua se puede destruir para beneficiar al extractivismo. Especialistas afirman que la norma será inconstitucional y habrá judicialización. Rechazo unánime de organizaciones socioambientales, movimientos campesinos, pueblos indígenas y académicos que defienden el agua.